Amenazan a una propiedad inscrita desde hace 59 años

La familia Navarro Soza denuncian que quieren quitarles su finca para favorecer a una empresa camaronera manejada por familiares del ministro de Inversiones, el general en retiro, Álvaro Baltodano

Camarones del Pacifico, empresa de cultivo de camarones de Emilio Baltodano, hermano del General Alvaro Baltodano, presidente de CZF y pro Nicaragua. Oscar Navarrete./ LA PRENSA.

Un asiento registral vigente desde que Luis Anastasio Somoza Debayle iniciaba su período presidencial se encuentra hoy amenazado en un juzgado civil de Chinandega por la empresa Camarones del Pacífico (Campa), el cual entabló un juicio para anular la inscripción de la finca Santa Rita de Hato Nuevo, hecha por Mariano Navarro Gasteozoro en 1958. Sus herederos luchan ahora en contra de lo que califican un elaborado sistema de expropiación de la propiedad, que tomó fuerza con la renovación de una concesión estatal en mayo del año pasado, y que continúa con un juicio civil para anular la inscripción registral de la propiedad hecha por Navarro Gasteazoro.

La misma resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua no ha servido de nada para los hermanos Navarro Soza (herederos de Mariano Navarro Gasteazoro), quienes aseguran que sufren una represión judicial por haber denunciado el conflicto de propiedad que tienen con Campa, una camaronera propiedad de Emilio Baltodano Cantarero, hermano del ministro de Inversiones, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

Los hermanos Navarro Soza enfrentan una demanda por parte de Campa para anular la inscripción registral de su propiedad, la finca Santa Rita de Hato Nuevo, donde opera la camaronera con una concesión que fue renovada en mayo del 2016 por diez años más, por el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca). Esto pese a que la familia Navarro Soza cuenta a su favor con la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce que las tierras no pertenecen al Estado.

Una investigación de LA PRENSA publicada el 31 de agosto del año pasado, referida al verdadero peso de las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, reveló la historia de la familia Navarro Soza, quienes denunciaron que Campa y otra camaronera denominada Larvas del Pacífico SA (Lapsa) —también manejada por hermanos del general Baltodano Cantarero—, usurpan la propiedad Santa Rita de Hato Nuevo para sus operaciones, aduciendo que estas son tierras del Estado que les fueron otorgadas en concesión para el cultivo y explotación del camarón.

La investigación reveló que la Procuraduría General de la República emitió una certificación el 15 de abril del 2013, en la que deja claro que el Estado no tenía ningún interés o conflicto en las tierras de Santa Rita de Hato Nuevo. Pero, cuatro meses después, el mismo procurador Hernán Estrada Santamaría anuló su propia certificación. Esto conllevó a que los hermanos Navarro Soza interpusieran una demanda en su contra en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fue la fallada en agosto del año pasado, invalidando la nueva certificación emitida por Estrada Santamaría y dejó vigente la primera, que establecía que el Estado no tenía intereses en Santa Rita de Hato Nuevo.

En esa ocasión, LA PRENSA logró hablar con Emilio Baltodano Cantarero, representante de Campa y Lapsa, luego de tres semanas de estarlo buscando. Reaccionó molesto ante nuestras consultas, aduciendo que no iba a responder nada porque se encontraba fuera del país.

A raíz de esta nueva denuncia de la familia Navarro Soza, se envió una comunicación por correo electrónico solicitando de nuevo su versión sobre este tema, el cual no fue respondido. Se llamó a su oficina y luego de identificarnos, nos pusieron en espera por cinco minutos para decirnos que Baltodano Cantarero no se encontraba en la oficina y que no había medio alguno de contactarlo porque no estaban autorizados a brindarnos información sobre cómo hacerlo. Dejamos nuestros datos para que nos devolviese llamada, pero no fue así.

