El pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre el retroceso que ha sufrido la democracia en Nicaragua durante los últimos años, es claro y contundente.
La preocupación expresada por el Parlamento Europeo en su declaración emitida el 17 de febrero, es comprensible, legítima y necesaria. La democracia se estableció en Nicaragua a partir de las elecciones de febrero de 1990, porque los nicaragüenses decidieron poner fin a la guerra y escoger el camino electoral para dilucidar sus controversias políticas, elegir voluntariamente a sus gobernantes y establecer un sistema político democrático, como hacen todas las naciones civilizadas del mundo. Sin embargo, la democracia no se hubiera podido establecer en Nicaragua sin las mediaciones políticas y el apoyo económico de la comunidad internacional, incluyendo de manera destacada a la Unión Europea.
De manera que es comprensible y justo que la comunidad internacional reaccione a los atropellos del régimen orteguista contra la democracia, en primer lugar al mecanismo de elecciones libres y limpias que fue estipulado en los acuerdos internacionales para la democratización de Nicaragua y Centroamérica, como condición indispensable para el establecimiento de la paz firme y duradera en el país y en toda la región.
Suena lógico, entonces, que después de constatar el grave deterioro que en los últimos años han sufrido la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua, el Parlamento Europeo demande al régimen de Daniel Ortega que “respete plenamente los valores democráticos”, los cuales incluyen la separación de poderes, la rendición de cuentas, el pluralismo político efectivo, la libertad de expresión sin restricciones, la independencia del poder judicial, la existencia de una vigorosa sociedad civil, el respeto a los derechos humanos, etc.
En su declaración sobre Nicaragua el Parlamento Europeo ha enfatizado su respaldo a doña Francisca Ramírez, la valiente dama campesina que encabeza la lucha por la derogación de la ley canalera, y con los indígenas del Caribe cuyas tierras ancestrales están siendo invadidas y usurpadas ante la indiferencia o complicidad gubernamental.
Una atención especial hay que poner en el punto 10 del pronunciamiento de los parlamentarios de Europa, en el cual se “señala que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de América Central, se debe recordar a Nicaragua (o sea al régimen de Ortega) la necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, valores que la Unión defiende y promueve; (e) insta a la Unión a que vigile de cerca la situación y, si fuera necesario, sopese las medidas que se podrían tomar”.
Es obvio que esto se refiere a que la Unión Europea podría imponer sanciones políticas o de otra naturaleza al régimen orteguista —como ya lo hizo después del fraude electoral de 2008—, por sus flagrantes atropellos a la democracia y violaciones a los derechos humanos.
El Parlamento Europeo, igual que la OEA por medio de su secretaría general, solo le pide a Ortega que cumpla lo que tiene obligación de cumplir. Nada más que eso.