Estados Unidos señala crímenes en impunidad en Nicaragua

Una serie de crímenes registrados en el país desde 2012 a la fecha sin esclarecerse fueron recogidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos

La muerte de Modesto Duarte en El Portal, Pantasma, ocurrió tras la explosión de una mochila bomba, uno de los múltiples casos en impunidad. LA PRENSA/ARCHIVO

La muerte de Modesto Duarte en El Portal, Pantasma, ocurrió tras la explosión de una mochila bomba, uno de los múltiples casos en impunidad. LA PRENSA/ARCHIVO

Una serie de crímenes registrados en el país desde 2012 a la fecha sin esclarecerse fueron recogidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre derechos humanos publicado a inicios del presente mes.

Casos como el más reciente de Andrés Cerrato, ocurrido el año pasado o de los ex Contra Santos Guadalupe Joyas Borge, conocido como “Pablo Negro” en el 2012, aparecen en el informe entre los que están en impunidad.

Refiere también que hubo varios informes que indican que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios durante enfrentamientos con grupos armados ilegales en el norte del país.

Sin embargo, la falta de investigaciones claras e imparciales sobre las muertes hizo difícil la atribución. Pero organizaciones de derechos humanos y medios independientes alegaron que algunos asesinatos tenían motivaciones políticas.

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En su informe el Departamento de Estado de Estados Unidos destaca que los informes de tiroteos eran cada vez más comunes en la zona de Jinotega. Y se creía que los mismos estaban relacionados con la persecución del Ejército de lo que muchos llaman grupos antigubernamentales armados en la región centro-norte, aunque el Ejército se refiere a estos como criminales y/o delincuentes.

En el caso de Cerrato refiere que, el 18 de abril del 2016, este fue secuestrado y asesinado en la comunidad de San Martín de Daca, en Ayapal, Jinotega. Y recuerda que anteriormente, en febrero, Cerrato sufrió reiterados hostigamientos por parte de la Policía Nacional y el Ejército, al acusarlo de ayudar a grupos armados con motivaciones políticas.

La familia de Cerrato afirmó que hombres armados lo llevaron de su casa a la fuerza o después de la medianoche. Su cuerpo fue encontrado, aproximadamente, a tres millas de su casa más tarde ese día, con heridas de bala y signos de tortura.

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Cerrato había afirmado que los soldados habían entrado en su casa en marzo y lo forzaron a confesar que tenía información sobre miembros de grupos armados, aunque Cerrato negó cualquier vínculo con los grupos. Señala que después de la muerte de Cerrato, el Ejército declaró que no realizó tales operaciones y que no tenía información sobre el caso.

El Departamento de Estado señala que la impunidad seguía siendo un problema en el país, pues no hubo novedades en el asesinato de cuatro civiles en 2013, incluido el exlíder del Contra Joaquín Torres Díaz, alias “Cascabel” o el asesinato de Yairon Díaz Pastrana en Pantasma, muerto por fuerzas militares. También menciona la muerte de Modesto Duarte, uno de los tres fallecidos a causa de la explosión de lo que se conoció como mochila bomba.

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El informe señala que no hubo novedades ni investigaciones sobre el asesinato ocurrido en enero de 2015 o el asesinato en 2014 de Carlos García, ex Contra y miembro del Partido Liberal Independiente (PLI), así como de “Pablo Negro”, ni en el caso de los líderes comunitarios Pedro Ramón Castro y Miguel Ángel Oliva, en 2012, que supuestamente fueron asesinados por cuatro miembros de la Policía en el municipio de Pantasma.

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, explicó que esto obedece a que desde hace unos años la Policía ha perdido profesionalismo.

Cuevas dijo que hay situaciones graves que la CPDH ha investigado sobre muertes de personas vinculadas a partidos políticos de oposición o movimientos rearmados, “que sí existen” y en muchos de los casos antes de ser asesinados fueron torturados.

Caso OcupaINSS

En los casos en impunidad el informe menciona el del emblemático OcupaINSS, que desde 2013 no fue investigado. Refiere que según las ONG locales, no hubo ningún esfuerzo para investigar las palizas policiales y el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. La Policía y los fiscales declararon que no tenían evidencia oficial del evento para continuar una investigación, a pesar de los videos en YouTube.

La Policía en muchos casos “es selectiva (…), nos sorprende a veces que en algunos casos aclara los hechos de manera expedita, de manera sumamente diligente y hay otros casos en los que nunca encuentran a los culpables”, dice Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH.

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