Tras las elecciones en los EE.UU. el Partido Republicano ha colocado como una prioridad de primer orden el cambio en el impuesto sobre la renta de las corporaciones. La propuesta de cambio que tiene más probabilidades de materializarse, propuesta por el liderazgo republicano y a la cual el señor Trump ha expresado su apoyo, es la sustitución del actual impuesto por un impuesto al flujo de caja con ajuste en la frontera (destination-based cash flow tax).
Este impuesto sería aplicado en base al criterio de destino, en tanto permitiría deducir las exportaciones de su base, pero no las importaciones. El mismo afectaría negativamente a las ramas industriales norteamericanas con más contenido neto de importaciones, como la rama del vestuario, la electrónica y la automotriz.
Por otra parte, el equipo del señor Trump ha discutido la implementación de un arancel uniforme sobre las importaciones, porque aplicar tarifas sobre uno o dos países sencillamente desviaría el déficit comercial de los EE.UU., derivado de su exceso de gasto sobre su ingreso, hacia terceros países.
Este arancel también tendría su impacto más negativo sobre las ramas de mayor contenido neto importado, entre las que destacan, igualmente, las ramas vestuario, electrónica, y automotriz.
Los efectos del impuesto al flujo de caja con ajuste en frontera y de las tarifas arancelarias sobre la industria del vestuario (apparel) y automotriz de los EE.UU. (y por añadidura, la de México) tendrían un impacto adverso inmediato sobre las zonas francas nicaragüenses, que exportan básicamente textiles hacia los EE.UU. y arneses para automóviles hacia México.
Por supuesto, habría que considerar las reacciones de los más grandes países afectados por la política proteccionista norteamericana, México y China, y eventualmente, Alemania y/o la Unión Europea. Estos países pueden adoptar medidas de reciprocidad punitiva, lo cual tendría un efecto muy grave sobre la economía norteamericana, dada la elevada dependencia de las exportaciones norteamericanas respecto a sus mercados.
Hasta ahora no está claro, en el contexto de una política proteccionista norteamericana, como se podría manejar el hecho de que no solo México y China exportan a los EE.UU., sino que también los EE.UU. exportan a México y China, y millones de empleos norteamericanos dependen de dichas exportaciones.
De hecho, si solo consideramos el caso de México, 17 Estados de los EE.UU. tienen superávit comercial ese país. Solo Texas exporta 95 mil millones de dólares a México, y tiene un superávit de ocho mil millones de dólares con ese país. Además, los EE.UU. tienen un importante superávit con México en la cuenta de servicios.
Tampoco está claro cómo se manejaría la disrupción de las cadenas globales de valor y suministro, que implican que un producto fabricado en Estados Unidos, China, Europa o México contiene decenas o cientos de partes y componentes fabricados a lo largo del mundo.
Esto implica que una política proteccionista afectaría a las exportaciones de todo el mundo, y a los suministros importados por el propio país que la implemente, y produciría un efecto imprevisible sobre el comercio mundial, un altísimo porcentaje del cual está representado por el comercio de partes, componentes y bienes intermedios en el seno de estas cadenas. Por esta razón numerosos analistas han concluido que, con estas políticas, los EE.UU. no solo afectarían adversamente a terceros países, sino que se estarían disparando a sí mismos en el pie.
Por supuesto, una fuerte disrupción en la economía de México, China y los propios EE.UU., y en el comercio internacional, debido a una guerra comercial desatada por las acciones de la Administración Trump, no podría menos que afectar, de la manera más adversa, a una economía pequeña y abierta como la nuestra.
(*)Economista
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