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La Policía sacó este viernes las fuerzas especiales a patrullar las calles por orden del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, tras tres sucesos violentos en Managua. LA PRENSA/JADER FLORES

La Policía sacó este viernes las fuerzas especiales a patrullar las calles por orden del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, tras tres sucesos violentos en Managua. LA PRENSA/JADER FLORES

Roberto Cajina: “Policía ha bajado la guardia”

Especialista explica laberinto de la institución frente al aumento de la inseguridad.

Si bien las debilidades en el reclutamiento de miembros de la Policía Nacional no son exclusivas del gobierno de Daniel Ortega —lleva los últimos 10 años en el poder y tiene garantizado cinco años más—, el consultor civil en seguridad, defensa y gobernabilidad democrática, Roberto Cajina, considera que en este período se ha incrementado el reclutamiento de policías a través de filtros partidarios como son las cartas de recomendación de los Gabinetes de la Familia, también llamados CPC, lo que para él pone en duda el criterio de selección de quienes resguardan la seguridad pública del país.

Cajina también opinó que hay una falta de rigor en el entrenamiento de los oficiales, lo que se puso en evidencia en el reciente caso del tiroteo en el barrio capitalino San Luis, ocurrido el 26 de enero, donde murieron dos policías y uno de los delincuentes, quien era un exagente policial, que se dedicaba al crimen desde hace 13 años.

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¿Qué significa que el sistema haya permitido que anduviera libre un expolicía que había cometido delito?

Antes de eso hay que preguntarse por qué y cómo entró a la Academia de Policía este policía delincuente, criminal, que después resultó muerto en el enfrentamiento en el barrio San Luis. ¿Cómo está haciendo su selección la Policía Nacional? ¿Cuál es el currículum que la Policía tiene en la Academia Nacional Walter Mendoza? ¿Qué asignatura se les enseña, aparte de las asignaturas clásicas de tácticas policiales que también revelaron deficiencias en San Luis? Deben de revisar sus procedimientos, es decir, abren una convocatoria, llega un montón de gente, piden antecedentes penales, pero muchas veces el aval partidario o la carta de recomendación del CPC o del Gabinete de la Familia tiene más peso que los mismos antecedentes policiales, porque es protegido de los Gabinetes de la Familia, se conocen, son amigos, son parientes. El rigor con que se analizan los documentos para acceder a la Policía Nacional debe ser revisado. El hecho de que solo un policía haya estado involucrado en ese tiroteo no quiere decir que no haya otros policías involucrados en otros delitos.

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Pero en este caso particular el expolicía delinquió en el año 2004. Antes que entrara el gobierno de Daniel Ortega ¿Quiere decir que este problema no ha sido solo de este Gobierno?

No, es un problema de la Policía agravado posteriormente del 2007 en adelante. Creo que la Policía ha bajado la guardia en una buena medida a partir de que ha perdido institucionalidad. Yo estoy prácticamente seguro que el interés de la seguridad ciudadana está por debajo del interés del vínculo corporativo entre la Policía y el consorcio Ortega-Murillo, es decir la politización de la Policía.

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Pero se supone que esta es la mejor Policía de la región, ¿qué pasó?

Luego que vinieron críticas sobre la cantidad de gente que asistió a la toma de posesión (presidencial de Donald) Trump, comparándola con la toma de posesión del presidente (Barack) Obama o la del mismo presidente George Bush, Kellyanne Conway, consejera del presidente Trump, acuñó el término “verdades alternativas”.

Nosotros tenemos realidades alternativas. Lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen las encuestas, lo que dicen las fotografías, lo que dicen las imágenes de televisión no son ciertas. De repente en Nicaragua (ese término) se usó muchísimo antes que lo usara esta señora, cuando comenzamos a decir que Nicaragua era el país más seguro de Centroamérica y se repitió tanto que de repente hay muchísima gente que lo puede creer, pero la realidad es que no se debe medir la seguridad de un país por la tasa de homicidios por 100,000 habitantes.

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Según la Policía, el año pasado anduvo por siete homicidios por 100,000 habitantes en Nicaragua, que sería el más bajo de Centroamérica, pero medir la criminalidad, el desempeño de la delincuencia por la tasa de homicidios, es el error más grave que se puede cometer, porque te conduce a políticas de seguridad pública equivocadas, porque hay una serie de delitos como básicamente los robos que no se toman en consideración. Te pongo un caso de delitos que están allí vinculados: leyendo una nota sobre el informe que presentó el comisionado general Francisco Díaz (subdirector que supervisa Seguridad Pública), capturaron a 60 y resto de delincuentes en los últimos siete días en zonas rurales del país de los cuales 16 por abastecer, traficar o producir droga; 14 por robo con intimidación y abigeato.

¿Qué significa eso?

Significa que hay un desempeño de la actividad criminal delictiva y además, si a eso le incluyen los servicios de droga del narcomenudeo te das cuenta que el país no es el más seguro de la región. Si se compara Nicaragua con el norte de Centroamérica, evidentemente que es hacer una comparación perversa, porque te estás comparando con el peor. Comparate con los mejores: Chile, Uruguay, Holanda, Suecia, entonces te vas a dar cuenta que no somos los mejores. Somos los mejores entre los peores.

¿Ya no podemos decir que Nicaragua es un país seguro?

Si te estoy diciendo que en siete días se capturaron a más de 60 delincuentes. Hasta el primero de septiembre de 2016 se habían judicializado 3,500 robos (pero) cuánta gente no hizo denuncia, lo que se llama el subregistro (la gente que fue víctima de un delito y no denuncia), la cifra negra. Usualmente se calcula que el subregistro es exactamente igual o aproximadamente igual al registro, es decir, estamos hablando de 6 mil robos en todas sus expresiones en toda la población, lo que te da una tasa altísima, si lo ponés por robo por 100,000 habitantes.

