Los cuestionamientos al informe consensuado entre el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) siguieron apuntando a la ausencia de aspectos cruciales del sistema electoral en el documento formal.
Para la expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, “los grandes temas: elecciones honestas, libres, transparentes, bajo un sistema de partidos políticos incluyentes; un sistema electoral confiable… todo eso quedó ausente en este informe”.
Por su parte, el exdirector de Cedulación, Dionisio Palacios, manifestó que este acuerdo “no dice absolutamente nada” y más bien ignora la demanda de cambio de magistrados electorales.
Según Palacios, tampoco se mencionó la despartidización del sistema electoral.
“Sin la presencia de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, de la Iglesia… yo no veo cuál sería el alcance de ese (informe) entendimiento”, dijo Palacios este lunes en un conversatorio organizado por Ciudadanos Unidos por Nicaragua (CUN), sobre el documento en cuestión.
Palacios señaló que son muchos los temas que hay que mejorar para regresar la credibilidad a los procesos electorales y entre estos mencionó: la depuración del padrón electoral, el cual, en las pasadas votaciones fue dividido en tres tipos: padrón activo, de personas que han votado en las últimas elecciones; padrón pasivo, de personas que no han votado en las últimas tres elecciones y padrón real, que hasta ahora no se conoce cómo lo calculan los magistrados del poder electoral, explicó Palacios.
Organizaciones civiles, políticas, empresariales, la Iglesia católica y evangélica y otros sectores han demandado cambios en el sistema electoral, para regresar la credibilidad en los procesos electorales, sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega ha asignado más militantes de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en los cargos de magistrado.
De los 10 magistrados del CSE, siete son del FSLN, y los tres restantes son de tendencia liberal, pero en general todos los magistrados han permitido que los simpatizantes de Ortega tomen el control de la estructura electoral.
Este CSE, que es dirigido por Roberto Rivas, ha sido denunciado de cometer cuatro fraudes electorales desde 2008 a favor del FSLN.
OEA ofrece ayuda técnica
La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, expresó al Gobierno de Nicaragua “preocupaciones referidas al proceso electoral entonces en curso (2016), a las normas de procedimientos regulatorios, a la situación de representantes electos en 2011 que perdieron su condición de diputados en julio de 2016, a la participación de los partidos políticos, a la necesidad de contar con padrones confiables y asegurar la debida cedulación de los votantes”, indica el punto 2 del informe consensuado.
Ante esto, la OEA propuso “la asistencia” de la Secretaría General de la OEA a través de sus distintas dependencias. También “ofreció” su cooperación con el propósito de contribuir para continuar con el proceso de fortalecimiento institucional democrático de Nicaragua.
“Falta de voluntad política”, dice Zelaya
Para la expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, la ayuda técnica que ofrece la OEA es “insuficiente”, porque considera que el problema del sistema electoral del país es la “falta de voluntad política” para cambiar a los jueces electorales que carecen de credibilidad, y, según ella, eso no se menciona en el informe conjunto.
“Todo lo que pasó en el proceso electoral recién concluido en noviembre del año pasado, dejó demasiadas lecciones como para sacar este documento”, manifestó Zelaya.
Las pasadas votaciones del 6 de noviembre se caracterizaron por una gran abstención ciudadana, que fue evidente en la rala participación en los 4,308 Centros de Votación a nivel nacional; no se permitió la acreditación de observadores electorales nacionales e internacionales que históricamente habían participado en los comicios del país; la estructura electoral está controlada por militantes del FSLN y fue un proceso marcado por la exclusión de la segunda fuerza política, lo que dejó sin rival electoral al FSLN.
Ortega fue designado por el CSE como presidente en esos comicios, lo que significó su segunda reelección consecutiva, de la mano de su esposa Rosario Murillo, quien fue designada vicepresidenta del país, lo que para críticos significa la instauración de una dictadura familiar.
Acompañamiento y plazo
El viernes 20 de enero terminó el plazo de 90 días de diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ese día las partes presentaron un informe consensuado que establece la firma de un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la institucionalidad y la democracia en el país.
El acuerdo de diálogo fue originado por un informe electoral que entregó la OEA al gobierno de Daniel Ortega el 14 de octubre. Al día siguiente se firmó el acuerdo que originó las pláticas.
Como resultado de esas conversaciones, el organismo regional se compromete a acompañar las elecciones municipales de 2017 y se da un plazo de tres años para valorar si hay cambios electorales en Nicaragua.
“El mismo establecerá un plazo de tres años para desarrollar los trabajos y detallará las tareas específicas a llevar a cabo en materia de: seguimiento de las elecciones municipales de noviembre de 2017, continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente”. El documento también establece que la OEA apoyará técnicamente a Nicaragua en el proceso de depuración del padrón.