ENTREVISTA

Pablo Cuevas: “El Chipote no debería existir”

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH, habla de los abusos de poder, la detenciones arbitrarias y las violaciones sexuales que reinan en las cárceles de Nicaragua.

22/01/2017

Se autodenomina como una persona optimista. Quiere creer que Nicaragua cambiará un día y que las leyes serán cumplidas por las instituciones a cabalidad, pero sabe que no será en 2017. Pablo Cuevas lleva 11 años trabajando en la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua, y el panorama en ese rubro para este año, dice, es “sombrío”.

Antes de recibirnos a la hora acordada, Cuevas atiende como puede a cinco o seis personas que se cuelan por la puerta de su despacho con la esperanza de encontrar ayuda.

“Este trabajo es todo menos aburrido. Aquí vemos casi todos los campos del Derecho”, dice Cuevas para describir su labor. “El trabajo también demanda creatividad. Si fuera un Estado de Derecho no, porque tenés la Ley, el Código Penal, pero te salen con un montón de mentiras. La Policía te habla como si fueras un ignorante. Tenés que ser persistente, humilde”.

En esta entrevista el abogado defensor público toca un tema recurrente en su día a día: las cárceles. Y por “cárceles” hay que entender abusos de poder, detenciones arbitrarias, condiciones infrahumanas y violaciones sexuales.

¿Cómo está la situación de las cárceles en Nicaragua?
Deprimente. Dice la Constitución Política que nuestro sistema penal tiene como objetivo propiciar el cambio de conducta mediante un método científico progresivo. Dice que es dignificante. Y una celda donde hay hacinamiento y desaseo no puede propiciar ese cambio. Y eso está pasando tanto en las celdas de Tránsito, las celdas preventivas de la Policía Nacional, como en los sistemas penitenciarios. Demasiados detenidos, muy poco espacio y muy poco contacto con las familias, que también eso manda la Ley y la Constitución. Otra situación que sucede mucho es que los sistemas penales y la Policía no están obedeciendo a los mandatos judiciales. Estamos hablando de las órdenes de libertad, las remisiones a los hospitales, al forense. No están obedeciendo de que manden las hojas evaluativas para hacer el cálculo del cumplimiento de pena. A veces los detenidos cumplen su pena y están más tiempo. Este círculo vicioso crea hacinamiento. Otras denuncias son actos de corrupción de los propios funcionarios del penal, donde propician conflictos entre los internos. Tal vez algún funcionario tiene una animadversión con un interno, entonces lo meten en una celda donde tiene enemigos.

¿Torturas?
Nosotros hemos recibido denuncias de actos de tortura. Uno de los lugares más terribles es El Chipote, donde los detenidos hablan que son celdas húmedas, muchas veces pequeñas, donde no pueden ni sentarse, una humedad terrible, aguas negras, inundadas, dormir en piedras, los alimentos, la atención médica, a veces hipertensos, diabéticos, que no son tratados.

¿Usted ha estado en las celdas de Auxilio Judicial?
Ese es el problema, que hemos estado pero hasta las oficinas administrativas. Nunca nos han dejado pasar de ahí. Nosotros hasta hace poco hacíamos visitas con Asuntos Internos a las celdas de todo el país menos Auxilio Judicial Nacional.

¿Hasta hace cuánto tenían acceso?
Hasta hace casi dos años. Prácticamente desde que fue nombrado inspector general de la Policía, Pablo Emilio Ávalos, nosotros ya no hemos podido hacer las inspecciones a la Policía.

¿Usted cree que ese fue un mandato de la Policía o del ejecutivo?
Mirá, cuando ingresó ese general Ávalos nosotros fuimos bien críticos de ese nombramiento, porque tenemos denuncias bastante terribles de los propios oficiales que estaban bajo su mando. Incluso tuvimos una denuncia de oficiales que sufrieron violencia psicológica por parte de cómo los trataba de mal. Entonces nosotros dijimos todo eso. Consideramos que no era prudente, porque un inspector de la Policía debe ser una persona de probada actuación moral, una persona con una conducta que respete derechos humanos principalmente. Fuimos críticos. El año pasado tuvimos una reunión con él para ver situaciones que nos preocupa de la Policía y él nos reclamó el hecho que nosotros hayamos emitido ese tipo de criterios. Entonces le dijimos que cuando recibimos los casos que lo denunciaban a él nosotros fuimos a su despacho en varias ocasiones y él no nos quiso recibir, así que tenemos que aceptar las versiones que nos están dando los afectados, las víctimas. Nosotros teníamos buena relación con Asuntos Internos, pero ahora la calidad investigativa de ellos ha desmejorado. Antes decíamos que solo el 10 por ciento de las denuncias que estaban en Asuntos Internos tenían resultados favorables para los ciudadanos, ahora es mucho menos. Prácticamente es nulo. Hay verdaderos abusos.

