Martha Raquel Cabrera Sevilla lleva 22 meses esperando una llamada desde la Asamblea Nacional anunciándole que la reintegrarán a su puesto de recepcionista, como lo ordena un fallo del Tribunal Laboral.
“Quiero que la justicia se cumpla, tengo fe que así será”, dice Cabrera, quien se moviliza en una silla de ruedas porque es parapléjica.
Martha Raquel fue despedida en mayo del 2015, una decisión que para ella fue discriminación por su condición física y “revanchismo político” porque se atrevió a defender a otra trabajadora de la Asamblea que denunció maltrato y acoso de un alto funcionario del parlamento nacional.
Esta mujer con discapacidad debió ser reintegrada en la Asamblea en junio del 2016 cuando la juez Quinto Distrito del Trabajo, Martha Woo, resolvió que el despido de Martha Raquel fue de forma anómala. Sin embargo la Junta Directiva de la Asamblea que es controlada por diputados sandinistas se niega a cumplir el fallo.
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“Esta judicial considera que la decisión de mantener en suspenso de labores a la demandante con goce de salarios, viáticos y otros, momentáneamente como lo establece la licenciada María Lourdes Gutiérrez, responsable de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, es un procedimiento que no lo estipula la Ley 476 (Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa) y por lo tanto la forma de la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador se verificó en violación a las disposiciones prohibitivas contenidas en las normas laborales”, dice la resolución de la juez Woo.
No se apoya a quien no milita en el FSLN
Cuando fue despedida Martha Raquel tenía 24 años en la Asamblea, pero como ella no milita en el FSLN los miembros del sindicato Germán Pomares no han presionado a la junta directiva para que cumpla la resolución judicial y reintegre a la mujer.
Si recupera su empleo Martha Raquel tendrá un salario fijo y además se le deberá pagar los meses que estuvo fuera por el despido ilegal. Es dinero que le urge a esta mujer para pagar el cuarto que alquila en el barrio 19 de Julio, en Managua, los gastos en alimentación y cancelar una deuda de ochenta mil córdobas en medicamentos que ha necesitado para el tratamiento de una úlcera que afecta su glúteo izquierdo, relacionado con su paraplejia.
Ella no ha buscado empleo en otra parte porque afirma que “si ya a una persona con discapacidad no se nos dan fácilmente las oportunidades, (porque) aún existe mucha discriminación”, se le complica el doble a una mujer de 50 años de edad “porque ya se nos cree viejas, aún siendo preparadas”.
“El empleo a nosotras las personas con discapacidad nos desarrolla, nos hace mejor la vida, nos sentimos útil a la sociedad. Por favor doctor Gustavo Porras, si lee LA PRENSA, en este mes que hablamos de amor a la mujer, de solidaridad, ingréseme a mis labores”, ruega Martha Raquel.
Doble discriminación
José Antonio López, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dice que el caso de Martha Raquel ejemplifica cómo este Gobierno no diferencia en “castigar” a quienes no militan en las filas del sandinismo, “sin importar si es una persona con discapacidad” para dar o quitar un empleo en el Estado.
López sostiene que hay “doble discriminación” en este caso porque hay una violación de los derechos laborales y por la condición de discapacidad de Martha Raquel.
“Seamos claros, en este país no se contrata a nadie por su capacidad profesional, es para quien lleva la ‘magnífica’, el carné de militante sandinista es lo que te asegura tener empleo en el Gobierno, y de esa práctica no se escapan las personas con discapacidad para que las beneficien los programas Usura Cero, en los cursos de capacitación, les den casas o les den un empleo”, afirma el abogado López.
El primer diputado ciego
La afirmación del abogado de la CPDH se cumple con Wilber Torres quien es coordinador de la Organización de Revolucionarios Deshabilitados (ORD) Ernesto Che Guevara, una de las organizaciones que integran el Gabinete de Personas con Discapacidad, de militancia sandinista, creado en 2014 por el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.
