Rosa Esmeralda Salmerón, aunque tiene casa propia, ahora tiene tres años de andar alquilando, porque en el 2013 fue despojada de su propiedad ubicada en el barrio Gaspar García Laviana, del departamento de Rivas, por la Policía Nacional.
El pecado de la ciudadana rivense es ser hermana de José Francisco Delgadillo Salazar, uno de los acusados por tráfico de droga en el caso conocido como Operación Sur Dos o Temis, mismo que ni siquiera ha sido juzgado.
“En ese tiempo buscaban a mi hermano y como no había otra propiedad de la familia, me despojaron de la mía, diciendo que mi hermano la había adquirido con dinero ilícito. Para ese tiempo yo estaba trabajando en la gasolinera y cuando llegué a mi casa encontré a mi hija de 12 años rodeada de policías dentro de la casa”, relató la perjudicada.
Casa está decomisada, pero no aparece en sentencia
Según la despojada, ha trabajado desde los 18 años y con mucho esfuerzo se hizo de su casa. “Gracias a Dios he tenido buenos trabajo y una señora me vendió la casa en abonos, primero con una promesa de venta y luego en pagos. Tengo mi escritura, mis recibos de pago, constancia de mis salarios de cuando estaba pagando mi casa y aún así no me la regresaron y aunque viven unos policías, en la sentencia judicial no aparece asignada mi casa”, dijo Salmerón.
El expediente de la Operación Temis o Sur Dos está en espera de audiencia de casación en la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia. Está programada para el 6 de febrero, ahí nuevamente Salmerón recurrirá ante los magistrados como tercera afectada de buena de fe y tiene la esperanza que le regresen su vivienda.
“Lo que quiero es que me regresen mi casa, pueden investigar todo lo que quieran. No es justo que ande rodando con mi hija, mientras los policías que tienen mi vivienda hacen fiestas, tienen gimnasio, venden hielo utilizando mis cosas, porque no me dejaron sacar ni la ropa”, dijo la despojada.
Marlon Aburto, abogado litigante aseguró que la Policía comete muchas anomalías a la hora de allanar viviendas y decomisar bienes muebles e inmuebles, porque saquean la casa y luego no responden por las pérdidas, no respeta lo que dice la Ley 735 contra el crimen organizado. “La ley es clara que cuando hay menores viviendo en una casa se debe dejar en depósito a la persona responsable, porque no podes expulsar a un niña para que anden rodando”, dijo Aburto.
Ramos: “deben quejarse”
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, expresó que el año pasado llegó a la Corte una carta del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, por unos bienes ocupados en Bluefield y que se le adjudicaran a una persona que se haría cargo de la Unidad Administradora de Bienes incautados, pero luego no supo más.
“Creo que eso (anomalías con bienes incautados) debe ser una queja ante autoridades superiores, porque son funcionarios administrativos o de la policía que pueden hacer ese tipo de cosas, pero nosotros no tenemos nada que ver, simplemente la Policía ocupa y se asigna a las instituciones que la ley establece”, dijo Ramos.
“Una señora sigue pagando su carro al banco, porque le deduce la cuota de su salario, mientras un comisionado goza de su carro desde el 2013, solo porque su esposo fue acusado”, Marlon Aburto, abogado penalista.
