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Kitty Monterrey, directora ejecutiva de Ciudadanos por la Libertad.

Kitty Monterrey, directora ejecutiva de Ciudadanos por la Libertad.

CxL: Acuerdos con OEA son única alternativa para Nicaragua

Los directivos de la organización política Ciudadanos por la Libertad (CxL) consideraron "correctos" los acuerdos del Gobierno con la OEA.

La directora ejecutiva de la organización política Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, manifestó este miércoles que los acuerdos firmados entre el Gobierno, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el poder electoral son la única alternativa para cambiar al régimen de Daniel Ortega.

“Si hubiera otra alternativa para sacar a Daniel Ortega del poder hoy, yo te apuesto que nosotros Ciudadanos por la Libertad estaríamos en esa opción, pero mientras yo no vea (otra opción), y aquí todos coincidimos en eso, de que a la vía cívica sólo se puede ir a través de un proceso electoral”, manifestó Monterrey en conferencia de prensa, donde los directivos de CxL dieron a conocer su posición sobre los acuerdos con la OEA, los cuales calificaron de “correctos”.

“Si la OEA está dispuesta a venir a observar, nosotros tenemos que hacer la lucha cívica”, agregó Monterrey.

El gobierno de Ortega acordó con la OEA permitir observación electoral con todas las garantías en las próximas elecciones municipales.

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En los acuerdos, el CSE se compromete a garantizar a la Misión Electoral de la OEA “el pleno acceso a los órganos electorales descentralizados”, a facilitar copias de los resultados que consten en las actas de escrutinio de aquellas Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde no estén presentes los miembros de la misión durante el proceso de escrutinio de votos de las elecciones municipales. El CSE también se compromete ante la OEA a brindarle información relativa a los padrones electorales y a los datos contenidos sobre los padrones en los sistemas automatizados del CSE, así como proveer información sobre el sistema de cómputos para el día de las elecciones y “ofrecerá demostraciones de sus operaciones”.

Monterrey valoró que si Ortega decide no cumplir con el acuerdo “va ha ser bien serias las repercusiones, porque este acuerdo se desprende de un contrato entre un Estado miembro y la OEA”.

Este no es un simple acuerdo de observación de un proceso electoral, este es un documento serio”, dijo Kitty Monterrey.

Monterrey reiteró la confianza en la gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. “Nosotros tenemos que saber que Luis Almagro y su misión técnica saben perfectamente bien lo que está pasando en Nicaragua y lo necesario para solventar esta crisis”, dijo Monterrey.

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También aseguró que siguen demandando el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), institución que ha facilitado las condiciones para los fraudes electorales a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que dirige Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Sin embargo, Monterrey valoró que Ortega es quien está asumiendo la responsabilidad de cumplir estos acuerdos no Roberto Rivas, presidente del CSE. “El hecho de que Roberto Rivas esté firmando no significa que él esté asumiendo la responsabilidad. El que está asumiendo la responsabilidad es Daniel Ortega que es el culpable de esta situación. En sus manos estará cumplir o no”, manifestó Monterrey.

Los procesos electorales no tienen credibilidad en Nicaragua, debido a las pruebas de fraudes que comenzaron a registrarse a partir de las elecciones municipales de 2008.

Ciudadanos por la Libertad, que originalmente era el Partido Liberal Independiente (PLI), hará un proceso de consulta a sus bases para decidir si participarán en las próximas elecciones municipales, manifestó Monterrey en conferencia de prensa.

El PLI representaba la principal fuerza política opositora hasta que Ortega, a través de la instrumentalización del poder judicial, le quitó la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre, lo que implicó dejarlos fuera del proceso electoral el año pasado, mientras Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva como presidente sin rival político, de la mano de su esposa, Rosario Murillo, quien ahora es vicepresidenta, lo que los críticos consideran la instauración de una dictadura familiar.

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