Tal como se temía, el informe sobre la situación electoral de Nicaragua que la secretaría general de la OEA suscribió con el régimen orteguista ha sido pírrico y decepcionante.
No hay en ese documento nada que garantice que en el futuro inmediato habrá en Nicaragua elecciones justas y limpias, de conformidad con los estándares internacionales y los instrumentos jurídicos y políticos de la misma OEA. El informe se limita a recomendar algunas medidas para maquillar el sistema electoral orteguista, el cual seguirá excluyente y fraudulento hasta que los ciudadanos nicaragüenses recuperen por sus propios medios, fuerza y voluntad, el derecho de votar, elegir y ser elegidos en comicios libres, competitivos y transparentes.
La poca esperanza que se tenía en el informe de la OEA no era porque se creía que este organismo de los gobiernos interamericanos debe resolver el problema electoral de Nicaragua. Esto es algo que deben hacer los mismos nicaragüenses, como lo hicieron en 1990 cuando las condiciones políticas del país eran peores que ahora. Los nicaragüenses han demostrado que cuando pueden demostrar su voluntad en las urnas electorales, la demuestran con claridad y contundencia. Así lo hicieron en las elecciones del 25 de febrero de 1990, cuando derrotaron con el voto popular a la dictadura sandinista; y lo volvieron a demostrar el 6 de noviembre pasado con la abrumadora abstención en la farsa electoral orteguista.
Sin embargo, la lucha por la restauración de la democracia y el respeto al derecho de elecciones libres y limpias, se facilita en condiciones externas favorables a la causa de la democracia y amerita la solidaridad internacional. En este sentido lo que se quiere es que la OEA cumpla su obligación de velar por el cumplimiento de los instrumentos jurídicos de ese mismo organismo, que establecen los estándares democráticos que deben cumplir todos, absolutamente todos, los Estados Miembros.
Se puede entender que por mucha buena voluntad que tenga el secretario general de la OEA, no puede obligar a todos los gobiernos a honrar sus obligaciones jurídicas, políticas y morales con la democracia. La OEA, de la que Almagro es un funcionario ejecutivo, está integrada no solo por gobiernos democráticos solventes, como los de Costa Rica, Uruguay o Argentina, sino también por impresentables dictaduras como las de Venezuela y la misma Nicaragua. Estamos claros de que el cumplimiento del secretario general Almagro del compromiso que asumió en el artículo que publicó el 31 de diciembre pasado en el diario El País, de España, reproducido por LA PRENSA de Nicaragua, no depende solo de su propia voluntad.
No obstante, tenemos la convicción de que aunque la lucha por la democracia y las elecciones libres y limpias en Nicaragua no tenga la comprensión y el acompañamiento de la OEA, que prefiere acompañar a Daniel Ortega, de todas maneras esa lucha continuará hasta sus últimas consecuencias. Como dijo Pedro Joaquín Chamorro en una ocasión, de los Estados Unidos, que apoyaban a la dictadura somocista o se hacían los disimulados con ella, con la OEA, sin la OEA o contra la OEA, en Nicaragua volverá a haber elecciones verdaderas, libres, justas y limpias.