Las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre control fronterizo y vigilancia interna pueden agravar la situación ya precaria de cientos de miles de niños centroamericanos que huyeron de la violencia y las penurias en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“La expansión masiva de las medidas de control dispuesta en las órdenes ejecutivas puede promover la detención y la expulsión de niños, especialmente los que no tienen familia ni tutores en Estados Unidos”, dijo Jeanne Atkinson, directora de la Red de Servicios Católicos Legales de Inmigración (Clinic).
En 2016, cerca de 100,000 niños salieron de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para emprender el peligroso viaje hasta Estados Unidos, y según las cifras de detenciones de los últimos meses, el número podría superar los 150,000 durante 2017.
“Los niños huyen de condiciones que los estadounidenses no podemos ni imaginar”, dijo el nuevo secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ante el Atlantic Council en mayo de 2015, cuando era comandante del Comando Sur.
Según las cifras oficiales, cerca de la mitad de estos niños hacen el viaje solos, muchos guiados por “coyotes” y expuestos a la inseguridad. Las autoridades mexicanas devolvieron a más de 30,000 niños a los países del Triángulo Norte en 2016 y tuvieron que rescatar a cerca de 5,000 migrantes en situaciones peligrosas.
“Si tengo que elegir entre que muera a tiros a la puerta de mi casa en El Salvador o el peligro del viaje, prefiero que corra el riesgo”, dijo a Efe la madre de un adolescente recién llegado a Estados Unidos huyendo de las amenazas de las pandillas.
Programas para menores del istmo
En 2015, el Gobierno de Barack Obama creó el programa de Menores Centroamericanos (CAM) para evitar el riesgo del viaje y “ayudar a los niños vulnerables de América Central que califican como refugiados”, en palabras del entonces secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson.
A través del CAM, padres en situación legal en Estados Unidos han solicitado la entrada de más de 10,000 hijos y sus tutores en situación de peligro en Centroamérica. A finales de 2016, un millar de ellos se habían reunido con sus padres y el servicio de inmigración había entrevistado a más de 6,000 beneficiarios.
El CAM, considerado “una capitulación a la ilegalidad” por el nuevo secretario de Justicia, Jeff Sessions, fue paralizado por la orden ejecutiva sobre refugiados hasta que un juez federal decretó la suspensión del decreto.
Sin embargo, el CAM beneficia sólo a una pequeña parte de los afectados. En octubre y noviembre de 2016, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a cerca de 14,000 niños no acompañados y 30,000 miembros de unidades familiares con niños del Triángulo Norte, un aumento del 40 por ciento sobre el mismo período de 2015.
“La política del Gobierno de Obama de capturar y soltar incentivó la inmigración ilegal y aumentó la presión sobre la frontera sur”, dijo a Efe David Ray, director de comunicación de la organización FAIR, que defiende la reducción de los niveles de inmigración y cuyos miembros asesoran al nuevo Gobierno de Trump.
El CBP traslada al 99 por ciento de los niños no acompañados que llegan a la frontera a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que los reunifica en su mayoría (casi 20,000 en el último trimestre de 2016) con sus familiares en Estados Unidos o les asigna hogares de acogida.
Con temor a regresar
Alrededor del 70 por ciento de los miembros de familias procedentes del Triángulo Norte alegan un temor creíble a regresar a sus países, tras lo cual el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) venía decretando su libertad provisional a la espera del proceso de asilo.
“El cambio de la política del Gobierno de Trump establece la detención obligatoria de los que solicitan asilo”, dijo David Ray de FAIR acerca de las órdenes ejecutivas que pueden afectar a partir de ahora a las decenas de miles de familias y niños que soliciten asilo a los tribunales de inmigración.
A finales de enero, los tribunales de inmigración acumulaban casi medio millón de casos, más de la mitad de inmigrantes del Triángulo Norte con órdenes de deportación, que tienen que esperar una media de 500 días para comparecer ante el juez.
Este retraso también afecta a los niños no acompañados. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), en agosto de 2016 había más de 45,000 casos pendientes de niños no acompañados.
En los últimos dos años, los jueces y los abogados del ICE ejercieron su discrecionalidad procesal para cerrar por vía administrativa o archivar más de 10,000 casos de niños no acompañados, que pudieron regularizar su situación.
Los abogados temen que la aplicación de las órdenes ejecutivas de Trump acabe con esta discrecionalidad, pero dentro del ICE se insiste en la necesidad de que se mantenga, según una funcionaria de esa institución.
Las intenciones del gobierno de Trump también afectan a los hijos de los más de 260,000 hondureños y salvadoreños que gozan de protección temporal (TPS), que está vigente hasta principios de 2018 y cuya renovación estará en manos de Sessions y Kelly.
