Los presidentes de las dos principales cámaras empresariales difieren sobre el resultado del acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Nicaragua sobre el tema político electoral del país.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, valoró de positivo el acuerdo porque da la oportunidad de que se concreten cambios en el sistema electoral, como se ha demandado.
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“Durante diez años se ha estado planteando que hay que cambiar, que hay que fortalecer la institucionalidad electoral, pues hoy tenemos esa posibilidad”, dijo Aguerri a LA PRENSA.
Aguerri celebró que saliera un informe conjunto de la OEA y el gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, e incluya el acompañamiento del organismo en las elecciones municipales de noviembre de 2017.
“Es un paso hacia la dirección que Cosep ha estado planteando en función de fortalecer el proceso electoral, la institución electoral y la participación política”, dijo Aguerri.
El presidente del Cosep insistió en que el acuerdo es importante porque “deja abierto para que la OEA se pueda sentar con cualquier actor con la clase política” a dialogar “y no únicamente con los partidos políticos que están representados en la Asamblea Nacional”.
La opinión de Sansón, de Amcham
Pero Roberto Sansón, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), expresó, a título personal, que ese informe no cumplió las expectativas, porque faltan las medidas concretas y los plazos para fortalecer la institucionalidad.
“Creo que el informe no llenó las expectativas que se tenían en el país de lo que se pensaba sería. Nos habíamos puesto en la cabeza que podían (resultar) acciones de más corto plazo y más contundentes, mientras el informe lo que detalla es un acuerdo de trabajo a mediano plazo en ir fortaleciendo la institucionalidad en el país”, dijo Sansón.
El 28 de febrero próximo la OEA y el Gobierno firmarán un Memorándum de Entendimiento que incluirá los aspectos técnicos a implementarse en el fortalecimiento democrático, en un período de tres años.
“Este es un acuerdo muy general a como está escrito. Las especificidades, que es lo que quisiéramos saber, no existen, solo está expresa la voluntad de trabajar en estas reformas en un período de tres años para que estén para el próximo período electoral, pero no habría nada concreto para estas elecciones municipales (de 2017)”, expresó Sansón.
“Me hubiera gustado ver un plan de trabajo más detallado, me hubiera gustado ver compromisos más específicos”, dijo el presidente de Amcham.
El documento no incorpora, por ejemplo, el compromiso del Gobierno para cambiar a los magistrados del CSE y de la Corte Suprema de Justicia, que fue de los planteamientos hechos por grupos políticos a Almagro, cuando visitó Managua en diciembre pasado.
“Parte de lo que expresamos a la OEA fue que se debe mejorar la institucionalidad en el país, porque sin instituciones fuertes no hay una democracia que se mantenga, creemos que tanto en el Consejo Supremo Electoral y en los Tribunales de Justicia hay mucho que hacer, pero no le dijimos: ‘Necesitamos esto para mañana’”, refirió Sansón.
Reto es para los políticos
Grupos y políticos opositores y analistas independientes reaccionaron inconformes al acuerdo porque no incorporó la principal demanda de convocar a unas nuevas elecciones presidenciales como base al restablecimiento institucional en el país.
Sin embargo Aguerri, del Cosep, dijo que el reto para “la clase política es saber aprovechar la ventana” que se abrió para impulsar las reformas del CSE.
El acuerdo contempla la asistencia del organismo en la depuración del padrón electoral nicaragüense, aunque le tocará a la OEA buscar el financiamiento con la comunidad internacional y no al Gobierno.
