Juan Carlos Arce, abogado y coordinador del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Matagalpa, en el norte del país, admite que ha sentido miedo cuando atiende casos en zonas rurales, pero también está claro de que el organismo que representa es casi siempre la única esperanza que tienen las víctimas cuando no encuentran justicia en las instancias gubernamentales.
“No te voy a negar que yo siento temor como defensor y te voy a ser sincero, no solo temor a las bandas delincuenciales que operan en zonas rurales, sino también a la Policía y al Ejército, porque en el deterioro institucional han perdido la conexión con la gente; y en las zonas rurales que a mí me toca atender, la gente a quien le tiene miedo es a la Policía y al Ejército”, dijo Arce, en alusión a las zonas rurales de Matagalpa.
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Arce explicó que su trabajo de defensa y acompañamiento a las víctimas de injusticia lo obliga a buscar información en las instancias oficiales como la Policía, pero lo que encuentra es silencio y una actitud defensiva.
“No existe ninguna posibilidad de obtener información por parte de la Policía. Es decir, ellos te dicen que el caso no está siendo llevado con ellos y que no pueden darte ninguna información. Inclusive ves en algunos de ellos que quisieran darte la información, porque además están obligados a hacerlo, pero no pueden dártela, y no es una cuestión personal, es una cuestión institucionalizada, prácticamente como una política de Estado hostil hacia los defensores de los derechos humanos”, manifestó Arce.
Acoso y persecución
Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), manifestó que el tema del acoso y la persecución a los promotores y defensores de derechos humanos es una realidad que no se puede ocultar, porque cada vez son más evidentes los obstáculos a su ejercicio, principalmente en los últimos diez años, desde que Ortega regresó al poder.
“En el acompañamiento que hacemos a las víctimas de derechos humanos, sentimos que el Estado nos acecha en nuestra labor social, porque somos sujetos de amenaza, de hostigamiento, de represalias, de persecución, de desprestigio y de penalización”, dijo Leiva.
Asimismo recordó que personalmente fue víctima de amenazas de muerte y aunque lo denunció ante la Policía, su caso no fue investigado.
Leiva también explicó que el Gobierno utiliza a la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Gobernación para controlar a las organizaciones sin fines de lucro, entre estas las de defensa de derechos humanos, condicionando una constancia que les da continuidad de su labor y de los proyectos que gestionan a nivel internacional, a informes cada vez más periódicos sobre su trabajo.
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, agregó que las presiones de funcionarios del Gobierno han obligado a los donantes a retirarse, lo que ha reducido sus recursos para desempeñar su labor.
“Esa es una acción de persecución, porque están obstaculizando nuestra subsistencia, para que nosotros no sigamos haciendo nuestro trabajo”, dijo Cuevas.
Ataque a doña Vilma Núñez
La carta que firmaron nueve ministras el pasado 8 de marzo, acusando a la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, de un “acto de hostilidad” por designar como mujer destacada a la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, fue considerada por sectores independientes un “ataque” del Gobierno a la labor de los defensores de derechos humanos.
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Amnistía Internacional y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la campaña de estigmatización y descrédito público en contra de la presidenta del Cenidh, quien es crítica del gobierno de Ortega.
Gobierno ataca y descalifica
Gonzalo Carrión Maradiaga, defensor de derechos humanos en Nicaragua, escribió en su blog que el Gobierno “ataca, descalifica y amenaza” a la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, porque “el actual gobierno no le perdona que en su calidad de auténtica defensora y presidenta del Cenidh haya llevado el caso de Zoilamérica (hijastra del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, que lo acusó de violación sexual) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ahora la atacan porque sigue diciendo la verdad, porque les dice lo que son, una dictadura familiar que permanece en el poder producto del fraude y la corrupción, que son violadores de derechos del pueblo nicaragüense”, expresa Gonzalo.