El gobierno de Ortega ha actuado como si la holgura económica de la que ha disfrutado hasta ahora, y la impunidad política que esa holgura le ha propiciado, no tendrían límites.
Pero esos límites han empezado a insinuarse.
La disminución de la cooperación petrolera de Venezuela, la casi total paralización de las exportaciones hacia ese país, la aguda disfuncionalidad de las instituciones por la corrupción, y la permanencia, prácticamente intacta, de los obstáculos estructurales al crecimiento del país, por el lado económico, son algunas señales de los límites. Y la resolución del Parlamento Europeo de hace dos días, que se suma al riesgo de la “Nica Act”, así como la masiva abstención en noviembre pasado, son señales inequívocas de límites que asoman por el lado político.
Llama la atención, en la resolución del Parlamento Europeo titulada “Situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua: el caso de Francisca Ramírez”, la enumeración que se hace, en once considerandos —¡once!— de violaciones a los derechos humanos y la democracia en el gobierno de Ortega, y la enumeración de catorce compromisos y declaraciones internacionales contrariadas o violadas —¡catorce!— y eso sin mencionar compromisos estrictamente interamericanos.
Son hechos, y no falsas imágenes que malos nicaragüenses hemos propalado en el extranjero, como Somoza decía de dirigentes del sector privado que denunciaron abusos de su régimen después de la primera Convención del Sector Privado en marzo de 1974.
La resolución se adoptó a raíz del caso de la represión a la manifestación que la líder del más importante movimiento social, Francisca Ramírez, encabezó en defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional. Pero esa violación al derecho de organización, participación y manifestación fue apreciada en el Parlamento Europeo dentro de la matriz autoritaria de Ortega, de cuyo historial se lleva nítido registro. Y eso que, en el registro, no estaba el caso del vergonzoso acoso político a Ernesto Cardenal, una de las figuras literarias latinoamericanas más conocida en Europa. Como anécdota, que apuntala el argumento, recuerdo que Jean-Claude Trichet, entonces director del Tesoro de Francia y que luego sería el primer presidente del Banco Central Europeo, sorprendió a una delegación del gobierno sandinista, a principios de los ochenta, recitando de memoria, en francés, uno de los salmos de cardenal.
Ortega, cuya longevidad en el poder se explica por su sentido del mismo, se ha dado cuenta de los límites que se asoman. Y ha maniobrado. Y en esos requiebres frente a las circunstancias, invitó a la Secretaría General de la OEA a una suerte de diálogo. Eso lo hizo frente a la “Nica Act”, aprobada en septiembre pasado, y con el obvio propósito de impedirla.
Después sobrevinieron hechos inesperados que incrementan riesgos para Ortega. El triunfo de Trump, que ha introducido incertidumbre en exportaciones, migrantes, remesas y turismo; también señales de incremento en las tasas de interés internacionales, y sus obvias consecuencias nacionales en deudores —por automóviles, casas, etc.— a tasas variables, que verán restringido su nivel de vida, y otros su propio empleo por disminución de la actividad económica, acentuando las restricciones señaladas al principio de este artículo; ahora la resolución del Parlamento Europeo, que dos veces cita la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de Nicaragua con la Unión Europea; y finalmente, el acuerdo del pasado 20 de enero entre el gobierno de Ortega y el secretario general de la OEA, que se quedó corto frente a las expectativas de la oposición, la realidad que describe el Parlamento Europeo y los objetivos de la Nica Act.
Pero el acuerdo con la OEA establece una cierta hoja de ruta o, para que nos entendamos los nicaragüenses, marca un rumbo. Si ese rumbo conduce al futuro, o al pasado que ya conocemos, en buena parte dependerá del memorando de entendimiento del 28 de febrero que gobierno y OEA anunciaron, y de que las elecciones municipales de noviembre se realicen bajo condiciones que permitan a la verdadera oposición participar. En este sentido, no es la fecha de esas elecciones lo que importa, sino las condiciones de las mismas y mucho dependerá de lo que se anuncie el 28 de febrero.
El autor fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua.