El poeta y sacerdote Ernesto Cardenal fue notificado por medio de un edicto judicial publicado en La Gaceta, Diario Oficial, del pago de 17.2 millones de córdobas (800 mil dólares, al cambio vigente cuando fue emitida la resolución judicial) en concepto de indemnización por daños y perjuicios por supuesto incumplimiento de contrato a Nubia del Socorro Arcia Mayorga.
Esto como resultado del juicio emprendido por esta en contra de Cardenal por desacuerdos en el manejo de la sociedad Asociación para el Desarrollo de Solentiname, por la propiedad del hotel Mancarrón, ubicado en el Archipiélago de Solentiname, el cual fue administrado por el sacerdote trapense hasta el año 1999.
LA PRENSA llamó a las oficinas del hotel Mancarrón, pero nos dijeron que Arcia Mayorga no se encontraba en el mismo y prometieron darle nuestro mensaje. Al cierre de esta edición, todavía no había respondido.
El edicto judicial publicado en La Gaceta fue promovido por el abogado José Ramón Rojas Méndez, en representación legal de Arcia Mayorga. Rojas Méndez es conocido en el circuito judicial por haber representado al actual presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, cuando este fue acusado por su hijastra Zoilamérica Narváez, de abuso sexual.
La sentencia que se está notificando fue emitida el 17 de junio de 2016, en el Juzgado Tercero Distrito Civil de la circunscripción. El juicio comenzó en 2005, y desde esa fecha el poeta trapense ha acusado al actual presidente designado de usar el control que tiene en el poder judicial para perjudicarlo.
Luego que LA PRENSA revelara en su sitio web la notificación al poeta Cardenal, se escribió en el perfil público en Facebook del sacerdote: “La persecución política es incesable, las calumnias y falsas reclamaciones económicas, por una justicia subjetiva a los intereses políticos del actual gobierno Ortega/Murillo. Cualquier otra persona ya se hubiese doblegado y guardado silencio ante semejante atropello y persecución. Pero si yo guardo silencio ante semejantes ataques políticos, ¿quién será el siguiente? Hasta ya no más encontrar, una voz opuesta a la actual dinastía política”.
“GOBIERNO SE EXHIBE”
Luz Marina Acosta, quien tiene casi treinta años de ser asistente personal del sacerdote trapense, reveló que le preocupa cómo esta noticia pudiese afectar al poeta Cardenal.
“En un señor de 92 años. No le podés dar una noticia así porque lo podés afectar mucho. Lo que vamos a hacer es que la semana que viene nos vamos a reunir con los abogados para ver cuál es la acción legal que vamos a decidir, porque esto no es asunto de justicia, esto es persecución en contra de un anciano que ha da todo por Nicaragua, y no recibe de este gobierno ni una pensión. Más bien en vez de estarle demandando, deberían de darle ese dinero al poeta Cardenal por lo que ha hecho por el país”, aseguró Acosta.
También lamentó que esta noticia se da en el marco del Festival Internacional de Poesía de Granada, el cual inicia hoy, y no duda en señalar que este proceso judicial es un represalia política en contra del sacerdote trapense, fuerte crítico del gobierno formado por Ortega, y su esposa la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo.
“El Gobierno se exhibe. Estamos en el Festival Internacional de Poesía y viene y manda a hacer eso al poeta más grande que tienen. Mientras en otros lados los andan tratando con esmero y cuidado, aquí más bien lo que están haciendo es abusando de su más grande personaje, alguien que además es un anciano que no tiene dinero para pagar esa cifra. Él solo se ha dedicado a dar su arte al pueblo de Nicaragua”, añadió Acosta.
Carta pública de Cardenal
Cuando la sentencia en la vía penal sobre este caso fue emitida en 2008, por el entonces juez Primero de Distrito Penal, David Rojas, el poeta Cardenal dirigió una carta pública en la que dejó claro que no iba a acatar ninguna resolución judicial, por considerarle injusta e ilegal. Estas han sido las únicas declaraciones del poeta sobre este caso.
“En primer lugar, ese supuesto delito había prescrito desde hace varios años. En segundo lugar, es una sentencia política sin ninguna base jurídica. Es simplemente una venganza de Daniel Ortega por la acogida que tuve en Paraguay durante la toma de posesión del presidente (Fernando) Lugo, mientras a él se le impidió llegar”, precisa la carta, hecha pública el 27 de agosto del 2008.