Parlamento Europeo emite resolución en apoyo a Francisca Ramírez

Los eurodiputados solicitan al Gobierno de Daniel Ortega que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

Francisca Ramírez, Líder anticanal

Francisca Ramírez, líder del movimiento anticanal en Nicaragua. LA PRENSA/R. Fonseca

El Parlamento Europeo (PE) emitió este jueves una resolución condenando desprotección de los defensores de los derechos humanos en Nicaragua, haciendo especial referencia al caso de la líder campesina anticanal Francisca Ramírez y lamentando el deterioro del Estado de derecho y la democracia en el país.

Los eurodiputados solicitan al Gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, «que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas, firmada en 2008, así como a respetar plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes».

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«La Cámara insta al gobierno nicaragüense a abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional para Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea en diciembre de 2016, y también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia», expresa la Cámara de eurodiputados, a través de una nota de prensa.

La nota también destaca «el deterioro del Estado de derecho y la democracia en el país» y denuncian que «las elecciones libres se ven dificultadas por la exclusión de los candidatos de la oposición, mientras que los periodistas se ven con frecuencia acosados e intimidados, incluso con amenazas de muerte, y sometidos a detención».

Una victoria política dice asesor de campesinos

La resolución del Parlamento Europeo es «un triunfo político contundente del movimiento campesino, de quienes les hemos apoyado y especialmente de Francisca Ramírez como líder y defensora de derechos humanos», dijo la abogada ambientalista y asesora de movimiento campesino, Mónica López.

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«Es el producto -continuó López- de cuatro años de trabajo en que hemos insistido en abrirle los ojos al mundo de la colosal monstruosidad que es la concesión canalera. Esperamos que Ortega entienda que llegó el momento de derogar la Ley 840 y que cese la represión».

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Ramírez, también conocida como doña Chica, lidera las protestas campesinas contra la Ley del proyecto del Canal Interoceánico (Ley 840), que otorga una serie de beneficios a discreción al concesionario de esta obra, un empresario chino Wang Jing.

La concesión otorgada al empresario chino es por cien años. El proyecto es valorado en 50 mil millones de dólares, pero no está claro quién lo financiará, no ha licitado nada ni ha expropiado una sola pulgada de tierra, pese a las amenazas que su ley —la Ley 840 o Ley del Canal— representa para decenas de miles de campesinos que viven en la planeada ruta interoceánica.

Guatemala

El Parlamento Europeo también condena los recientes asesinatos de Laura Leonor Vásquez Pineda, Sebastián Alonzo Juan y los periodistas Víctor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona y Winston Leonardo Túnchez Cano, así como los asesinatos de catorce defensores de los derechos humanos cometidos en Guatemala en 2016.

Según la nota de prensa, «los eurodiputados hacen hincapié en que estos asesinatos, y la asentada cultura de impunidad, junto a los elevados niveles de violencia y criminalidad en el país, hacen muy difícil el trabajo de los activistas pro-derechos humanos».

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