Demanda para anular registro de propiedad no cabe

Campa es una empresa de Emilio Baltodano Cantarero, hermano del ministro de Inversiones, el general en retiro, Álvaro Baltodano Cantarero

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Los hermanos Mariano y Carmen María Navarro Soza, enfrentan un juicio para anular la inscripción de su finca para favorecer a una empresa camaronera que vínculada a familiares de Alvaro Baltodano Cantarero, Ministro de Inversiones. LAPRENSA/ Jader Flores.

La demanda civil emprendida por la empresa Camarones del Pacífico (Campa) en contra de la familia Navarro Soza para anular la inscripción registral de la finca Santa Rita de Hato Nuevo, hecha en 1958, de acuerdo con abogados consultados, no debería proceder, dado que esta no estaría cumpliendo el proceso legal correcto.

LA PRENSA reveló el jueves la historia de la familia Navarro Soza, la cual denunció que enfrenta un intento de confiscación de su finca por medio de la demanda emprendida por Campa.

Campa es una empresa de Emilio Baltodano Cantarero, hermano del ministro de Inversiones, el general en retiro, Álvaro Baltodano Cantarero.

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Campa no ha querido pronunciarse sobre esta denuncia, pese a los diversos intentos hechos por LA PRENSA desde que se publicó la primera parte de la investigación periodística, en agosto del año pasado.

Demanda no debería proceder

Desde la perspectiva del abogado litigante y profesor de Derecho, Kenneth Hernández Guevara, el problema de la demanda civil emprendida por Campa es que esta no cabe en un proceso de anulación de una inscripción registral de una propiedad.

Kenneth Hernández Guevara, profesor de Derecho. LA PRENSA/CORTESÍA

“Soy del criterio legal que es improcedente dicha demanda, porque primeramente debe haber un juicio ordinario, donde se promueva la nulidad del instrumento público que comprueba el dominio de los señores Navarro Soza, o en su defecto, pedir la falsedad civil de la escritura pública y como consecuencia la cancelación del asiento registral. Pero debe darse este proceso primero para que luego se cancele un asiento (registral)”, dijo Hernández.

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“También lo que puede caber es un juicio ordinario de acción de dominio, para que un juez, mediante sentencia firme, declare quién es el verdadero dueño del bien inmueble objeto de disputa.

Pero, para eso, hay que demostrar que el documento que los acredita como dueños de la propiedad es falso o nulo”, explicó.

La demanda emprendida por Campa se sostiene en la concesión que le fue otorgada desde 1994 para explotar parte de la finca Santa Rita de Hato Nuevo para el cultivo de camarón. Esta concesión fue renovada el año pasado por el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca).

La Corte Suprema de Justicia falló en agosto del año pasado, reconociendo que el Estado no tenía intereses en las tierras de Santa Rita de Hato Nuevo.

Exprocurador: “Seguridad jurídica no puede tener banderas políticas”

El ex procurador general de la República, Alberto Novoa, afirmó este jueves que el caso de Santa Rita de Hato Nuevo se suma a muchas situaciones similares en el país, por lo que, desde su perspectiva, la seguridad jurídica depende en Nicaragua de criterios políticos.

“La seguridad jurídica no puede tener banderas políticas ni sociales. Es un objetivo en sí mismo”, expresó Novoa.
Por su parte, Yalí Molina, abogado y expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), opinó que el conflicto por Santa Rita de Hato Nuevo no debe verse como un síntoma firme de falta de seguridad jurídica en la nación.

“Claro que la seguridad jurídica en un país es importante para el clima de inversiones, pero tampoco podemos decir que no hay seguridad jurídica en Nicaragua. Este es un caso concreto, que tiene sus aristas y contrapartes y no por un caso como tal podemos generalizar”, dijo vía telefónica.

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