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Denis Silva García

Sistema de salud criminal

Nicaragua, como Estado signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arto. 25), reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y una mejora continua de sus condiciones de existencia, en las cuales se incluyen la alimentación, vestido, vivienda, salud, trabajo y seguridad social. La pobreza es el principal determinante del estado de salud de la población nicaragüense.

Según INEC (2016), el mapa de pobreza en Nicaragua identificó 98 de 153 municipios pobres.

El Índice de Desarrollo Humano Municipal clasifica a sesenta municipios con IDHM bajo y medio. El derecho a la salud está consignado en la Constitución, arto. 59 establece que “los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud”. Pero lo que encontramos en la realidad que el gobierno asignado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), no establece por ninguna manera las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación de estado de la salud de la población que acude a los centros asistenciales de salud del Ministerio de salud y la del gran negocio: Las empresas médicas aprobadas por el INSS.

Llegar a un hospital es una moneda al aire, entre la vida y la muerte, y lo podemos establecer a dos eventos: El personal médico cada día más escaso y la calidad de los medicamentos que se entregan. Ahora llegar a emergencia o a una consulta externa en las clínicas aprobadas por el INSS, los asegurados más vulnerables son los adultos mayores, ni son atendidos y son un estorbo para estas empresas privadas que son vistas como un negocio que ha hecho grandes capitales a los presidentes y a veces a los dueños, tienen preparación médica, son expertos en análisis financieros en donde se les exige no realizar los test obligatorio para un diagnóstico que salvará la vida. Llegar a un hospital o un centro asistencial del INSS es un acto en donde las negligencias médicas son encubiertas. Es triste al salir de estos centros asistenciales y ver anuncios de funerarias y de cementerios privados. Enfermarse en nuestro país es caso de alto riesgo de muerte. A diario los que siendo los jóvenes en los años ochenta dimos nuestra juventud, sangre y sudor, y sobrevivimos a una guerra que se pudo evitar y muchos de nuestros hermanos mueren por la falta de la aplicación de la Ley 830, que establece la atención médica en los hospitales de manera preventiva y no son atendidos en sus patologías propias de sus shock postraumático del espectro de la guerra a que fuimos expuestos, unos voluntarios y muchos obligados.

Existe una estadística impresionante de muerte de exmiembros de las fuerzas militares, entre los 45 y 55 años por diabetes tipo II y muchos son mutilados sus miembros. Presión alta, lo que provoca a su vez infartos al miocardio y accidentes cerebrovasculares, por la falta de una política de chequeo y de prevención de nuestras patologías y solo cuando se presenta un estado grave son atendidos en estos hospitales con procedimientos obsoletos, y cuando fallecen solo queda la humillación de buscar una caja en las municipalidades y solo la entregan si fuiste de los que ellos consideran “fieles” al dictador, que repitieron consignas desgastadas. La salud mental es una epidemia sin control, la falta de trabajo y la depresión que conlleva a muchos al alcoholismo y el daño a su hígado, nos estamos muriendo a diario y las autoridades callan y son cómplices de un sistema de salud criminal, donde la promesa hipocrática es otra consigna.

El autor es catedrático universitario.

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