Torres es ciego. Perdió la visión cuando una granada le estalló cerca durante un combate armado en los barrios orientales el 23 de junio de 1979, durante la guerra contra la dictadura somocista. Tenía 17 años.
Durante el gobierno sandinista de los ochenta, Torres fue enviado a España donde con la rehabilitación recuperó parcialmente la visión; pero una operación posterior falló y quedó ciego de nuevo.
En la Organización de Ciegos de España aprendió el sistema de lectura y escritura Braille y le ayudaron a aceptar su condición de ciego.
El 9 de enero del 2017, Torres fue juramentado y acreditado por el poder electoral como uno de los setenta diputados designados del FSLN, siendo el primer ciego en llegar a ese cargo. Torres es diputado suplente.
“Lo importante de ser un diputado con discapacidad es que es una restitución de los derechos al sector de las personas con discapacidad, que es más del cuatro por ciento de la población a nivel nacional. Es la oportunidad de nosotros de dar nuestra opinión y en las leyes que se crean en el país”, dice Torres.
El diputado Torres se declara “sandinista, orgullosamente”.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, coordina el Gabinete de Personas con Discapacidad. Es una de las múltiples funciones que tiene Porras como secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
De ese Gabinete presidido por Porras, el FSLN seleccionó a Torres y lo metió en su lista de diputados para el período 2017-2022. Ese Gabinete decide los programas de capacitación laboral, educativos, de salud, vivienda y los demás del Gobierno a los que acceden las organizaciones de personas con discapacidades.
Torres promete aprovechar su diputación para impulsar leyes a favor de las personas con las limitantes físicas como las de él, sin importar que no sean sandinistas.
Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), duda que Torres cumpla, pues recuerda que “quien decide qué leyes pasan es Ortega, los diputados solo cumplen con sus órdenes”.
Estado incumple
Álvaro Leiva, secretario de la ANPDH, dice que el Estado nicaragüense incumple con la Constitución, las leyes e instrumentos jurídicos internacionales porque “hasta el día de hoy las personas con discapacidad son discriminadas porque no tienen una tutela efectiva en su derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la movilidad en condiciones adecuadas”. En los informes sobre la situación de derechos humanos el Gobierno sale reprobado, y Leiva critica que “Ortega al llevar ya diez años en el Gobierno ha tenido el doble de tiempo para cumplir con las leyes y lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad”.
26,000
menores de 18 años que presentan algún tipo de discapacidad se estima hay en Nicaragua, según el Gabinete de las Personas con Discapacidad.
Se les debe emplear
La Ley 763, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 36 que las empresas privadas y públicas “con cincuenta o más trabajadores”, deben emplear “al menos el dos por ciento de personas con discapacidad en sus respectivas nóminas”. Y “con una nómina mayor de diez trabajadores y menor de cincuenta se debe emplear al menos a una persona con discapacidad”. No hay datos disponibles sobre cuántas empresas e instituciones públicas cumplen esa norma.
Francisco González, directivo de la organización de ciegos Maricela Toledo, dice que “hay avances” porque en las alcaldías sandinistas hay direcciones para los programas para las personas con discapacidad que dirigen no videntes. En las empresas tabacaleras de Estelí laboran “bastantes ciegos” y en León hay constructoras con un área de producción donde solo laboran personas sordas.
Explica González que unos veinte no videntes reciben cursos del sistema Braille, inglés y capacitaciones en Inatec, porque serán ingresados a dar clases a escuelas o colegios donde rehabilitan a las personas ciegas.
Aquí se da trabajo en los ministerios si se presenta el carné y la carta del secretario político del Frente Sandinista… aquí todo es partidario y de eso, lamentablemente, no se exime a las personas con discapacidad”.
José Antonio López,
asesor legal de la CPDH.
Inclusión es que nos incluyan en planes y programas del Gobierno, y la inclusión laboral es que nos den las mismas oportunidades que al resto, igual que lo hace el diputado Wilmer López”.
Francisco González,
directivo de la organización Maricela Toledo.