El exjefe de la droga de Honduras que confesó matar a 78 personas y que está preso en Estados Unidos dijo el lunes 6 de marzo que pagó enormes sobornos a cambio de protección al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), así como a su hijo Fabio.
Devis Leonel Rivera Madariaga, un exlíder del cartel Los Cachiros que se entregó a la DEA en diciembre de 2015, testificó en un tribunal de Nueva York a pedido del gobierno de Estados Unidos, en el marco del caso contra el hijo del expresidente, Fabio Lobo, acusado de conspirar para enviar cocaína a este país.
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El expresidente Lobo negó las “acusaciones absolutamente falsas” y dijo que nunca se reunió con narcotraficantes o recibió sobornos de ellos. Durante más de tres horas y media, Rivera declaró ante la jueza Lorna Schofield que sus contactos con los Lobo, con políticos —algunos aún en funciones—, con la policía y militares ayudaron al cartel a recibir toneladas de cocaína en Honduras, uno de los países con la mayor tasa de homicidios del mundo.
Rivera Maradiaga también implicó al actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco, de quien habría recibido la protección oficial, y a un diputado del Parlamento hondureño, no identificado. La droga, proveniente de Colombia o Venezuela, atravesaba Honduras y se dirigía luego a Guatemala, México y finalmente a Estados Unidos. Fabio Lobo, presente en la audiencia y vestido como el testigo con un traje de presidiario azul marino, escuchó en silencio, varias veces negando con la cabeza las afirmaciones del exlíder de la banda Los Cachiros.
Honduras rechaza acusaciones
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad de Honduras rechazó este martes las acusaciones del exlíder de “Los Cachiros”. En un comunicado enviado a la prensa, la Secretaría de Seguridad indicó que “rechaza categóricamente” los señalamientos hechos por el exlíder de Los Cachiros.
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Lobo señaló que sus acciones como presidente del Parlamento, primero, y después como presidente del país (2010-2014), “son las más claras muestras” de su “compromiso con Honduras, aprobando varias leyes para el combate al crimen organizado y la delincuencia en general como la Ley de Extradición y la Ley de Privación de Dominio”. Subrayó que fue durante su gobierno “que se hizo la primer incautación de bienes a esta banda criminal” que operaba en su país.
La Secretaría de Seguridad hondureña reafirmó que este tipo de “ataques provenientes de cabecillas de estructuras criminales”, no los “amedrentan con sus amenazas y señalamientos infundados y nos compromete a continuar redoblando esfuerzos para mantener la paz y tranquilidad de la población en general”. Reafirmó una vez más “su compromiso en la lucha frontal contra el crimen organizado en pro de la seguridad de la sociedad hondureña”, según la información oficial.
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