Carlos Sánchez Berzaín

Dictadores y cómplices buscan encubrir su corrupción

Autoridades fiscales y judiciales de Brasil han investigado y demostrado que desde el 2001 y por casi quince años, gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, se instaló y operó un sistema criminal de corrupción transnacional con obras y empresas constructoras brasileras que se conoce como “lava jato”. Los detalles de las obras, comisiones, sobornos, coimas y de la organización criminal están descubiertos en su parte fundamental, pero su publicidad está frenada porque los corruptos que siguen en el poder político en los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia y otros, actúan desesperadamente para encubrir su corrupción.

El origen político de esta red de crimen organizado resultó ser el “Foro de Sao Paulo” y su expansión abarcó todos los países donde sus miembros tenían o formaban parte del poder, especialmente los regímenes castristas conocidos como Socialismo del Siglo XXI (SSXXI). Basta revisar detalle de obras realizadas país por país, por los gobiernos vinculados al Foro de Sao Paulo y establecer la presencia de empresas constructoras brasileras, para determinar el alcance de la corruptela que hizo nuevos ricos a los socialistas e izquierdistas antineoliberales, proporcionó el “capital” para que el proyecto político antidemocrático y autoritario se expanda y se sostenga con ingentes cantidades de dinero para el fraude electoral, el asesinato de la reputación de los adversarios, la compra o neutralización de medios de comunicación, la prebenda populista y tantos otros crímenes cometidos contra la libertad y los derechos humanos.

La gente demanda saber la verdad y conocer los nombres de los delincuentes, sus posiciones de poder político y montos de beneficios criminales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un informe donde establece que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influencia a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países”.

El informe norteamericano señala coimas en Brasil con 349 millones de dólares, Venezuela $98 millones, Ecuador más de $33.5 millones, Argentina $35 millones, Panamá $59 millones, Dominicana $92 millones, Perú $29 millones, Guatemala $18 millones, México $10.5 millones, Colombia $11 millones. Este informe solo menciona a dos empresas, Odebrecht y Braskem,  y a nueve países de América Latina. Por lo tanto es solo parcial, no un informe  completo, porque el consorcio criminal alentó y logró obras por montos millonarios en  países como Bolivia y con empresas como OAS, Andrade Gutierrez, Quieroz Galvao, Camargo Correa… Si bien es cierto que Estados Unidos (EE. UU.) y Suiza impondrán multas a Odebrecht y Braskem porque utilizaron el sistema financiero y bancario de EE. UU. para pagar sobornos, no es menos importante la responsabilidad penal y política de quienes recibieron los sobornos y conocer otras empresas con sospecha de sobornos en otros países.

Se deben conocer “las otras entidades asociadas”; es urgente que la opinión pública sepa quiénes son los “funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros” que recibieron sobornos. Se trata de políticos, gobernantes y exgobernantes brasileros, venezolanos, ecuatorianos, dominicanos, mexicanos, peruanos, argentinos, colombianos, panameños, guatemaltecos… y más allá de Odebrecht y los países ya citados, hay que saber quiénes son los cubanos, bolivianos, nicaragüenses y de otros países donde operó el sistema montado en torno al Foro de Sao Paulo.

En este escenario el gobierno que más desesperación ha demostrado por evitar el esclarecimiento es Ecuador, con Rafael Correa liderando declaraciones y posicionamientos públicos en los que, tratando de adelantarse a la verdad o “buscando curarse en salud”, ha establecido como regla oficial que no aceptarán “acusaciones sin pruebas ni beneficio de inventario”… lo cual simplemente supone “confesión y encubrimiento”, porque ante la cita de Ecuador con más $33.5 millones de sobornos en un informe del Departamento de Justicia, la actitud del Gobierno debió ser la de esclarecer no la de encubrir ni justificar (¿beneficio de inventario?). La congresista norteamericana Ileana Ros-Lehtinen solicitó a la Fiscalía ecuatoriana desclasificar los nombres de los funcionarios relacionados con el caso Odebrecht que habrían recibido sobornos por $33.5 millones, pero Rafael Correa respondió atacándola, con lo que demuestra que no quiere que se conozcan esos nombres de ecuatorianos que ya tienen, tanto la justicia brasilera como la estadounidense.

En Colombia el expresidente Álvaro Uribe ha pedido a la Fiscalía de su país que “investigue si la campaña que llevó a Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño en 2014 fue financiada por Odebrecht”. El ex viceministro de Transporte, Gabriel García, (del gobierno de Uribe) ya está preso por  recibir $6.5 millones para la autopista Ruta del Sol. En toda la región se libra una nueva etapa de la lucha entre las dos Américas, la democrática y la dictatorial; entre el derecho de los pueblos a conocer la verdad versus los izquierdistas del Foro de Sao Paulo, los dictadores del SSXXI y sus cómplices, que buscan desesperadamente encubrir su corrupción y mantenerse en la impunidad. ©FIRMAS PRESS

El autor es abogado y Politólogo. Colaborador  habitual de Diario las Américas.
www.carlossanchezberzain.com

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