Mientras el país oscila entre el autoritarismo y el caos, en los Estados Unidos (EE.UU.) se vive una gran batalla: el decreto migratorio aprobado por Donald Trump, que veta temporalmente la entrada en el país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y que según el ejecutivo norteamericano ha sido un “ejercicio legítimo” de la autoridad del presidente, fue frenado por un juez federal de Seattle, James Robart, dejándolo en suspenso como medida cautelar a raíz de la denuncia que fue presentada por los estados de Washington y Minnesota.
Lo interesante es que el sistema de pesos y contrapeso creado por los redactores de la Constitución norteamericana funciona, y el Estado de derecho prevalece encima de las pasiones y del poder del príncipe.
En el fondo, lo que el juez James Robarte hizo fue suspender el acto administrativo, dando cabida para tener tiempo y determinar si en realidad se estaba o no violando la Constitución. La suspensión del acto reclamado ha tenido por objeto primordial mantener viva la materia del juicio, impidiendo que acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la justicia.
El caso ha llegado hasta una Corte de Apelaciones en San Francisco, la cual tendría que decidir mantener o no el bloqueo de la orden presidencial. La parte que salga perdiendo puede recurrir al Tribunal Supremo.
Son horas de tensión en una batalla campal judicial, aderezada con ofensas sin precedentes del presidente en Twitter contra todo el poder judicial. “No me puedo creer que un juez ponga a nuestro país en semejante peligro. Si pasa algo, la culpa es suya y del sistema judicial. La gente está entrando. ¡Malo!” Así está escrito en Twitter por el presidente de Estados Unidos.
Las repercusiones de lo que en esta batalla llegue a prevalecer son enormes, hasta el momento más de 60,000 personas han sido perjudicadas de una u otra manera, como muy bien lo dijo Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “En esta batalla están en juego proyectos de vida, reencuentros familiares, historias reales de inmigrantes y refugiados que ya habían pasado por todo el proceso burocrático de investigación para obtener sus visados y tenían hechas las maletas hacia Estados Unidos. Inmigrantes o visitantes de Irán, Irak, Sudán, Siria, Yemén, Somalia y Libia que tenían visados aprobados, o incluso tarjetas de residencia permanente en el país, se han visto detenidos durante una semana en los aeropuertos por la amplia interpretación que la policía de aduanas hizo de la orden ejecutiva del presidente”.
Muy bien lo explica en un luminoso artículo Guillermo Altares cuando dice: “El decreto estadounidense implica una clara denegación de los derechos de los refugiados a solicitar asilo así como a no ser devueltos al lugar de persecución o guerra”. “Ambos están firmemente reconocidos en el derecho internacional. La política de rechazar la admisión de solicitantes para impedir que alguien busque asilo en tu país no es una solución justa al problema que suponen los grandes flujos de refugiados en nuestros tiempos. El cierre de fronteras dirige a los refugiados a otra parte”.
Sería conveniente que los abogados en Nicaragua tomaran nota de este acontecer, los que aspiramos a que nuestro país se convierta en una verdadera democracia representativa, al estilo europeo, los que queremos ver que funcionen los sistemas de pesas y contrapesas en nuestro andamiaje jurídico, deberíamos de estar conscientes de este acontecer.
El autor es abogado.
