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El Memorándum de Entendimiento

Algunos actores políticos consideran que la observación es un gran logro, un derecho consignado en la Ley Electoral y que Ortega conculcó cuando llamó a los observadores “sinvergüenzas”, negándose a invitarlos

Desde que se hiciera público el Acuerdo alcanzado con Daniel Ortega el pasado 20 de enero, el señor Almagro no se ha dignado a dar explicaciones sobre el contenido y propósito del mismo. Tampoco lo ha hecho tras la publicación del Memorándum de Entendimiento que, como las cajas chinas, es un derivado del primero y anuncia a su vez otros proyectos y acuerdos de alcance cada vez más reducido. Mientras el secretario general de la OEA no publique el Informe sobre la situación electoral previa al 6 de noviembre pasado, origen de todos los subsiguientes acuerdos, y no dé explicaciones sobre todo lo actuado, el propósito de los mismos estará bajo una gran sombra de sospecha. El silencio y el secreto no pueden ser el estilo de gobierno en una organización internacional y mucho menos en la OEA, cuyos principios y valores fundamentales son los de la democracia.

Nuestras dudas se agigantan cuando examinamos el contenido del Memorándum, integrado por dos componentes. El primero, denominado “político-electoral”, comprende el acompañamiento u observación de las elecciones municipales y lo relacionado con el registro, cedulación y depuración del padrón electoral.

Algunos actores políticos consideran que la observación es un gran logro, un derecho consignado en la Ley Electoral y que Ortega conculcó cuando llamó a los observadores “sinvergüenzas”, negándose a invitarlos. No se trata por tanto de un avance sino de la restitución de algo que jamás debió ser suprimido. Además, la OEA tiene la obligación de aclarar que su observación en ningún momento significa legitimar las pasadas elecciones generales ni avalar el actual sistema electoral. Debe, además, demandar la participación de otras organizaciones internacionales y nacionales con amplia experiencia, de conformidad con la Declaración de principios para la observación internacional de elecciones suscrita junto con la ONU y la Unión Europea el 27 de octubre de 2005.

En cuanto al registro, cedulación y actualización del padrón, no son ni mucho menos los principales problemas del actual sistema electoral, caracterizado por su corrupción, ineficiencia y absoluta falta de credibilidad. Debido al poco espacio de tiempo, estos aspectos no podrán ser concretados antes de las elecciones municipales. Deberían, además, preguntarse la OEA y los potenciales donantes por qué, con tantas asignaciones presupuestarias millonarias, ordinarias y extraordinarias, el CSE no ha querido cumplir con tareas que constituyen el día a día de sus responsabilidades. Se podrá gastar millones de dólares en un sistema informático que responda a las mayores exigencias del estado del arte, pero no veremos progresos mientras el ánimo de sus operadores sea falsear la voluntad popular.

El segundo componente, denominado “político-institucional”, se reduce al tema de la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo. Se ha tratado de presentar la exclusión de la oposición de las elecciones pasadas como un problema de aplicación de una norma constitucional que, nos guste o no, era de obligatorio cumplimiento. Es lo que afirmó el expresidente Mujica y repitió el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay ante el Congreso de ese país. Una falsedad, puesto que la sentencia que despojó a Eduardo Montealegre de la presidencia del PLI y dejó a la coalición de oposición sin vehículo partidario para participar, nada tuvo que ver con el transfuguismo.

Cabe preguntarse cómo la OEA podrá ayudar a que se aplique una norma que, a todas luces, viola el principio fundamental consagrado en el Artículo 2 de la Carta Magna, de que “el poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación”. Y cuando, por otra parte, el remedio contra el transfuguismo no es profundizar la partidocracia, sino la democratización interna de los partidos, a fin de garantizar una mejor escogencia de sus candidatos. Pero, como ya hemos expresado, tampoco es este el problema fundamental en el ámbito político institucional, sino la ausencia de una división e independencia de poderes, el sometimiento de la Corte Suprema y todo el sistema de justicia a los dictados e intereses políticos de Ortega y su absoluto desprecio por el Estado de Derecho.

En conclusión, el Memorándum recoge problemas falsos o secundarios y elude los fundamentales y no puede, por tanto, sino llevar a soluciones falsas o excesivamente parciales. En términos electorales estamos en condiciones similares, o peores, a las de 2011. Peores, porque ahora el dictador ha decidido admitir como observadores únicamente a la OEA, pues los otros, como dijo su asesor económico, solamente sirven para “joder” y no son tan dóciles, tan tontos ni tan útiles como el señor Almagro.

El autor es jurista y catedrático.

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COMENTARIOS

  1. Ricardo Serrano Quant
    Hace 7 años

    Touché!!!!

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