El día jueves 23 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que él apoyaba algún tipo de impuesto con “ajuste en la frontera” (border adjustment tax), refiriéndose a la transformación del sistema impositivo norteamericano, en lo relativo a la imposición sobre las ganancias corporativas.
Como se sabe, el liderazgo republicano en el Congreso de Estados Unidos promueve una reforma fiscal que implicaría la sustitución del actual Impuesto sobre el beneficio de las corporaciones por un impuesto a los flujos de caja, modificado por el destino de los bienes y servicios mediante el denominado ajuste en la frontera.
Por su parte, el secretario del Tesoro declaró que la transformación del sistema impositivo de los Estados Unidos debería haber sido finiquitada para el mes de agosto, lo cual constituye otro indicador de que la Administración del presidente Trump está dispuesta a impulsar, lo más rápidamente posible y con plena fuerza, los cambios a los cuales este se comprometió durante la campaña electoral.
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Según las palabras del presidente norteamericano, un impuesto con ajuste en la frontera —el cual grava las importaciones, pero deduce de su base imponible las exportaciones— permitiría generar empleo en el sector exportador, mientras que al gravar las importaciones forzaría a las empresas que han relocalizado sus operaciones en el exterior a retornar a los EE. UU. para evitar este gravamen.
Este impuesto tendría además otra ventaja, en términos de la propia reforma impositiva: al ser las importaciones norteamericanas mucho mayores que las exportaciones, el impuesto generaría una importante recaudación neta que haría posible financiar la reducción en las tasas del impuesto sobre las ganancias de las sociedades, y sobre la renta personal.
Se trataría, en el fondo, de establecer un impuesto que recaería sobre los consumidores para pagar por la reducción en la carga impositiva sobre las corporaciones.
Un impuesto con ajuste en la frontera, con una tasa del veinte por ciento, implicaría el traslado a los consumidores y usuarios norteamericanos del mayor costo de los bienes finales y componentes importados y, dada la elasticidad precio de la demanda de los diferentes tipos de bienes, significaría una disminución en la demanda de los mismos de una u otra cuantía.
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Al gravar “por parejo” a las importaciones provenientes de todo el mundo, no solo afectaría a las exportaciones de China o México hacia los Estados Unidos, sino a la del conjunto de países que, en todo el planeta, exportan hacia este país del norte, siendo especialmente vulnerables los países con una elevada dependencia del mercado norteamericano.
Como puede verse, no es necesario que se revise el Cafta para que un país de una economía pequeña y abierta como la nuestra, que depende excesivamente del mercado norteamericano, sea afectado, de manera muy severa, por las políticas de la nueva administración estadounidense.
Pero quizá la afectación más grave se produciría por la disrupción del comercio internacional y las cadenas globales de valor y suministro que ocurriría si China —la economía más grande del mundo si se la mide en términos de paridad de poder adquisitivo— y otros grandes polos de la economía mundial, responden a estas políticas con medidas retaliatorias, con lo cual se desencadenaría una guerra comercial de imprevisibles consecuencias.
En los últimos años el comercio internacional se ha estancado en términos de volumen y se ha reducido en términos de valor, y en este contexto una guerra comercial sería desastrosa para todo el mundo, pero especialmente para los pequeños países altamente dependientes del comercio exterior.
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A mí me parece que nuestro país debería prepararse para enfrentar de mejor manera estos escenarios. Y usted ¿qué opina?
(*)Economista
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