Partidos y CSE ocultan la rendición de cuentas

Partidos olvidan Ley de Acceso a la Información Pública.

Magistrados del CSE.

Magistrados del CSE.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) y los partidos políticos se rehúsan a informar con detalle sobre el reembolso a los partidos políticos por los gastos incurridos en la campaña electoral del año pasado, dos días después que se venció el período establecido en el calendario oficial.

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María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo que esta organización ya presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) y ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) todos los gastos realizados durante la campaña, sin embargo, no quiso detallar de cuánto fue el gasto total.

La ahora diputada ante la Asamblea Nacional se limitó a decir que el mayor gasto fue en la logística de los fiscales, por su movilización en transporte, alimentación, combustible, desayuno, almuerzo, cena y una ayuda económica que se les dio y eran mas de 13 mil fiscales.

También dijo que no podía ofrecer detalles porque la entrega del reembolso está sujeta a las revisiones de la Contraloría.

Según el porcentaje de votos asignado por el CSE, al PLC le corresponden 3,231,654 dólares. Para recibir este monto, sin embargo, tienen que soportarlo con documentos de gastos. Al Frente Sandinista (FSLN) el CSE le asignó el 72 por ciento de los votos, que equivale a 15,575,584 dólares.

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Al Partido Liberal Independiente (PLI) le corresponde un reembolso del 4.51 por ciento, que corresponderían a 969,711 dólares, según el porcentaje publicado por el CSE, sin embargo, los dirigentes de este partido calculan más que eso, porque suman el porcentaje obtenido de la elección de diputados nacionales, argumentando que también debe ser pagada.

Sin embargo, uno de los coordinadores del PLI, José del Carmen Alvarado, no quiso detallar cuánto se gastó en total en la campaña, aunque aseguró que ya justificaron los gastos ante las instituciones correspondientes.

 

633 millones de córdobas, correspondientes a 21.45 millones de dólares, fueron aprobados en el Presupuesto General de la República 2017 en concepto de reembolso a los partidos.

 

Actualmente, el PLI es dirigido por tres coordinadores, entre ellos Alvarado, mientras que el expresidente del PLI, Pedro Reyes, asegura que la presidencia le corresponde a Silvio René Bolainez y según él, es a quien se le debe entregar el reembolso.

No están obligados a rendir cuentas a ciudadanía

El abogado constitucionalista Oscar Castillo explicó que los partidos que participaron en la campaña electoral están obligados a rendir cuentas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General de la República y al CSE, pero la Ley Electoral (331) no obliga a los partidos a hacer este gasto público ante la ciudadanía.

Aún así, Castillo explicó que el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública (621) debería obligar al CSE presentar los informes de ejecución presupuestaria de esa institución, aunque reconoce que esa legislación nunca ha sido cumplida por el gobierno de Daniel Ortega.

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El presidente del Partido Conservador (PC), Alfredo César, tampoco ofreció el jueves detalles de lo gastado en la campaña. Este partido también se encuentra en conflicto, debido a que el excandidato presidencial Erick Cabezas demanda la presidencia del PC. Cabezas manifestó a LA PRENSA que el CSE no debe pagar el reembolso al PC hasta que reconozca a la nueva junta directiva dirigida por él.

Por su parte, el excandidato presidencial de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Saturnino Cerrato, dijo que hicieron la justificación de los gastos de la campaña en el tiempo correspondiente, pero aseguró que el detalle solo lo conoce el tesorero del partido. El presidente de la ALN, Alejandro Mejía Ferreti, no contestó el teléfono.

Lo que dice la ley

El artículo 99 de la Ley Electoral (331) explica que el Estado destinará una asignación presupuestaria específica del uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto para pagar a los partidos por los gastos en la campaña electoral, siempre y cuando los partidos “hayan obtenido al menos el 4 por ciento de votos válidos y de acuerdo con el porcentaje de los mismos. Debiendo rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Supremo Electoral”.

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