¿Cuáles son los abusos más recurrentes por parte de Asuntos Internos?
La condición más terrible que hay es que las 48 horas, preceptos constitucionales y del Código Procesal Penal parecieran enunciados románticos. De las 48 horas, que sean tratados de manera digna, que se les permita entrevistarse con su abogado, que él esté presente en todo el proceso… ¡Son cosas básicas, derechos elementales! Aquí el ciudadano detenido hasta que está en el Juzgado tiene contacto con su abogado. Y lo que dice la Ley es que desde que es detenido el abogado puede estar ahí en la entrevista. También te dice que si no quiere declarar al investigador, simplemente no lo hace, pero aquí hay golpizas. Eso es delito, abuso de autoridad. Y está contemplado en el Código.

¿Hasta hace dos años ustedes tenían acceso a todos los centros penitenciarios de Nicaragua, excepto El Chipote?
Recordemos que la Policía solo maneja las unidades policiales. Nosotros teníamos acceso a las celdas preventivas o celdas de tránsito. Prácticamente en estas unidades un detenido no puede estar más de 48 horas. Pero a veces hay departamentos donde las unidades policiales son centros penales, porque tal vez ya fueron condenados y ahí están cumpliendo su pena porque los centros penitenciarios están llenos. Hay detenidos que pasan un año o más en las unidades policiales y esa es una violación a los derechos humanos porque la norma dice que tienen derecho al sol, al trabajo, al esparcimiento, a las visitas conyugales, a tener unas horas con sus familias.

¿Cuántos y cuáles son los centros penitenciarios de Nicaragua?
Son ocho. Está el de Tipitapa en Managua; está el de Granada, que alberga a los detenidos de Granada, Masaya, Rivas y Carazo; el de Chinandega alberga Chinandega y León; el de Juigalpa alberga a los de Chontales y Boaco; el de Matagalpa alberga a los de Matagalpa y Jinotega; el de Estelí alberga a los de Estelí, Ocotal y Somoto; y están los del Atlántico Sur y Atlántico Norte. Son regionales.

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH y experto en derechos humanos. LA PRENSA / Jader Flores.

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH y experto en derechos humanos. LA PRENSA / Jader Flores.

¿Cuántos reos hay en el país?
Nosotros tenemos entendido que hay 16 mil. ¡Hasta eso! Hace algunos años el Sistema Penitenciario tenía su página. Ahí vos accedías y tenías datos, pero desde hace más o menos tres, cuatro años, esa página está desactualizada. Eso viola la Ley de información y trastoca la transparencia. No quieren que sepamos cómo está la situación penitenciaria al menos en estadísticas. Hay secretismo. Hay un ánimo de no ser transparente.

Usted no ha entrado a las celdas de El Chipote pero, ¿qué sabe de ellas? ¿Cómo son?
Nunca nos permitieron entrar a Auxilio Judicial Nacional. Hablábamos con los jefes de Asuntos Internos y nos decían que había un problema de coordinación, muchas cosas…

¿Excusas?
Sí. Y nunca nos permitieron. Nosotros tenemos información producto de familiares, producto de personas que salen de ahí. Y son terribles. En una ocasión tuvimos una denuncia de una ciudadana que tenía ocho meses de embarazo e ingresó una boa a su celda. Esa señora casi pare ahí. Nos dice que se le arrodilló al señor de la celda, al oficial, hasta que la sacó de ahí y la trasladó a otra celda. Hay ratas, de todo.

¿Son celdas con barrotes, cama y ventana, o son más como calabozos?
Por las mismas descripciones de personas con las que trabajamos, nos dicen que hay niveles ahí. Hay niveles que van hacia abajo, subterráneos. Por ejemplo hay unas celdas que están de viaje en la superficie y son bastante aceptables, pero a medida que van bajando esos niveles las condiciones son más terribles. Y se supone que las utilizan para ablandar al detenido y cuando salga diga lo que quieren oír sus captores.

¿El Chipote es para investigaciones?
Así es. Eso nosotros siempre lo hemos dicho: El Chipote no debería existir. Es una vergüenza. Ese lugar fue creado para infligir torturas, para violar derechos humanos, derechos básicos. Y sigue existiendo porque quienes manejan esas estructuras se sienten cómodos porque quien llega ahí ¿qué no va a decir? Cualquier cosa va a decir con tal de salir de ahí.

¿Cuál es el caso más cruel que han tratado de El Chipote?
Personas que nos denuncian que fueron víctimas de choques eléctricos. Yo tengo una denuncia ahorita, de hace algunos meses. Detenidos que hablan de choques eléctricos en sus genitales, en las caderas. Otros hablan de una silla eléctrica, de torturas horribles.

