Los diputados de la Comisión de Paz y Gobernación de la Asamblea Nacional mantienen la política de no tramitar las solicitudes de indultos de condenados por delitos menores que les sean presentadas. Esa posición la asumieron los legisladores sandinistas, que son mayoría en la Comisión de Paz, desde hace cinco años, y a la que se adhieren sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el nuevo período legislativo.
La explicación para no aprobar solicitudes de indultos que dan en la Comisión de Paz es que esa es una función de los jueces ejecutores y de seguimiento de pena y porque además aseguran que pese a que legalmente los diputados están facultados para indultar, carecen de mecanismos claros para ese proceso.
“A la Asamblea Nacional la Constitución Política le faculta conceder indulto y amnistía, pero nosotros no tenemos una ley derivada de la Constitución de respaldo que nos diga (que) el indulto se procede de esta manera”, afirmó Filiberto Rodríguez, diputado sandinista designado y vicepresidente de la Comisión de Paz.
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Rodríguez explicó que cuando el poder legislativo tramitaba solicitudes de indultos de reos que aplicaban a ese beneficio, en la Comisión se utilizaban los mismos criterios de la Corte Suprema de Justicia para tramitarlos como que el prisionero hubiera cumplido el cincuenta por ciento de la pena, se comprobara en un informe oficial su buena conducta y estar aptos a la integración al trabajo.
“Pero ya (lo) tenemos como política, tenemos establecido el criterio que no vamos a conceder indultos”, afirmó Rodríguez.
Mandan a archivar
Bajo esa decisión es que las solicitudes que estaban pendiente de tramite en la Comisión de Paz se mandaron a archivar. Y las nuevas peticiones para indultar a reos que cumplen penas menores que se han presentado en los primeros tres meses del 2016 tendrán el mismo destino.
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Maximino Rodríguez, diputado designado del PLC y presidente de la Comisión de Paz, si bien es del criterio de que las solicitudes de indultos deben revisarse conforme la Ley, igualmente se someten a la postura de la mayoría sandinista y las remitirán a los jueces ejecutores y seguimiento de sentencias para que resuelvan.
Gobierno lo hace discrecionalmente
El gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, actúa discrecionalmente en el trato a los prisiones que pagan pena en las cárceles del país. Existen denuncias de organismos de derechos humanos y de familiares de los reos contra las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional de no acatar las órdenes de libertad emitidas por jueces, pero también está el otro extremo y es que el Ejecutivo favorece con indultos a quienes desea.
En 2016 Ortega indultó, por petición del papa Francisco, a 557 reos que cumplían penas por delitos menores a cinco años.
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