¿Le compete exclusivamente al Gobierno la promoción e instauración del Estado de Derecho?
A simple vista, pareciera que es así, que se trata de un concepto jurídico y político que le corresponde entender y aplicar a aquel y a nadie más. Sin embargo, resultaría erróneo pensar de esa manera. El Estado de Derecho no es un asunto que debe establecer una relación con el Gobierno, porque, si así fuera, tendríamos que resignarnos a verlo como una utopía, un ideal, un sueño sin principio ni final, algo propio de la burocracia o la falta de institucionalidad, ante lo cual los ciudadanos no debemos quedarnos callados.
El mismo término lleva explícitas las palabras “social” y “derecho”, por lo tanto tiene que ver —más de lo que pueda creerse— con nosotros los ciudadanos y la vida en sociedad; el conocimiento, ejercicio y defensa de nuestros derechos y deberes, contemplados en la Carta Magna y otras leyes.
Un simple gesto o un acto de tolerancia, solidaridad, respeto, no discriminación, cortesía o caridad hacia nuestros semejantes bastarían para que contribuyésemos a su instauración; puesto que, se sustenta en los principios de bien común, solidaridad, equidad, responsabilidad, justicia y convivencia social.
Ejemplos de lo referido en el ámbito público serían: ceder el paso a los peatones en las saturadas calles y avenidas, disminuir la bocina de los vehículos, ayudar a cruzar la calle a personas con discapacidad o de la tercera edad, ceder el asiento en el servicio de transporte a embarazadas y ancianos, no agredir verbal o físicamente en nuestro entorno familiar, compartir mas tiempo con nuestras familias, no utilizar los cauces como basureros; en fin, hechos que a diario observamos en una sociedad que cada día disminuye más sus valores.
Entre otros ejemplos tenemos: conducir sobrio y respetar el límite de velocidad establecido para tratar de reducir la dramática cifra de accidentes, no usar las aceras de garaje, es decir acciones cotidianas que las vemos tan naturales que ya no nos inmutan.
Si hablamos solo de los hombres, no vulnerar el derecho de las mujeres a caminar por la calle o viajar en bus de forma segura, al someterlas a algún tipo de acoso y abuso sexual (silbidos, piropos, obscenidades, tocamientos, rozamientos, persecuciones).
Más hechos en el ámbito privado serían: respetar la integridad física y emocional de nuestra pareja, evitando agredirla verbal o físicamente; distribuirse equitativamente los quehaceres del hogar y cumplir con la pensión alimenticia cuando no persista la unión conyugal.
Sobre el trabajo, no solo basta llegar puntual y ser eficientes, sino que es necesario también el respeto a las obligaciones y derechos de la jornada laboral y el elemental sentido de solidaridad cuando se produce una tragedia en el núcleo de trabajo.
No criticar ni discriminar a trabajadoras sexuales, alcohólicos, adictos a las drogas, jóvenes en riesgo, de quien discrepamos en creencias religiosas e ideologías políticas; ni menospreciar a los demás por su orientación sexual, condición social, nivel de escolaridad, oficio, etnia, defecto físico, etc., son —del mismo modo— ejemplos del significado integral de Estado de Derecho en la cotidianidad.
Como podemos colegir, el término trasciende lo político y lo jurídico. Puede afirmarse que es un estilo de vida, una forma de ser, pensar y comportarse en sociedad; según normas, preceptos y principios convencionales universales.
Su fin ulterior es “realizar la justicia social y la dignidad humana”. De ahí que nos atañe a todos. En cada uno de nosotros está hacerlo posible, en la medida que conozcamos y —en el día a día— ejerzamos, demandemos y respetemos los derechos humanos, la ley y el orden.
El autor es licenciado en Comunicación Social.