El diputado indígena Brooklyn Rivera se quejó de que sus homólogos de la Comisión de Asuntos Indígenas —la mayoría oficialistas—, se negaron a abordar el tema del conflicto armado en la Costa Caribe del país. El diputado Osorno Coleman, aliado del orteguismo y también indígena, negó los señalamientos de Rivera.
“(Los diputados oficialistas) creen que nosotros asumimos una posición crítica, porque señalamos los abusos y la violencia que viven los indígenas. Creen que estamos en contra del gobierno y eso no es cierto, lo que estamos tratando es que se haga justicia y se respeten los derechos de los pueblos indígenas, pero nos miran con mala cara, y por eso nos aíslan”, dijo Rivera.
El diputado Rivera esperaba que sus homólogos al menos accedieran a visitar los territorios en conflicto en la Costa Caribe, para que tuvieran conocimiento de la situación de los indígenas, pero en cambio, “quieren ignorar la realidad de violencia”, dijo.
Desde hace ocho años los líderes comunitarios han denunciado el conflicto armado entre indígenas y campesinos provenientes del Pacífico, norte y centro del país (denominados colonos) por la tenencia de tierras, en esta región donde la venta de propiedades es ilegal.
El diputado Coleman reconoce que existe un conflicto en los territorios indígenas, pero cree que Rivera “politiza” la situación y no es propositivo.
“Él (Rivera) tiene más interés político que interés en resolver la situación”, manifestó Coleman.
Coleman expresó que Rivera ya tuvo su oportunidad de resolver esa situación cuando fue presidente de la Comisión Asuntos Indígenas y cuando tuvo el control del gobierno regional en el Caribe Norte, “y nunca se interesó por resolver la situación”.
Osorno y Rivera son miembros de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de la Asamblea, donde la mayoría son diputados del FSLN.
La violencia ha generado el desplazamiento de los indígenas de sus territorios. En ocho años de conflicto han muerto más de 40 personas, denunció el alcalde de Prinzapolka (municipio del Caribe Norte), Eklan James, ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a inicios de este año.
Ley de los pueblos indígenas
La Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Ley 445), publicada en 2003, establece que el Gobierno tiene que “garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal y territorial, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcación, titulación y saneamiento de las mismas”.
Como el Gobierno hasta ahora no ha cumplido con esta ley, los indígenas se han tomado el saneamiento —o expulsión de los colonos—, por sus manos, lo que ha generado el conflicto armado.
Por su parte, el gobierno dirigido por Daniel Ortega minimizó este conflicto en un informe enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ortega culpó principalmente a los indígenas y a organizaciones de derechos humanos de incitar a la violencia que azota a la Costa Caribe Norte.