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LA PRENSA/ARCHIVO

Confianza empresarial con los call centers del país

“En comunicación con dos de las principales empresas nos dicen que, pese a esa iniciativa de Ley en Estados Unidos, ellos van a seguir con sus planes de inversión y se trata de empresas que ya están instaladas y que van por más puestos...”, manifestó José Adán Aguerri, presidente del Cosep

El sector privado en Nicaragua afirma sentirse “confiado” en que la iniciativa de Ley en Estados Unidos por retornar a las empresas de call center a ese país no se concrete y que no afecte el desempeño de la industria, que en 2016 en Nicaragua generaba unos 8,500 empleos.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), explicó que tras ponerse en contacto con importantes representantes de empresas que externalizan servicios en el país, estos le hicieron saber que durante este y el próximo año crearán unas 2,000 plazas nuevas y superar así los 10,000 puestos en un sector donde la mano de obra sienten que se ha vuelto escasa y requiere de mayor capacitación.

“En comunicación con dos de las principales empresas nos dicen que, pese a esa iniciativa de Ley en Estados Unidos, ellos van a seguir con sus planes de inversión y se trata de empresas que ya están instaladas y que van por más puestos y muchas veces no crecen más porque el talento humano local necesita más capacitación”, manifestó Aguerri al ser consultado mediante comunicación telefónica.

La iniciativa

La iniciativa de Ley pretende obligar a las empresas estadounidenses que ofrecen servicios de tercerización de atención al cliente a que regresen a Estados Unidos y llegó al Senado el pasado 2 de marzo, según declaró la senadora demócrata Claire McCaskill en su sitio electrónico.

La iniciativa, que lleva por nombre Ley del Trabajador del Centro de Llamadas y Protección del Consumidor, pretende evitar que las empresas continúen trasladando sus operaciones de atención al cliente al exterior, en detrimento del empleo estadounidense.

Y entre las presiones que se pretenden imponer está que las empresas estadounidenses que contraten la tercerización de sus servicios de atención al cliente desde el exterior, no tengan acceso a subvenciones y préstamos federales provenientes de los contribuyentes estadounidenses.

Sin futuro

Aunque la iniciativa es respaldada por varios senadores, el gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana, considera muy prematuro alertarse por algo que es incierto.

“Es una iniciativa partidaria y populista. Tiene que ir a consultas, pasar a votación y luego subir a Presidencia. El proceso es largo y aunque en Estados Unidos hay una tendencia hacia el proteccionismo y la búsqueda por retener el empleo, cuando se evalúe el impacto creo que se pueden sorprender de lo que van a experimentar, porque los costos serían más altos”, manifestó Arana.

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Al ser consultado Arana sobre un plan B, dijo que no se trata de planes, sino de diversificar las opciones de externalización de servicios y destinos.

Hasta el cierre de esta edición LA PRENSA buscó la versión de la Agencia de Promoción de las Inversiones (ProNicaragua) y la Comisión Nacional de Zona Franca, pero estos quedaron en responder posteriormente.

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