El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) dio a conocer la semana pasada su informe anual sobre el Estado Global de los Derechos Humanos, en el cual el régimen de Daniel Ortega ha quedado —otra vez— mal parado.
El Departamento de Estado también divulgó su informe anual sobre el narcotráfico y los crímenes financieros. En este se indica que si bien Nicaragua no es un centro financiero regional y ha dictado varias leyes contra esa criminalidad, en todo caso es un país vulnerable porque sigue siendo territorio de tránsito de drogas que van a EE.UU. y de dinero sucio que regresa a Suramérica.
El principal de esos informes es, sin duda, el de derechos humanos, el cual reitera los múltiples casos de violaciones a los derechos fundamentales que se han venido denunciando en los últimos años. Señala también que el ejecutivo ejerce un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales del Estado; y agrega que Daniel Ortega consiguió su última reelección en comicios profundamente viciados.
De manera que el informe del Departamento de Estado repite y corrobora lo que ya es bastante conocido, o sea, que el régimen orteguista viola flagrantemente los derechos humanos y que por su autoritarismo y falta de transparencia hace al país vulnerable a los crímenes internacionales. Pero aunque no sea nuevo lo que reportan, los informes del Departamento de Estado mantienen y reafirman el interés exterior en Nicaragua.
La verdad es que Ortega no ha podido engañar a nadie, con su estratagema de comprometerse ante la OEA a dictar insustanciales reformas electorales y permitir observación —o acompañamiento— en las elecciones municipales de noviembre próximo, dejando intacto todo el sistema electoral fraudulento y antidemocrático.
Para que se le pudiera creer que está en el camino correcto de ajustar el sistema electoral de Nicaragua a los parámetros de la Carta Democrática Interamericana, Ortega tendría que haber convenido en el Memorándum de Entendimiento con la OEA, que las medidas con vistas a los comicios municipales serían solo el primer paso de un proceso de reformas electorales fundamentales, esencialmente democráticas, para que tan pronto como sea posible haya en Nicaragua elecciones libres y limpias.
Pero a nada de eso se ha comprometido Ortega y al parecer la Secretaría General de la OEA no ha podido o no ha querido obligarlo. De manera que el Memorándum de Entendimiento es insuficiente para que el régimen orteguista se pueda quitar de encima la amenaza de sanciones externas por sus atropellos a la democracia.
A nuestro juicio, para que el Congreso de los EE.UU. desista de tramitar una ley como la “Nica Act”, Ortega tendría que comprometerse solemnemente —mediante un acuerdo con la OEA pero sobre todo con los nicaragüenses— no solo a que las próximas elecciones municipales sean acompañadas internacionalmente, sino también a que después de esos comicios, o desde ahora mismo, se emprenderá un proceso de reformas profundas para que Nicaragua pueda regresar a la democracia.
