Se dice que la OEA no puede hacer nada por la restauración de la democracia en Nicaragua, mientras no vea a las masas populares en las calles, luchando por esa causa.
En realidad, los nicaragüenses son los más interesados en que Nicaragua vuelva a ser República y tienen que demostrarlo manifestándose en las calles de manera cívica y pacífica. Nadie vendrá de fuera a hacerles la tarea.
Pero en el mundo actual los países no existen aislados, están asociados en comunidades internacionales que asumen solemnes responsabilidades con principios que les son comunes. En este orden, los organismos internacionales tienen la obligación de velar por el respeto a los valores compartidos de la democracia y la libertad.
Además, para cumplir esta responsabilidad no hay que esperar hasta que el mal ya está hecho o se encuentra en avanzado estado de gravedad. La democracia se debe proteger de manera preventiva, cuando todavía es posible evitar que el mal se agrave y provoque consecuencias catastróficas.
¿Qué sentido tiene que organismos como la OEA intervengan hasta que ya la gente está en las calles y es ametrallada por los poderes dictatoriales que, como regla general, sean de derecha o de izquierda, no tienen escrúpulos para reprimir de manera despiadada? ¿Y para qué va a venir un organismo internacional que es defensor de la democracia, cuando ya la dictadura ha sido o está siendo derrotada por el pueblo?
Si la gente ya se lanzó a la calle a luchar contra un gobierno que no respeta los derechos civiles y pervierte las instituciones, hasta derrocarlo pagando por ello el precio que sea, no tiene sentido que acudan los organismos internacionales cuya misión es velar por la libertad y la democracia.
Pero hay mucha hipocresía política en esto. La Carta de la OEA reclama en su declaración de principios “el ejercicio efectivo de la democracia representativa”. Pero a renglón seguido dice que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”. O sea que no es el pueblo el que tiene el derecho de elegir su sistema político, sino el Estado, los gobernantes, y en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega y la camarilla que lo sostiene en el poder.
También, como se ha citado muchas veces, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana reconocen “que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
Pero ¿cómo van a defender, promover y consolidar la democracia en los países donde los mismos gobernantes la han socavado, si no es actuando contra ellos? Y cuando el pueblo se decida a salir masivamente a la calle para restaurar la democracia, ¿a qué va a venir entonces la OEA?
