Tras conocer que el sector privado nicaragüense no desiste del ingreso del servicio de transporte Uber a Nicaragua, dirigentes del gremio de taxistas de la capital reaccionaron inmediatamente para señalar que no permitirán de que tal proyecto opere y recordaron que tanto autoridades del transporte como delegados del gobierno dieron su palabra de veto al citado servicio.
Esas autoridades fueron el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) y Orlando Núñez, asesor presidencial para Asuntos Sociales. William León, presidente de la Federación Nacional de Transportistas Revolucionarios (Fenatrar), sostuvo que si Uber entrara al país los va afectar y que por eso —aunque existe una promesa verbal de no dar el aval— entregarán una carta a Núñez y a Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional del Cooperativismo, donde demandan una respuesta formal que impida el ingreso de Uber desde la Presidencia de la República.
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Los representantes del servicio selectivo dijeron que “no necesitamos reunirnos con el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) porque no nos representa. Los empresarios son defensores de su capital y por eso no les importa quitarnos la comida”, dijo León sobre recientes declaraciones de José Adán Aguerri sobre sentarse a platicar con los taxistas para abordar el tema.
La posibilidad de que Uber operara en territorio nacional y que representantes de la empresa estudiaban el mercado, se conoció por Aguerri, luego de revelar en redes sociales encuentros con representantes de Uber.
La noticia no fue bien recibida en el sector selectivo e inmediatamente se pronunció en contra. Desde entonces el presidente de la cúpula empresarial ha enumerado los aspectos positivos que tendría este tipo de transporte y lo importante que sería para el país.
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Vida Almendárez: no sería desleal, sino que ilegal
Para el presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi (Fenicootaxi), Vidal Almendárez, si Uber se asentara en el país no sería una competencia desleal, sino una acción ilegal, porque “la Ley General de Transporte Terrestre en el artículo 3 dice que para brindar un servicio de transporte público de pasajeros se debe tener una concesión otorgada por el Estado, a través de las municipalidades o el MTI (Ministerio de Transporte e Infraestructura)”.
Almendárez aseguró que al sector taxi no le teme a la competencia, pero que les parece justo que Uber invierta en flota de carros y no que solo busque a dueños de vehículos para que hagan los viajes adonde lo requiere el cliente. “Que hagan sus estudios de factibilidad, que inviertan”, añadió.
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