Apoyados de milicianos populares, inspectores del Gobierno venezolano vigilan en las panaderías que el pan salga del horno: enfrentan un supuesto complot para inducir la escasez del alimento básico, pero para muchos es una batalla perdida.
“La guerra del pan”, como la llama el presidente Nicolás Maduro, llevó esta semana al despliegue de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-económicos (Sundde), que ha dejado cuatro detenidos y dos panaderías expropiadas en Caracas.
Acusándolos de violar la “Ley de Precios Justos”, las autoridades entregaron los dos establecimientos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), grupos comunales que distribuyen alimentos subsidiados en zonas populares.
William Contreras, titular del Sundde, justificó la expropiación de los locales al acusarlos de cobrar las barras de pan por encima del precio, acorde a su peso, establecido por el gobierno.
“Tienen producción continua, pero ¿cuál es la primera novedad? Que el pan canilla (barra de pan) debe pesar 180 gramos. Estos señores lo procesan en 140 gramos y lo cobran como de 180”, denunció Contreras en el diario de línea oficialista Ciudad Caracas.
Lea también: Venezuela en “crisis humanitaria” por falta de alimentos
Inspecciones
“La van a pagar (los detenidos), yo se los juro. Los responsables de la guerra del pan la van a pagar y después no vayan a decir que es una persecución política”, advirtió Maduro en su programa televisivo, el domingo, cuando anunció que habría expropiaciones y detenciones.
El mandatario ordenó ese mismo día inspecciones de la Sundde, acompañadas de policías, militares y civiles uniformados (milicianos). A los dos días, cientos de agentes, soldados y fiscales salieron a inspeccionar panaderías en Caracas.
Recorrido
En un recorrido que hizo la agencia Afp por una veintena de panaderías de Caracas, muy pocas tenían pan. En las que había, se vendía de forma restringida a cada persona.
Tras encontrar pan en el centro de Caracas, Arilluri Rodríguez, una estilista de 50 años, aplaude las medidas del gobierno. “Las panaderías son las que esconden la harina, la acaparan”, aseguró.
Para otros nada va a cambiar. “No va a mejorar nada. No puede haber más pan si el gobierno no da harina. Hacen operativos para aparecer en televisión como que están solucionando el problema”, declaró a la Afp Alexis Méndez, un profesor jubilado de 68 años, en una panadería en el popular barrio Catia (oeste).
Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, con una inflación disparada y una severa escasez de alimentos y medicinas. Largas filas se forman en supermercados y, desde hace meses, también en las panaderías.
Sin harina
El gobierno, que monopoliza con un férreo control de cambios las divisas para importar alimentos, busca que el 90 por ciento de la harina que vende a precio subsidiado a las panaderías se use en pan, en lugar de en tortas, dulces u otro tipo de productos, que se venden a precios altos por no estar regulados.
Pero la Federación Venezolana de Industriales de Panificación y Afines (Fevipan) afirma que las 8,000 panaderías del país necesitan 120,000 toneladas de trigo por mes para cubrir la demanda, y que el gobierno solo está distribuyendo 30,000 toneladas.
“Cuando hay harina, vendemos pan, pero despachan cada 15 o 20 días. Nos dan 20 sacos (de 50 kilos), y en condiciones normales, usaríamos ocho diariamente”, declaró a la Afp Fran Suero, de 41 años, trabajador de una panadería del este de Caracas.
Para la presidenta del Consejo Nacional del Comercio, Cipriana Ramos, “se atacan las consecuencias y no las causas”: “Sin materia prima no se puede producir el pan”.
Te puede interesar: Escasez de productos en Venezuela genera violencia y saqueos
Precios injustos
Los productores denuncian además que los precios a los que la ley les exige vender los panes son inferiores a los costos de producción.
El último precio anunciado por la Sundde para la barra de pan es de 250 bolívares (0.35 dólares a la tasa oficial más alta; sin embargo, en la calle se consigue hasta en 900 bolívares, 1.2 dólares).
Temor en las panaderías
En un video que la Sundde publicó en redes sociales, el superintendente Williams Contreras hace una inspección sorpresa: “Aquí va a salir una persona detenida”, amenazó al comprobar que no había pan. Luego, policías arrestaron a los encargados del establecimiento.
“Tenían un letrero que decía: ‘No hay pan hasta nuevo aviso’, pero cuando entramos tenían 100 sacos de harina de trigo, manteca, azúcar, la materia prima esencial”, justificó Contreras. El temor es evidente entre los panaderos.
“Detrás hay una mala intención para agarrarse las panaderías. Aquí nos inspeccionó la Sundde, amenazantes. Me dijeron que me iban a meter preso si había harina y no pan. Cuando llegaron estábamos sacándolo, por eso no hicieron nada”, relató a Afp Mario, encargado de otra panadería en Catia.
A juicio del comerciante, las medidas no acabarán con la escasez del producto ni las largas filas. “La gente no tiene harina de trigo en sus casas, ni arroz, ni harina de maíz, solo les queda buscar pan, y las panaderías no reciben suficiente harina. Todo eso lo importa el gobierno, pero nos culpa a nosotros”, agregó.
Emergencia económica
Venezuela suma más de un año en “emergencia económica” luego de que el Gobierno chavista prorrogara por sexta vez consecutiva un estado de excepción constitucional para atender la crisis del país, informó el pasado jueves el Ministerio de Información.
La medida, por un plazo de 60 días, fue extendida por las circunstancias “extraordinarias en el ámbito social, económico y político” que afecten el orden constitucional, “la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”, indicó el Ministerio en un comunicado.
La declaración de emergencia económica permite al gobierno de Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El decreto fue puesto en marcha desde el 14 de enero de 2016 pese a la desaprobación del Parlamento, de mayoría opositora.