A propósito de las últimas protestas en la Cárcel Modelo de Tipitapa, Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos destacó que las condiciones penitenciarias en Nicaragua eran duras y “potencialmente mortales” y confirma las denuncias de organismos de derechos humanos nacionales sobre el hacinamiento.
“El hacinamiento, el saneamiento deficiente, las dificultades para obtener atención médica y la violencia entre los reclusos” seguían siendo problemas graves en las prisiones, señala el informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado 3 de marzo.
Infraestructura anticuada
El mismo explica que el deterioro de las condiciones penitenciarias obedece a la “infraestructura anticuada y el aumento de las poblaciones de reclusos”. A su vez menciona que muchos prisioneros sufrieron malos tratos de parte de los custodios y otros internos.
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Los reclusos también sufrían de parásitos, atención médica inadecuada, escasez frecuente de alimentos, agua contaminada y saneamiento inadecuado, entre otros, dice el informe que añade que las organizaciones de derechos humanos siguen sin ser autorizadas a verificar lo que sucede en el interior de las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
El reporte destaca que familiares, iglesias y organizaciones caritativas complementaron el presupuesto nacional de diez córdobas (equivalente a 0.35 centavos dólar) por interno asignado por día para alimentos. No había asignación presupuestaria para la salud o el cuidado personal.
Protestas frente al penal
La publicación del informe coincidió con una serie de protestas de un grupo de familiares de internos frente a la entrada principal del Penal de Tipitapa, en contra de la actuación policial en varias galerías del mismo, cuando un grupo de reos se habría negado a recibir alimentos ante la suspensión de la señal de los teléfonos celulares y habrían sido golpeados.
Este hecho sacó a relucir una serie de hechos arbitrarios y anómalos que ocurren en esa penitenciaría y que han sido denunciados ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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En tanto, las mujeres han referido que como parte de la corrupción que se registra en esa cárcel está el negocio por los horarios de las visitas conyugales, sobre todo el primero que es de 7:00 a.m. a 9:00 a.m, por el cual pueden pagar entre cien córdobas y quinientos córdobas, dado que es el preferido.
Una de las denunciantes indicó que está prohibido que ellas lleven las tarjetas telefónicas desde afuera. “Ya está establecido, que quienes quieren usar los teléfonos públicos tienen que comprar la tarjeta a los funcionarios del Sistema Penitenciario, o sea no se puede comprar afuera; es un negocio lo que ellos están montando ahí obligadamente”, relató.
Siguió negativa de acceso a las cárceles
El informe de Estados Unidos destaca que el gobierno de Daniel Ortega continuó con la negativa de impedir el acceso a las cárceles a las organizaciones de derechos humanos, así como a periodistas de medios independientes.
Estas organizaciones recibieron denuncias por parte de los familiares de los presos y, a menudo, no pudieron dar seguimiento a los casos hasta después de la liberación del preso.
El reporte señala que la Procuraduría de Derechos Humanos, que es el ombudsman del Gobierno, podría averiguar la situación y condiciones de los presos, así como considerar el excarcelamiento de reos no violentos, pero esto no ocurrió.
8,000
presos fueron liberados de las penitenciarías del país desde 2014 , según anunció el Gobierno en febrero del año pasado, indica el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.