El activista político Carlos Bonilla, que sufrió una agresión por varios desconocidos el año pasado, insiste en que el gobierno de Ortega lo mandó a asesinar.
“Yo sigo culpando al Estado de Nicaragua, al Gobierno, que me mandó a asesinar, hasta que me demuestren lo contrario. Si quieren que deje de decir que no fue el Estado que me mandó a matar, que me muestren pruebas y me muestren a las personas que me quisieron asesinar”, afirmó Bonilla, quien también es secundado por su esposa, Gabriela García, quien también fue agredida.
Bonilla sostiene que tras un año de la tentativa de asesinato, jamás la Policía le brindó ningún resultado de alguna investigación.
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El 26 de febrero de 2016 Bonilla y su esposa se dirigían a una conferencia para dar a conocer los resultados de una encuesta en que la población cuestionaba el sistema electoral, cuando fueron interceptados por varios individuos armados de puñales, que atacaron sin piedad a los activistas políticos, hoy militando en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) orientó al Gobierno de Nicaragua medidas cautelares a favor de Bonilla, pero, según el activista, también fueron ignoradas por el Estado.
Bonilla dijo que se asesora para denunciar al Gobierno ante la CIDH “por daños y perjuicios”.
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