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Carlos Sánchez Berzaín

Elecciones en Ecuador

El modelo electoral del SSXXI, aplicado en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua está diseñado para que haya elecciones, haya votación, pero siempre gane el oficialismo. El margen de triunfo de la oposición debe ser muy grande para neutralizar el fraude oficialista, como sucedió en las elecciones 2015 para la Asamblea de Venezuela o en 2016, el referéndum constitucional en Bolivia. Enfrentamos, pues, la coartada con que las dictaduras nacidas del proyecto castro-chavista en la región se presentan como democracias alegando que el pueblo vota, cuando en realidad le quitan al proceso electoral las características de ser transparentes, “libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, como manda el Art. 3 de la Carta Democrática Interamericana.

En las elecciones del 19 de febrero los electores ecuatorianos recibirán cinco papeletas para elegir presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, legisladores provinciales, parlamentarios andinos y la quinta de consulta sobre los paraísos fiscales. La lucha está centrada en la elección de presidente y vicepresidente, por eso el “fraude institucionalizado para simular democracia” abarca como mínimo el control de los órganos electorales y judiciales cuyos personeros responden al régimen; el cambio de la organización territorial electoral a favor del oficialismo; la modificación del porcentaje para ser elegido, pues ahora para ganar en la primera vuelta solo se necesita el cuarenta por ciento de “votos válidos” con ventaja del diez por ciento sobre el segundo; la manipulación de inscripción ciudadana, al extremo que sobre una población de poco más 16 millones de ecuatorianos hay 12.4 millones de votantes registrados, lo que representa que, supuestamente, en Ecuador  votan ¡más del 78 por ciento de los habitantes!; la inhabilitación de candidatos como Villavicencio y otros; la utilización del aparato del Estado a favor de la candidatura oficialista con Rafael Correa como jefe de campaña; el empleo de medios de comunicación y espacios del gobierno en favor de los candidatos oficialistas y  en desventaja para los opositores; el cohecho y la prebenda electorales operados desde el gobierno. Existen denuncias de que más de un millón de muertos están inscritos y que podrían participar para ayudar al régimen, porque el indicador más grave es el sistema de cómputo de los votos válidos, nulos y blancos. El Universo publicó la opinión de Germán Rojas —experto en matemática electoral— quien plantea que en caso de que un veinte por ciento de los votantes anule o deje en blanco su voto, el binomio presidencial puede ser escogido en primera vuelta si alcanza el 32 por ciento de los votos totales (incluyendo votos nulos y blancos) y si quien le sigue tiene menos del 24 por ciento. Así: “Ni siquiera la tercera parte de los electores ya elegiría a un presidente, porque en vez de que la mayoría absoluta sea en función del total de votos, se la calcula del total de lo que se conoce como votos válidos”. El sistema electoral, con el gran número de inscritos para votar, estaría arreglado para que el oficialismo con solo el 32 por ciento de votos “elija fraudulentamente” a Lenin Moreno y Jorge Glas en primera vuelta.

Resumido así el fraude, el tema de la corrupción es de escándalo. Entre otros casos, el denominado “lava jato”, o sea, la corrupción creada por el Foro de Sao Paolo a partir de los gobiernos del Partido de los Trabajadores  en Brasil de Lula y  Dilma Rousseff y expandido por toda la región, incrimina directamente a Rafael Correa y su gobierno, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 35.5 millones de dólares fueron entregados por Odebrecht como sobornos en Ecuador. Rafael Correa reaccionó pidiendo “beneficio de inventario” (¡!??) e implementando acciones de Estado —fiscal oficialista de por medio— para evitar que se conozcan quiénes recibieron o intervinieron en dichos  sobornos, logrando hasta ahora con éxito que no aparezcan ni se confirmen los nombres de su entorno, el suyo o, como señalan las redes sociales “el de su candidato a la presidencia y vice presidencia”. En este caso Correa está señalado por lo menos como encubridor y parece que “el que tapa otorga”.

Otros escándalos de corrupción como el caso Petroecuador con denuncias de su expresidente Capaya contra su propio gobierno y, concretamente contra el candidato Jorge Glas, como lo ha registrado el  diario Miami Herald y otros medios, hacen urgente la necesidad de que la fórmula oficialista gane las elecciones del 19 de febrero en primera vuelta, objetivo que solo pueden conseguir con fraude. La necesidad de Rafael Correa de imponer el triunfo de Lenin Moreno-Jorge Glas, tal vez se esté viendo  acrecentada por miedo a seguir los pasos del expresidente peruano Alejandro Toledo, ahora acusado por la corrupción de Odebrecht, con orden de prisión y recompensa en dólares por su captura.

En la segunda vuelta los candidatos oficialistas no tienen ninguna opción. Si el resultado del 19 de febrero es una segunda vuelta electoral, cualquiera que sea el candidato que resulte segundo, este se vislumbrará como seguro ganador y próximo presidente del país, porque en términos reales y de acuerdo con todas las encuestas —incluso las oficialistas— Ecuador quiere cambio y el SSXXI correísta tiene a más de dos tercios de los ciudadanos en contra por muy justificadas razones. ©FIRMAS PRESS

El autor es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.
www.carlossanchezberzain.com

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