 

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Demanda fue la respuesta

“El problema con Campa, la empresa camaronera que es manejada por la familia Baltodano Cantarero, es que ahora nos están interponiendo una demanda para que nos anulen el asiento registral de nuestra propiedad, que está inscrita desde 1958 a nombre de mi padre, que fue cuando la compró. Lo que ellos quieren es que nos anulen ese asiento registral. Eso es totalmente ilegal. ¿Como nos van a anular un asiento registral inscrito desde 1958? Esa demanda es la única noticia que hemos tenido de parte de ellos. Es la única respuesta que hemos tenido a nuestras demandas de un arreglo”, reclamó Mariano Navarro Soza, uno de los propietarios de Santa Rita de Hato Nuevo.

La demanda fue interpuesta por Campa en el Juzgado Segundo del Distrito de lo Civil de Chinandega el 14 de diciembre del año pasado en contra de Mariano Navarro Soza y su hermana Carmen María Navarro Soza con pretensión de nulidad y cancelación de inscripciones registrales de la propiedad Santa Rita de Hato Nuevo, aduciendo como principal antecedente la concesión otorgada por el Estado, renovada por Inpesca por diez años más.

Procuraduría reconoce su participación

“Es una demanda de lo más rara, porque solo estuvo en el sistema de distribución de causas por menos de dos horas para ser aceptada. Por eso metimos un incidente de nulidad del proceso. En la demanda para cancelar nuestro asiento registral está interviniendo la Procuraduría General de la República, la misma que nos dio una certificación de no objeción sobre nuestra propiedad”, añadió Mariano Navarro Soza.

El procurador Hernán Estrada Santamaría respondió brevemente por medio de su oficina de Relaciones Públicas a la consulta de por qué la Procuraduría estaba interviniendo en el juicio interpuesto por Campa en contra de la familia Navarro Soza.

“Todas la concesiones las otorga el Estado, y porque las certificaciones u objeciones que se emiten, está sujetas al que tenga mejor o igual derecho. Todas estas así lo establecen”, fue lo que mandó a responder el procurador Estrada Santamaría.

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Los hermanos Mariano y Carmen María Navarro Soza, enfrentan un juicio para anular la inscripción de su finca para favorecer a una empresa camaronera que vínculada a familiares de Alvaro Baltodano Cantarero, Ministro de Inversiones. LAPRENSA/ Jader Flores.

“Nos quieren confiscar la propiedad”

“Nosotros metimos una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo desde hace seis meses, y ellos (Campa) metieron la suya apenas en diciembre y en asunto de horas le dieron paso a la demanda de ellos, donde se personó la Procuraduría General de la República. Definitivamente la familia Baltodano está usando las influencias políticas que tienen por medio del señor Álvaro Baltodano, y el mismo procurador (Hernán Estrada) se está prestando al juego, todo para no cumplir con la sentencia que manda la Corte Suprema de Justicia, donde queda claro que la propiedad era de nosotros. Lo que pretenden es confiscarnos”, intervino Carmen María Navarro Soza.

La demanda en lo Contencioso Administrativo fue interpuesta el 19 de agosto de 2016 en contra de Inpesca y en calidad de terceros, en contra de Campa y Lampa, por Silencio Administrativo Positivo.

Esto por hacer caso omiso a la solicitud de la familia Navarro Soza al acuerdo ejecutivo de concesión 004-2016 de Inpesca, el cual renovó la concesión a favor de la camaroneras en Santa Rita de Hato Nuevo, pese a que estos eran terrenos privados, como estableció la certificación de la Procuraduría. De acuerdo con los hermanos Navarro Soza, este proceso permanece engavetado en dicha instancia judicial.

“Yo creo que el señor presidente y la señora vicepresidente, que promulgan el respeto a la propiedad privada y son abanderados de la reconciliación y el consenso, no pueden permitir que señores se estén burlando hasta de ellos, porque no quieren cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No quieren cumplir. No pueden anular la propiedad que está inscrito. Y no pueden que los procesos que ellos ponen en nuestra contra, caminen más rápido que los de nosotros. Todos somos iguales ante la ley”, señaló Carmen María Navarro Soza.

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