A dos meses del asesinato de una familia indígena en una comunidad de Alamikamba, Prinzapolka, Caribe Norte, el caso aún está en impunidad.
Se trata de Bernicia Dixon Peralta, quien estaba en estado de gestación, su esposo Feliciano Benlis Flores y su hijo de 11 años, Feliciano Benlis Dixon. Aunque después de la denuncia pública efectuada por los familiares de las víctimas y del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), la Policía envió a un equipo operativo al sitio y detuvo a un sospechoso. Sin embargo, el hombre poco tiempo después quedó libre, conoció la presidenta de Cejudhcan, Lottie Cunningham.
Esto provocó que más bien los familiares de las víctimas sean amenazados y ahora “están con temor por hablar y hablar en público”, dijo la defensora de derechos humanos de lo indígenas.
Cunningham también denunció que las autoridades no permiten que los abogados de Cejudhcan tengan acceso al expediente. “La Policía Nacional como institución competente de hacer las primeras diligencias de investigación, no trata de ver a los defensores de derechos humanos como parte del proceso, eso para nosotros es preocupante”, dijo Cunningham.
En un comunicado publicado en Washington, el pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció la muerte de 14 defensores de derechos humanos en la región conocida por ese organismo en los primeros meses del año. El comunicado de la CIDH recoge el caso de la familia indígena nicaragüense asesinada entre las víctimas.
“En este contexto, y a pesar del llamado de la CIDH al Estado para proteger a los miembros de la comunidad Miskitu, fue asesinada en su tierra una familia entera”, destaca la CIDH en su comunicado.
Y añade ese organismo: “La información recibida indica que el homicidio fue una represalia porque la familia había llevado su asunto a las cortes de justicia, a través de lo cual obtuvo legalmente el título de propiedad sobre sus tierras”.
La CIDH señala también que los Estados tienen la obligación de establecer responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
Preocupación hecha pública
Lottie Cunningham apreció el comunicado emitido por la CIDH en el que expresa preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en la región.
Y a su criterio es una forma que encuentra ese organismo de hacer pública su preocupación por las continuas violaciones a los derechos humanos de los indígenas en el caso particular de Nicaragua. Esto porque aún que la CIDH otorgó medidas cautelares para doce comunidades indígenas del Caribe Norte, el Estado de Nicaragua no cumple con ellas.
Recordó la presidenta de Cejudhcan que el Gobierno en representación del Estado de Nicaragua ahora no llega a las audiencias o a las reuniones privadas “que son mecanismos para buscar solución a la vulnerabilidad de los derechos que están sufriendo los pueblos indígenas”. Al no cumplir con las medidas cautelares, el Estado incumple con compromisos internacionales que ha contraído, dijo la defensora.
Le puede interesar: Violencia contra los indígenas en Waspam, es ignorada por el gobierno