Byron Jerez y Alfredo César, dos flamantes diputados de credenciales conocidas, quieren ir a cabildear a Washington a fin de que no aprueben la “Nica Act”. No entiendo por qué tienen que ir tan lejos cuando todo se puede resolver muy rápido en Nicaragua. Además, ¿qué argumentos podrían esgrimir ante los congresistas norteamericanos?
Lo que piden los patrocinadores de la “Nica Act” es muy simple y razonable: que el ejecutivo nicaragüense restablezca el derecho del pueblo nicaragüense a tener elecciones transparentes, competitivas y observadas, si es que quiere seguir gozando del apoyo de los organismos multinacionales en que Estados Unidos tiene poder de veto.
No es pues una petición extravagante, onerosa o lesiva a la soberanía nacional. El derecho a elegir libremente a sus autoridades es una de las piezas angulares de la democracia y un derecho básico de los ciudadanos de todo el mundo. Lo que es inconcebible, abusivo y lesivo es negarle a la población dicho derecho. Estas son cosas que las entiende bien el pueblo y los políticos norteamericanos, así como el pueblo nicaragüense, cuya inmensa mayoría se ha pronunciado a favor de la observación internacional.
Si Byron y secuaces dicen que dicha ley perjudicaría a Nicaragua y a sus pobres, la respuesta que recibirán es simple: “No lo hará si su gobierno garantiza elecciones libres”. ¿Podrán entonces decir que tal condición es muy difícil o injusta? ¿O tener la desfachatez de alegar que nuestro sistema electoral es puro y diáfano? Y aquí está el quid del asunto: no hay razón alguna para que a muy corto plazo el gobierno nicaragüense no pueda asegurar al mundo entero que dará elecciones acordes con los estándares internacionales.
Para lo anterior no se necesitan los tres años de la OEA, ni uno. Bastaría con que Ortega anunciara, a lo inmediato, al menos tres cosas: una, que habrá observación electoral internacional. Dos, que se sustituirá a todos los magistrados del actual Consejo Supremo Electoral por otros seleccionados de ternas presentadas por Cosep y organismos de la sociedad civil. Tres, que no se excluirá de los comicios a ninguna fuerza política con récord de participación electoral.
Si Ortega tiene verdadera voluntad política de dar elecciones verdaderas, no hay razón alguna para no aceptar estas medidas. Hablar de procesos largos, incrementales, precedidos de estudios, depuraciones graduales y pequeñas concesiones, no son más que pretextos para alargar las cosas y dar la apariencia de que se camina. Espero que los congresistas norteamericanos, que no son ni tontos ni desinformados, lo entiendan y rechacen, igual que lo entiende y rechaza la oposición nicaragüense.
Habría que decirle entonces a Byron o a quienquiera que se le ocurra cabildear en Washington, que no tienen que agarrar avión alguno; que ante quien tienen que cabildear es Daniel Ortega; que él, y solo él, tiene en sus manos desmontar la “Nica Act” y despejar los nublados que pueden oscurecer nuestro futuro. En esta comitiva podrían incorporar al columnista de El Nuevo Diario Adolfo Miranda. Él cree en las encuestas que colocan a Ortega con un margen de popularidad cercano al 80 por ciento. Contarían de esta forma con un argumento contundente ante él: “No tema usted, comandante, ni a la observación, ni a cambios de magistrados, ni mucho menos al PLI; su popularidad es tal que arrasaría en cualquier elección; humillaría así a sus adversarios, desmontaría las calumnias que se tejen contra su legitimidad, y enterraría, de una vez por todas, la maldita ‘Nica Act’”.
Abortar la “Nica Act” está a la vuelta de la esquina: reparto El Carmen, ciudad Managua.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
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