El gobierno sandinista y el resto de las instituciones de Nicaragua deberían analizar el desamparo en el que han quedado inmigrantes de ese país, por el cierre de dos consulados nicaragüenses en el norte de Costa Rica y la eliminación de servicios en las otras dos representaciones consulares que aún quedan, opina la directora del Servicio Jesuita para Migrantes, Karina Fonseca.
“Ante este panorama, lo que corresponde a las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos población inmigrante nicaragüense en Costa Rica, es demandar la revisión inmediata de decisiones y la toma de medidas para la protección de los connacionales nicaragüenses asentados en este país”, expresó Fonseca.
Requieren servicios
“Ellos (los inmigrantes) requieren una prestación de servicios consulares de calidad, acorde con las necesidades que se presentan en Costa Rica para que estén de la mejor forma posible en los procesos de regularización migratoria”, añadió.
El gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, mantiene cerrados desde hace más de un mes todos los servicios en los consulados de Ciudad Quesada y Los Chiles, ambos ubicados en el norte costarricense, sin que haya información oficial al respecto.
En el primero, en la recepción indicaron a LA PRENSA que está cerrado, pronto el personal se irá del lugar y remite al usuario a gestionar trámites a los consulados nicaragüenses en San José o Liberia.
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En Los Chiles, el personal consular afirma que no hay sistema para tramitar solicitudes hasta nuevo aviso, también remiten a la persona a San José o Liberia.
En los mismos consulados informan que el otorgamiento de pasaportes provisionales a nicaragüenses se canceló en los consulados aún abiertos, mientras que Fonseca aseguró que la inscripción consular de connacionales, requisito que exige Costa Rica a extranjeros para trámites migratorios, también se canceló.
Ortega cerró otros consulados en 2007
Ortega ya había cerrado los consulados de Sarapiquí y Limón, Caribe costarricense, durante su retorno al poder en 2007. “Las instituciones y el Gobierno de Nicaragua deberían revisar a lo inmediato el desamparo en el que están quedando sus connacionales”, advirtió Fonseca.
“La disminución o eliminación de servicios que son de vital importancia para la población nicaragüense en Costa Rica, tanto para efectos de al menos contar con un documento de identidad, como en el caso de niños y niñas inmigrantes nicaragüenses, así como otros documentos de vital importancia, es preocupante”, añadió.
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Félix Ríos, promotor diocesano de la Pastoral Social en Ciudad Quesada, entidad de la Iglesia católica que trabaja por los derechos de los nicaragüenses en la Región Huetar Norte de Costa Rica, calculó que en esa zona donde estaban abiertos los consulados viven más de 50 inmigrantes nicaragüenses entre el campo y la ciudad, y que durante la temporada de cosecha de monocultivos agrícolas como café, caña, piña y cítricos, la cifra puede alcanzar hasta los 80 mil.
Sin consulados móviles
Ríos lamentó que ya no se harían los consulados móviles dirigidos por funcionarios de los consulados ahora cerrados, los cuales beneficiaban a mucha población nicaragüense que requiere documentación consular en esos cantones.
“Lo que nos preocupa como Iglesia católica es que ese tipo de servicios al centralizarse en San José va generar una serie de conflictos para los ciudadanos que demandan la protección consular”, lamentó Ríos.
“De la zona norte hasta San José es un trayecto económicamente bastante oneroso y en tema de tiempos, porque para uno implicará prácticamente destinar uno o dos días para llegar a hacer un trámite a San José, con las consecuencias que uno puede tomar como obvia en pérdida de trabajo o pérdida de los ingresos esos dos días de trabajo, que al ser en Los Chiles o Ciudad Quesada lo puede resolver en medio día o máximo un día”, añadió.
Expuestos a deportación
Otro de los problemas que enfrentarán los inmigrantes nicaragüenses en caso de estar en condición migratoria irregular, según el promotor diocesano, es exponerse a una deportación o rechazo administrativo a Nicaragua ante una eventual detención de funcionarios migratorios costarricenses que le requieran documentos regularizados.
“No es sólo asunto de cuánta gente (nicaragüense) hay (en la zona), sino en las condiciones que están y que ameriten la participación de la protección consular, tema de derechos humanos, protección a integridad o algunas violaciones de derechos que puedan tener las personas acá, o dar respuestas a algunos servicios que son tutelados y proporcionados por el Estado nicaragüense”, señaló Ríos.