Usted mencionó que se podrían estar aplicando políticas públicas equivocadas…

No se conocen políticas de seguridad pública expresamente formuladas y de amplio consenso nacional, lo que se conoce son planes, por ejemplo, el Plan Verano, el Plan Belén, el Plan María (de acuerdo con las temporadas del año)… pero son acciones coyunturales, no son planes ni programas que se apliquen. La Policía trabaja en estos planes que te he mencionado y te decía que son coyunturales y que la presencia de la Policía el efecto que tiene es temporal, tiene un efecto disuasorio. Obviamente que la delincuencia tiene un comportamiento de carácter táctico: “Hay policías, mejor esperemos un momento”; “Se va la Policía, vuelven los delincuentes”.

Si me dice que la Policía no está reclutando de la manera debida a los nuevos miembros y tampoco está implementando las mejores medidas de seguridad pública, entonces ¿a qué está dedicada?

Haciéndole el juego al consorcio Ortega-Murillo. Yo recuerdo que hace algunos años la señora (Aminta) Granera fue a Washington, y en un centro de pensamiento muy importante presentó a una Policía que era casi como extraterrestre y la gente se quedó primero admirada de lo que la señora Granera (jefa nacional) dijo con estadísticas, con gráficas y lo vinculó con el hacer negocios: vendiendo a Nicaragua como un mercado de inversiones.
Sin embargo, después de la admiración por los datos y las cifras, vino la pregunta: ¿será cierto eso? Es decir, es demasiado bueno para ser verdad.

¿Por qué usted critica que se diga que el Gobierno usa a la Policía?

Los dos se utilizan. Es una relación utilitaria mutua. De hecho, la Policía ha tenido beneficios abiertos y beneficios no tan abiertos de parte del gobierno de Ortega. Un beneficio abierto fue de carácter institucional: la reforma que se le hizo a la ley de la Policía: separarla del Ministerio de Gobernación, algo que ya se hacía en la práctica. En el presupuesto general del Ministerio de Gobernación, en el portal de 2014 del Ministerio de Hacienda (y Crédito Público), la Policía ya no aparecía como una de las cuatro direcciones generales del Ministerio de Gobernación. En el fondo, de los organismos presupuestados estaba la Policía Nacional independiente.

¿Cree que hay una percepción en la ciudadanía de que cuando son policías pueden hacer lo que quieran?

Hay evidencia de ese sentimiento de inseguridad en la población: la reducción del 15 por ciento de las denuncias de un año a otro no evidencia efectividad, capacidad de desempeño policial, lo que revela es desconfianza en la misma institución policial. No tenemos datos confiables del nivel de aceptación de la sociedad a la Policía. Hasta el 2006 o el 2007 las personas tenían una percepción muy buena de la Policía, pero esa opinión ha venido degradándose a medida que la Policía no resuelve los casos.

¿Todavía se puede seguir hablando de casos aislados cuando la Policía comete actos como el de Las Jagüitas (donde tropas antidrogas masacraron en 2015 a una familia inocente por “error” según la versión oficial)?

Pueden ser casos aislados que revelan las deficiencias de la Policía.

¿Quién manda en la institución?

Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de operadores políticos. Siempre se dijo que en los últimos años de la Aminta Granera no era ella la que mandaba, sino que era Róger Ramírez, el jefe de la Policía de Managua y este se reunía con (Néstor) Moncada Lau, que es uno de los operadores políticos de El Carmen (casa de la familia Ortega-Murillo), para la gestión de la Policía como tal. Salido Ramírez, quien está haciendo (esa labor) ahora es Francisco Díaz. En ese sentido, la Policía carece de una autonomía en término de funcionamiento.

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¿Qué se debe hacer para tratar de mejorar a la institución?

Hay que dejar de compararse con los peores, hay que revisar internamente a la Policía, a la Policía de Tránsito, a la Policía de la Academia y los policías que trabajan en línea y la oficialidad.

Responsabilidad de accidentes

El consultor en temas de seguridad, defensa y gobernabilidad democrática, Roberto Cajina, valoró que el incremento en los accidentes de tránsito es una responsabilidad compartida entre la Policía, que otorga las licencias; los conductores irresponsables que se convierten en homicidas, y la imprudencia peatonal, que está vinculado con las vías de comunicación defectuosa que construyó la Alcaldía.

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Cajina manifestó que en estos casos también surgen las dudas de qué procedimiento usa la Policía para otorgar licencias, con qué rigor se examina a quienes van a ser conductores, y qué tipo de pruebas se práctica.

Según Cajina, hasta ahora la medida de la Policía Nacional para frenar los accidentes y principalmente las muertes en las carreteras —casi 800 en 2016—, ha sido incrementar las multas. Sin embargo, considera que esto ha sido más con un fin recaudatorio.

El daño más grave

Que a la vista y paciencia de los policías sean agredidos los adversarios políticos de Daniel Ortega, es para Roberto Cajina el daño más grave que le ha hecho el régimen de Ortega a esta institución armada.

Cajina mencionó el caso de los motorizados que agredieron en el 2015 a la manifestación de la líder campesina anticanal, Francisca Ramírez, cuando la Policía bloqueó la protesta campesina. Al igual que el caso de OcupaINSS, en junio de 2013, cuando jóvenes fueron agredidos por delincuentes frente a policías.

Política Nicaragua Policía Roberto Cajina archivo

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