Pocas cosas detestan tanto los gobiernos autoritarios como la autonomía. El diccionario la define como “facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros”. Los autoritarios, obsesionados por controlar, anhelan más bien sistemas donde se suprima el más mínimo margen de actuar y pensar independientes y se asegure la obediencia ciega a las órdenes de arriba.
No debe sorprender por eso que el orteguismo haya privado de sus escaños a diputados de su propia bancada que se han atrevido a disentir (Xóchilt Campos y Agustín Jarquín) y que patrocine la abominable “ley del transfuguismo político”, que busca castigar a los legisladores que no se enfilen con lo que manda el partido. Tampoco que el primer ministro de Educación de Ortega en 2007, Miguel De Castilla, haya tratado de desmontar completamente la autonomía escolar que fungía desde 1993.
De Castilla utilizó como pretexto que los colegios públicos cobraban a los estudiantes —a pesar de que eran cuotas voluntarias modestas, típicamente diez pesos, y de que ningún estudiante fue jamás rechazado por no aportar— pero la verdadera razón es otra: en palabras del propio De Castilla, la autonomía escolar era “un modelo de descentralización de la educación sin precedentes, como era trasladar un conjunto de potestades del Ministerio de Educación directamente a las escuelas”. Ese era el pecado imperdonable: restar poder al Estado y trasladarlo al público.
Particularmente odioso, para Ortega y De Castilla, era que los centros autónomos eligiesen con el voto de sus maestros y padres de familia a su propio director. Esto privaba al ministro de la potestad de imponer desde arriba los fieles a su partido. También les era odioso pasar a los colegios el manejo autónomo de sus presupuestos, otorgándoles la facultad de contratar y despedir maestros sin consultar al ministerio. De Castilla comenta, al efecto, que “antes de 1993, durante toda la historia de la educación nicaragüense, todos los pagos necesarios para el funcionamiento de las escuelas públicas estaban centralizados en manos del Ministerio de Educación”, mas después pasó a estar en manos de “Consejos Directivos Escolares, integrados por representantes de los padres de familia, maestros, estudiantes y el director”. ¿Habrase visto semejante pecado?
La autonomía escolar tenía, obviamente, defectos susceptibles de corrección; como era el afanarse demasiado por aumentar los ingresos del centro a través de kermeses, rifas, etc. Pero tenía, entre sus virtudes, el fomentar la participación en el proceso escolar de toda la comunidad escolar —padres, docentes, estudiantes—, despolitizar el sistema, y estimular la iniciativa y la toma local de decisiones; paradójicamente lo mismo que pregona la llamada “democracia participativa” que el Gobierno honra, pero solo de palabra.
Hoy las cosas son obviamente distintas. El martes pasado me preguntaba, mientras veía un salón abarrotado del Hotel Camino Real, donde Funides presentaba una excelente investigación sobre factores que afectan nuestra calidad educativa, por qué ningún miembro del Ministerio de Educación estaba presente. “Nadie se atreve”, me respondió un exministro. “Hoy día nadie puede asistir a nada sin pedir permiso de la ministra”.
Lo anterior es un botón de muestra de la atmósfera que hoy día impera en la educación pública nicaragüense. Los directores no pueden hacer una excursión, ni cambiar un docente, o un examen, sin permiso del Mined central. La falta total de autonomía o iniciativa entre los funcionarios es total; el miedo omnipresente. Maestros enseñando horribles manuales de propaganda política, llenos de faltas de ortografía. Y sin poder decir nada más que “sí señor”.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
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