Partidos quieren los reembolsos

Este martes 31 de enero se venció el período para pagar reembolso electoral.

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Un amplio sector del país se opuso a las elecciones de noviembre pasado por considerarlas una farsa.

El Calendario Electoral del 2016 establecía que este martes 31 de enero fuera el último día para que el Consejo Supremo Electoral (CSE) entregara el reembolso por los gastos de la campaña electoral a los partidos políticos que obtuvieron al menos el 4 por ciento de los votos en las pasadas votaciones del 6 de noviembre, consideradas una farsa electoral por la oposición política y organizaciones civiles.

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De los seis partidos participantes en las votaciones presidenciales del año pasado, dos no lograron obtener el 4 por ciento: la Alianza por la República (Apre) y el Partido Conservador (PC).

Particularmente, el presidente de la Apre, Carlos Canales, está a la espera de una notificación del CSE, aunque no cumplen con el requisito.

“Al día de hoy todos los partidos políticos están esperando el reembolso”, dijo Canales a LA PRENSA. Canales agregó que ha escuchado que el CSE podría hacer los desembolsos en la primera semana de febrero. “He escuchado a otros partidos políticos que será en la primera semana de febrero”, expresó Canales.

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El artículo 99 de la Ley 331 explica que el Estado destinará una asignación presupuestaria específica del uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto. El año pasado 633 millones de córdobas fueron aprobados en el Presupuesto General de la República en concepto de reembolso a los partidos, es decir, 21.45 millones de dólares.

La Ley también explica que “dicho reembolso se otorgará a las Organizaciones Políticas que hayan obtenido al menos el 4 por ciento de votos válidos y de acuerdo con el porcentaje de los mismos. Debiendo rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Supremo Electoral”.

El pasado proceso electoral fue carente de propaganda de los partidos políticos, lo que los críticos atribuyen a que los electos iban a ser producto de una negociación, no de las elecciones.

Particularmente, el presidente ejecutivo del organismo Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, se preguntó cómo hará el partido de gobierno, FSLN, para justificar los gastos de su campaña electoral, la que, según sus cálculos, significaron egresos por el orden de dos o tres millones de dólares.

Según Courtney, gracias al mecanismo de financiamiento público de los partidos vigente en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) podría acceder a millones de dólares en concepto de reembolso en una contienda que los expertos describen como de poca inversión y sin mayor competencia a la reelección presidencial de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien es vicepresidenta de la República.

CSE sin credibilidad

El Consejo Supremo Electoral (CSE) es dirigido por magistrados afines al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a quienes se le atribuyen los fraudes electorales desde 2008.

Las últimas votaciones del 6 de noviembre se caracterizaron por una gran abstención ciudadana, no se permitió la acreditación de observadores electorales nacionales e internacionales, que históricamente habían participado en los comicios del país y la estructura electoral estaba controlada por militantes del FSLN.

También fue un proceso marcado por la exclusión de la segunda fuerza política, lo que dejó sin rival electoral al FSLN, por lo que el proceso fue calificado de farsa electoral por la oposición política y las organizaciones civiles.

Además, la reelección presidencial de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, es considerada por los críticos como la instauración de una dinastía.

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