El reclamo de abogados litigantes por el despojo o decomiso de propiedades a terceros de buena fe en juicios ligados al narcotráfico continúan; sin que las autoridades superiores hagan respetar la ley y se deje de afectar y violar garantías constitucionales de las personas que no tienen nada que ver en la investigación del delito.
El reclamo más reciente lo hizo este martes 24 de enero María Esperanza Peña abogada de Mercedes Centeno, ex pareja de Gregorio Canales, uno de los condenados por crimen organizado en el caso conocido como Operación Sur Uno, ocurrido en enero del 2013.
Según Peña, su representada tuvo una relación con el procesado hace más de 14 años y procrearon tres hijos y eso bastó para que la Policía le ocupara una casa ubicada en un barrio capitalino y luego el juez Edgar Altamirano la decomisara.
“Por ser expareja de alguien no les da el derecho de decomisar la propiedad”, dijo Peña.
Entregan casa a comisionado
La abogada agregó que no les bastó haber decomisado la propiedad, sino que antes de terminar el proceso penal la asignaron a un comisionado de la Policía que deterioró la vivienda y ahora en enero se la dieron al Ministerio Público porque ahora ahí se encuentra la sede de institución del Distrito Cinco.
“Le fue entregada a un comisionado de la Policía, quien utilizó el menaje de la casa, los muebles, haciendo fiestas hasta altas horas de la noche, deteriorando la vivienda y nadie responde por estos daños. Ahora la casa está siendo utilizada por el Ministerio Público del Distrito Cinco. En calidad de qué la tienen, no sabemos”, agregó Peña.
Casa buzón sin pruebas
Según la acusación del Ministerio Pública, la casa en reclamo supuestamente servía para guardar la droga que trasladaba la agrupación dedicada al tráfico de droga, lavado de dinero y crimen organizado, sin embargo, dijo la abogada Peña, no existen prueba de eso, pues durante el juicio, la Fiscalía nunca ofreció prueba que respaldara lo que decía el papel.
“Hay inconsistencia del decomiso, no fueron hacer la prueba que indicara la presencia de droga, no hubo testigo que confirmaran tal afirmación, es decomisar por decomisar”, dijo Peña, originaria de Rivas.
La abogada aportó como prueba la escritura de compra venta de la propiedad, la libertad de gravamen, solvencia municipal, certificado catastral que todo está a nombre de la afectada Mercedes Centeno.
“Señores magistrados con estas pruebas pido se revoque la decisión y se devuelva la propiedad a su dueña, eso hablaría bien del sistema de justicia de Nicaragua y de este Gobierno”, dijo Peña.
En San Juan del Sur
Otra propiedad que fue reclamada por terceros de buena fe es una ubicada en San Juan del Sur que mide 10 manzanas cuya dueña es Amparo Bermúdez, mamá de José Rodolfo Espinoza, que está acusado, pero no ha sido procesado aún.
“La decomisan porque ahí era donde el acusado vivía con sus padres, pero no es el dueño. Bajo que probanza el juez decomisa una propiedad donde ni siquiera el acusado ha sido procesado. Con estas decisiones violentan los derechos constitucionales, el procedimiento penal, el Estado de Derecho, los derechos humanos, por eso pedimos que enderecen el derecho y entreguen definitivamente la propiedad”, dijo Peña.
Fiscalía: “enmascaramiento”
El fiscal Giscard Moraga, de la Unidad Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, pidió en audiencia a los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, que rechazara todas las peticiones de los reclamantes de buena fe.
“Todas esas propiedades eran susceptibles al decomiso porque en muchas de ellas habían irregularidades en los documentos y otras siguen el patrón que siguen los que andan en delitos de narcotráfico que es a través de tecnicismos legales, ponen las propiedades adquiridas producto del dinero del negocio ilícito, a nombre de otros familiares para enmascarar la procedencia del bien, por eso, no les debe dar lugar”, dijo Moraga.
El procurador auxiliar Abrahan Abarca también se sumó a la petición del Ministerio Público.
El año pasado el Ministerio Público fue beneficiado con la asignación de varias propiedades decomisadas en casos de narcotráfico y ahora funcionan sus cedes distritales en Managua.
Esperaron cuatro años
Por fin, después de cuatro años iniciado el proceso penal contra 25 hombres y una mujer acusados en el caso conocido como Operación Sur Uno, en enero del 2013, ayer se dio la audiencia de apelación en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua. Familiares y abogados se quejan por el largo tiempo que ha tardado el caso en primera instancia.
Durante la espera, el reo Edgar Martín Morales Pérez perdió la pierna izquierda porque las autoridades del sistema penitenciario no lo llevaron a tiempo a consulta y se le engangrenó el miembro, dijo Tatiana Morales hija del afectado.
En este caso no hubo decomiso de droga ni de dinero y aún así los condenaron por estos delitos, venimos a pedir revocación de la sentencia”, María Esperanza Peña, abogada litigante