En 2015 se supo de más casos en El Chipote que en 2016, incluso hubo un rivense ahorcado, Francisco Ponce. ¿Ha disminuido la cantidad de detenidos que van ahí?
No. Te voy a decir lo que yo observo. Por ejemplo, los ciudadanos que acaban de venir (antes de la entrevista hubo un vaivén de personas que entraron y salieron de la oficina de Cuevas), traían denuncias de El Chipote. Lo que yo he observado es que hay más miedo. Por ejemplo hay gente a la que le dicen de forma explícita: “Cuidado van a los Derechos Humanos, cuidado van a los medios, porque recuerden que sabemos dónde viven, conocemos a su familia y tenemos el poder”. Yo lo que he percibido es eso: que hay más miedo en la gente. La gente siente que ya nadie puede hacer nada por ellos. Y en cierta manera es cierto, porque nuestro espacio de acción cada vez se cierra más. Cada vez podemos hacer menos por la gente. Cada vez la autocensura de los pocos medios que quedan es más acentuada. Ahorita estoy llevando un caso de un muchacho que le trabajaba a un chino taiwanés y el chino los explota. De ahí lo corrió, se fue al Ministerio del Trabajo y dijo: “Esto me debe”. Y dice el denunciante, el joven, que le dijo el chino: “Mejor callate, mejor no hagás nada, que soy amigo del comisionado general Francisco Díaz y yo tengo poder”. Y se lo demostró. Lo han allanado cantidad de veces. Anteayer le allanaron tres veces su casa por defender sus derechos laborales. Hizo la denuncia en un medio de televisión local y no la publicaron. El muchacho anda aterrorizado. Vamos a Asuntos Internos; no hacen nada.

¿A los que luchan por los derechos humanos también los amenazan?
Nuestras familias están con bastante temor. Mi familia tiene mucho miedo de mi trabajo y los demás compañeros. A nuestro director (Marcos Carmona) lo han amenazado en las redes sociales.

¿A usted lo han amenazado?
No, la verdad nunca. Pero sí el director y el staff de primera línea ya ha sido amenazado. A don Marcos le han abierto procesos incluso. Procesos absurdos, sin el más mínimo asidero de legalidad.

Volviendo al caso de Francisco Ponce, que apareció ahorcado en El Chipote, ¿qué ocurrió ahí, para ustedes?
La Policía dio una breve explicación de que el señor se suicidó con una manga larga de camisa, teniendo el conocimiento nosotros que los detenidos ahí pasan en calzoncillos. Lo más que les dejan pasar es un short. Aquí nosotros tuvimos a los familiares, a la viuda, a la hermana de Ponce, y nosotros enviamos una correspondencia a la primera comisionada (Aminta Granera) y que se abriera una investigación a profundidad que dejara satisfecha a la familia. No obtuvimos respuesta y el caso es sumamente sospechoso.

Su detención también fue extraña, ¿no?
En el proceso de detención de él se violaron derechos humanos. No había flagrancia, no hubo orden de captura, no se podía dar convalidación porque es donde un juez certifica o legaliza cuando llega el expediente a su despacho. Como eso no sucedió, nunca se legalizó. Sus captores cometieron un delito: detención ilegal y abuso de autoridad en funciones. Por lo menos hay dos delitos. Quienes lo tuvieron cautivo deberían haber sido destituidos, procesados, deberían estar presos. Si estuviéramos en un Estado de Derecho, que es un sueño… Pero eso no sucedió. La familia sospecha de un homicidio. No tenía él una situación depresiva ni nada por el estilo. Esa detención fue por un oficial del Ejército que supuestamente andaba infiltrado, haciendo investigaciones en asuntos de narcoactividad, entonces a Ponce lo meten preso junto a otros. Nosotros hicimos una investigación al respecto y encontramos que era un hombre trabajador, la comunidad da buenas recomendaciones de él, vivía con su esposa, su niño, de lo que él ganaba. No tenía sentido que anduviera metido en cosas de esas.

¿Detenciones como esa siguen ocurriendo?
Unas personas que vos viste salir me dicen que a su marido lo detuvieron en El Chipote. Estaba en la acera de su casa, cuatro hombres de civil encapuchados en una camioneta azul, sin placas, lo tomaron, lo tiraron a la tina y se lo llevaron. Entonces la familia asumió que era un secuestro. ¿Cómo se dan cuenta que él está detenido en El Chipote? Porque a Dios gracias, había un policía que lo conocía de su barrio. Entonces a él le pidieron el favor. Ese es un modus operandi de la Policía. Lo tuvieron cuatro días, no encontraron nada y lo dejaron ir.

