Por coincidencia, escuchamos el mismo día a uno de los más grandes oradores de nuestro tiempo, en Chicago, al final de su mandato presidencial; y en Nicaragua, al peor, al comienzo de un nuevo período de gobierno inconstitucional, asumido con la mayor ilegitimidad posible, al margen de un proceso electoral creíble.
En su discurso de toma de posesión Ortega hizo un recuento desvergonzado del golpe de Estado fascista, por medio de asonadas, amenazas y pactos sinvergüenzas. La victoria electoral de 2006, que él llamó milagro revolucionario, no tuvo que ver con un avance en la conciencia de las masas, o con una expresión mayoritaria de la voluntad ciudadana. Fue el resultado de la degeneración del liberalismo, alentada por las intrigas de Ortega. La profundización de su dictadura, una vez en el poder, es la continuidad de las tácticas fascistas y de la corrupción, amplificada con el desvío de los recursos del Estado.
Se dice, a la ligera, que el régimen de Ortega ya no es inconstitucional, porque Ortega mandó a confeccionar una Constitución a su medida. De manera, que el orteguismo sería constitucional “a la manera orteguista”. Es decir, en contra de la nación. Lo cual, es un contrasentido político en la modernidad democrática, cuando la nación se forma si la voluntad ciudadana es la fuente del poder político. En pocas palabras, el orteguismo marcha en contra del devenir histórico, derrumbando en ese retroceso primitivo todo el edificio jurídico construido en el concierto civilizado. Y en ese retroceso destructivo, el orteguismo, sin programa social, no construye nada. La política, así, se reduce al clientelismo, al arte del engaño, a la superchería, la negligencia y el robo.
Si a la Constitución se le adjunta el calificativo de orteguista, de inmediato se comprende que ha dejado de ser una Constitución nacional. De hecho, asistimos a una involución cultural de la sociedad, y a la pérdida de sus conquistas democráticas, secuestradas por un poder discrecional basado en la fuerza bruta y en la corrupción, desde un Estado vestigial, atrofiado regresivamente como las muelas del juicio.
Basta observar la ley 840, para que la Constitución orteguista pierda valor como ley fundamental del Estado. Hay una contradicción básica entre el pueblo y Ortega, que va más allá de definir a Ortega como dictador. Sain-Just decía: si el rey es inocente el pueblo es culpable. Y Robespierre agregaba: Luis no puede ser juzgado; está ya condenado. Con gran intuición histórica, estos revolucionarios proclamaban que la modernidad significa la superación de la contradicción feudal, con un salto objetivo de calidad, que condena por principio al antiguo régimen a su desaparición inapelable. Luis XVI no era más que un accidente simbólico, cuya condena significaba que el antiguo régimen era barrido de la historia por la formación democrática de la nación.
A nuestro país le ha tocado el triste destino de ver gobernar nuevamente al despojo de épocas pasadas. Con el orteguismo, los muertos del medioevo se levantan y ondean sobre el oscurantismo, con sus manos descarnadas, las banderas de privilegios y de opresión. Sin embargo, a medida que retrocede, Ortega sufre un aislamiento creciente. No es posible fortalecerse mientras se retrocede históricamente.
La abstención electoral no fue una postura combativa de la población. Ni un mandato consciente. Ni una acción de oposición, como gustan creer quienes eluden el combate real, y hacen demagogia barata para evitar las luchas sociales verdaderas. La abstención electoral es solo una manifestación del creciente aislamiento de Ortega, a causa que en ese repliegue retrógrado nadie le sigue al paso.
En la gran marcha hacia atrás, Ortega se debilita, inevitablemente, a sí mismo. Llega a la dinastía, prácticamente sin seguidores. Pero, ello no significa que, en compensación, se fortalezca una alternativa política progresista. No hay compensación automática en política. El poder no se transfiere de una fracción política a otra por vasos comunicantes. De modo, que el peligro más cercano —sin una alternativa de poder— es el de una implosión anárquica.
Este peligro de la anarquía es lo que contiene cualquier iniciativa externa para aislar activamente a Ortega. La pusilanimidad de la oposición electorera trabaja, en tal sentido, a favor de Ortega, nacional e internacionalmente.
El autor es ingeniero eléctrico.
