En la bancada sandinista se preparan reformas a la Ley de Tránsito para elevar las multas económicas por infracciones de tránsito y al Código Penal para incrementar de cuatro a diez años de cárcel la pena para los conductores que en estado de ebriedad causen la muerte de otra persona en accidentes de tránsito.
Los diputados sandinistas designados Wilfredo Navarro y Filiberto Rodríguez afirmaron a LA PRENSA que las reformas a ambas leyes serán prioridad en este primer trimestre del trabajo de la Asamblea Nacional.
Lea: Conozca los nueve requisitos para conducir en Nicaragua
Las propuestas serán discutidas y consensuadas con la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia y organismos de la sociedad civil.
Navarro es el impulsor de reformar la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito (Ley 431), para elevar el monto económico de las multas y armonizarlas con el Código Penal para incrementar el castigo con cárcel por causar accidentes en estado de ebriedad.
Navarro es de la opinión de que “se requieren leyes de mano dura” para enfrentar el problema de los accidentes de tránsito. La propuesta que hará es que las multas se aumenten en un ciento por ciento sus montos actuales.
La Ley 431, reformada en 2014, establece un rango por multas de tránsito que van desde los 100 córdobas que se aplica por circular en bicicletas o medios de transporte de tracción animal sin señales lumínicas visibles y circular sin calcomanía del rodamiento, hasta los 5,000 córdobas “por conducir en estado de embriaguez extrema: concentración superior a 2 gramos de alcohol por litro de sangre”.
Aumentar condena en el Código Penal
“Y el Código Penal debe modificarse para reformar lo relativo a los delitos culposos, para que se establezca como responsabilidad penal plena sobre quien causa la muerte de una persona por conducir en estado de ebriedad o con los efectos de drogas, para así que se incremente la sanción. Ahorita un borracho mata a una persona y solo le ponen cuatro años, cuando deben de ser, por lo menos, 10 o 12 años de cárcel”, explicó Navarro.
Por su parte, Rodríguez está de acuerdo con que las penas de cárcel sean mayores en estos casos, aunque en la discusión de las propuestas de reformas a la Ley de Tránsito y al Código Penal se analizarán “los pro y los contra” de lo que se proponga.
“Pero sí estoy de acuerdo con que las penas sean aumentadas, porque no es posible que un familiar tuyo muera por culpa de un conductor borracho y la sanción que recibe ese irresponsable es de cuatro años, eso debemos cambiarlo”, afirmó Rodríguez.
Navarro dijo que tendría listo un borrador de las propuestas de reformas en las próximas semanas, para discutirlo en la bancada sandinista y luego del consenso introducirlas en la Primera Secretaría de la Asamblea para darles trámite.
Las comisiones de Gobernación y de Justicia serían las encargadas en conjunto de discutir las reformas mencionadas para dictaminarlas y posteriormente que sea el plenario de la Asamblea el que las apruebe.
Experto analiza
El enfoque punitivo de la Ley per se ha sido cuestionado por el consultor en temas de seguridad y crimen organizado, Roberto Orozco, para quien existe un “error de enfoque” de parte de las autoridades al abordar el tema de los accidentes.
“La política pública nunca es la Ley y eso ha sido el problema, en Nicaragua creemos que todo se resuelve por la vía de la promulgación de leyes y una ley nunca puede sustituir una política pública”, aseguró Orozco esta semana a LA PRENSA.
Orozco recuerda que además de la “agresividad incontrolable” con la que se conduce en el país, estudios han revelado que hay factores secundarios, como la corrupción que incide indirectamente en la generación de accidentes.
Menciona, como ejemplo, el tráfico de licencias, es decir, la venta y emisión de licencias sin cumplir los requisitos de Ley, la “emisión fraudulenta” de inspecciones mecánicas. “En muchos talleres autorizados ni siquiera se inspeccionan los vehículos, solo basta con que el dueño pague directamente al propietario del taller y este le extiende el certificado respectivo”.
Lea: Piden reformar la Ley de Tránsito para rebajar el costo de las multas
Agrega en esta lista la “impunidad por vínculos partidarios o tráfico de influencias. En muchos casos, la Justicia no impera cuando el conductor homicida se trata de un conductor de bus de cooperativas que colaboran con el FSLN”. Y suma las “mordidas” para los agentes de Tránsito. “Hay casos en que los agentes han evitado aplicar la Ley cuando un conductor ebrio ofrece dinero y este lo acepta y le ‘perdona’ la transgresión”.
Exmagistrado: investigar y después actuar
Por su parte el doctor Sergio Cuarezma Terán, penalista y criminólogo, también consultado por este diario esta semana, sugiere hacer una investigación que revele los factores criminógenos que provocan los accidentes y en este sentido retomar las experiencia positivas que se han hecho en el país.
Solo entonces “con esta información se podrán diseñar acciones de corto, mediano y largo plazo para prevenir el fenómeno de la accidentalidad, ordenar y regular de mejor manera todo lo relacionado con la circulación vehicular”.