¿Por qué la Policía hace este tipo de secuestros?
Eso es lo que no tiene una explicación a menos que vos revisés el actuar de las personas que están llenas de borrachera de poder. “Yo lo hago porque lo puedo hacer, ¿y qué?” Vamos a Asuntos Internos, que en efecto fueron, y les dijeron: “Mirá, ya hice averiguaciones y es cierto, ahí nos disculpás, es que andaban investigando un acto relevante, entonces por eso se hizo eso, pero ahí te lo van a dar, esperate, ahí te vamos a llamar”, y lo tuvieron cuatro días. La Ley habla de 48 horas. Y no siguieron los procedimientos. Entonces ellos lo hacen porque lo pueden hacer, ¿y qué? ¿Cuántos oficiales son destituidos por esa situación? Ninguno.

También quiero hablar de las cárceles, los sistemas penitenciarios como la Modelo, en Tipitapa. ¿Cuántos reos estiman que hay ahí?
Seis mil y tiene una infraestructura para 1,800. Han hecho algunas galerías, le llaman ellos, pero hicieron una galería que le llaman “La 300” que es una barbaridad. Es una galería de máxima seguridad que son pedacitos de espacio de dos metros por dos o dos por tres. Son herméticos. Tienen una puerta de metal con una pequeña abertura. Meten de dos a cuatro reos y hay una cama de cemento. En la noche hace mucho frío y en el día mucho calor. Ahí el que no es hipertenso, se vuelve hipertenso. El que no es diabético, se vuelve diabético. Son claustros. Y ahora no permiten contacto directo con su familia sino a través de un vidrio y por teléfono. En otros países se hace esto, pero aquí la Constitución lo prohíbe.

¿Y usted ha podido entrar a la Modelo?
No, nos describen, nos describen lo que vivieron.

En Facebook hay página de la Modelo donde comparten intimidades de los reos, cómo viven y eso.
Sí, pero eso es de las celdas que no son de máxima seguridad porque en las de máxima seguridad es imposible porque ahí te desnudan y te revisan hasta las partes más ocultas. Por ejemplo los desnudan y los ponen a hacer sentadillas, porque eso significa que pueden expulsar así cualquier objeto que lleven en las partes más ocultas.

¿Celulares escondidos en el ano?
Sí, es un hecho. Los internos tienen celulares no solo porque los consiguen entre ellos, ese es un negocio de los funcionarios. En las requisas ocupan teléfonos y hay una venta ahí. Nosotros tenemos denuncias donde los funcionarios les han vendido celulares por 800, por dos mil. Ese es un negocio.

¿También ha atendido violaciones sexuales?
Sí, sí hemos atendido. En gran número. Pero no siempre son denunciados, por dos situaciones: vergüenza y miedo. Vergüenza porque es estigmatizado y miedo porque los custodios no le garantizan a la víctima que su agresor va a ser llevado ante la justicia y no le garantizan de que su agresor no lo va a volver a agredir. Incluso sucede dentro de las celdas preventivas de la Policía. Pero como te digo, no propiamente denuncian porque quieren que nosotros hagamos algo, sino que para desahogarse. Nos dicen que no hagamos nada porque tienen miedo. Pero sucede mucho. Ahí te da la pauta de cómo están las cosas. El Sistema Penitenciario es otro mundo. Es otra forma de hacer las cosas. Todo es negociable, todo es moneda. El cigarro es una moneda, la droga es una moneda, a veces las relaciones sexuales son moneda. Es una manera de comprar tal vez protección o algo.

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH y experto en derechos humanos. LA PRENSA / Jader Flores.

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH y experto en derechos humanos. LA PRENSA / Jader Flores.

 

Plano personal

Pablo Emilio Cuevas Mendoza comparte fecha de cumpleaños con Daniel Ortega, el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Nació el 11 de noviembre de 1969 en León, pero a los nueve años se mudó a vivir a Managua. “Ortega tiene la honra de compartir fecha de cumpleaños conmigo”, apunta con humor.
Es cristiano evangélico, está casado con María Auxiliadora Chinchilla, con quien tiene dos hijos, y cuenta que sus ratos libres son para ellos.
Es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad Politécnica de Nicaragua y hace 11 años que trabaja en pro de los derechos humanos.

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Comentarios

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  • galopito

    Sigan haciendo su trabajo de proteccion a los derechos humanos, señor cuevas, que este pueblo sometido se los agradecera siempre

  • El Leones

    Lo que me arrecha de los nicaragüenses es que no se dan cuenta de que las condiciones carcelarias son peores que en la época del Somocismo y se tortura más que en la etapa del Somocismo. Pero como todos son del Frente o comen del Orteguismo no lo quieren reconocer. En el Chipote se tortura y la Seguridad de los Somozas luce como párvulo comparada con la Seguridad del Frente Orteguista.

  • Tackblocked Vlo

    Que diferencia hay entonces entre esta policía y la guardia de Somoza? Todo tiene que terminar algún día. .


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