En Nicaragua la actividad agropecuaria aporta de manera directa cerca del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Siete de cada diez dólares que ingresan por exportaciones tradicionales son aportados por el campo, la actividad pesquera y la agroindustria. Y además, tres de cada diez empleos, más allá de su precariedad y baja productividad, lo generan actividades agropecuarias y forestales.
Y aunque no existe un estudio que determine qué porcentaje de lo que Nicaragua extrae de la actividad agropecuaria se retribuye al campo, datos aproximados publicados por la Comisión Económica para América Latina sobre el gasto público y lo que se dirige a esa actividad económica confirmarían que la actividad agropecuaria es “la cenicienta” de las finanzas públicas.
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Según el compendio de datos de la Cepal, en los últimos años menos del tres por ciento del gasto público se ha destinado de manera directa al agro. En la ficha técnica el organismo explica que se hace el comparativo del gasto total público versus lo que se asigna al Ministerio Agropecuario, que es la entidad rectora que promueve el desarrollo del sector.
Hasta el 2015 —cifra más actualizada de la Cepal— el gasto público de Nicaragua ascendió a 63,641 millones de córdobas, de estos el Gobierno solo dirigió a la actividad agropecuaria a través del Ministerio Agropecuario (Mag) 507.1 millones de córdobas. Esta asignación equivalió a 0.80 por ciento del total.
Además el registro estadístico refleja que desde 1998 hasta 2015, solo tres veces (2008, 2009 y 2012) la asignación dirigida al agro superó los mil millones de córdobas, pero en esos años este no superó en participación el cuatro por ciento del gasto total.
El pico en inversión pública al sector agropecuario se alcanzó en el 2009, cuando se dirigió 1,144.2 millones de córdobas, de los 28,479 millones de córdobas equivalentes al 3.84 por ciento.
En el 2017, según el Presupuesto General de la República, el gasto público ascendió a 80,008 millones de córdobas, de los cuales 545.355 millones fueron al Mag. Esto equivale al 0.68 por ciento del gasto público total.
Además de su gasto operativo y de inversión, el Mag debe transferir gran parte de su asignación al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (Inta), según se explica en el desglose por ministerios de la asignación presupuestaria.
Mag dirige en papel
Pero ¿cuál es la misión del Mag en el sector agropecuario? Según el Gobierno entre sus objetivos ministeriales está “contribuir a reducir la pobreza, mejorando el nivel y calidad de vida de las familias productoras, impulsando políticas, normas y estudios agropecuarios que orienten la transformación agropecuaria, incrementando la productividad y seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses e implementando el modelo de diálogo, alianza y consenso con productores agropecuarios”.
Además tiene como misión “contribuir al desarrollo de las capacidades técnicas de las familias productoras agropecuarias, para incrementar la productividad y el uso adecuado de los suelos, mediante la implementación de la estrategia de Educación Técnica en el Campo”.
Según el economista Alejandro Aráuz, el problema es que en los últimos años el Mag ha sido relegado por la actual administración, limitando su responsabilidad a solo recopilar datos de producción, pero no a articular políticas de desarrollo, como antes sí lo hacía, aún con recursos limitados.
Aráuz recuerda que antes de esta administración el Mag (antes Magfor) ejecutaba el Prorural, que recogía “todo el andamiaje hacia el sector rural”, que tras su desaparición a ese ministerio se cercenó su papel por ley.
Aráuz recuerda que el papel de estas entidades rectoras es articular políticas que aseguren que los recursos públicos o combinados se usen de manera eficiente, algo que ahora no ocurre con el Mag.
“La cenicienta”
De hecho el Ministerio Agropecuario en los últimos años ha sido desmantelado por el Gobierno y además ha sido objeto de fuertes crisis internas. En el Presupuesto 2017, el Mag fue el segundo ministerio, después del de la Familia, en sufrir mayores recortes en su asignación con relación al año anterior.
Según un análisis del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (Ieepp), en el 2017 el Gobierno le metió fuerte tijera en la asignación del Mag: -17 por ciento comparado con 2016. Al Ministerio de la Familia se le recortó 32 por ciento.
El reciente estudio denominado Bases para el Desarrollo Rural en Centroamérica, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indica que la zona rural requiere con urgencia políticas enfocadas en fortalecer las capacidades técnicas del sector agropecuario para apuntalar el desarrollo del campo. Además de crear una secretaría o redefinir el papel ministerial para diseñar y ejecutar políticas públicas para el campo, el Icefi señala que entre 2016 y 2025 se debe incrementar de 0.20 por ciento del PIB a 1.43 por ciento la inversión en la zona rural.
Solo para la transferencia de tecnología y asesoría técnica para actividades agropecuarias se requeriría inversiones que vayan de los 5.4 millones de dólares a 55.3 millones entre 2016 y 2025, lo que representaría pasar de 0.04 por ciento a 0.19 por ciento del PIB.
El Icefi también señala que es necesario impulsar el crédito y la asistencia técnica para 150 mil productores, de tal manera que se promueva el encadenamiento productivo de los pequeños y medianos productores.
De hecho según el compendio de datos de la Cepal refleja que además del bajo gasto público, también el crédito privado castiga a esta actividad. Y muestra de ello, menciona que de los 123,839 millones de córdobas desembolsados en crédito en el 2015, solo 14,423 millones fueron para actividades agropecuarias, es decir 1.16 por ciento, una tendencia que se ha mantenido así a lo largo de los años.
El campo empobrecido
El reciente estudio denominado Bases para el Desarrollo Rural en Centroamérica del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) confirmó que la baja inversión en el sector rural, donde el 62.7 por ciento laboraba en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura o pesca, ha ocasionado que los rezagos socioeconómicos se profundicen en los últimos años.
Y aunque el compendio de datos de la Cepal no toma en cuenta la inversión en infraestructura en las zonas rurales —que al final impacta a la actividad agropecuaria— según este estudio del Icefi los datos del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) reflejaban que en 2014 en el país habían 24,033 kilómetros en red vial, de los cuales 7,226 kilómetros podrían clasificarse como caminos rurales, representando el 30.1 por ciento del total de la red vial nacional.
Vulnerable
La reducida asignación de fondos públicos al sector agropecuario, se da pese a que esta es una de las actividades económicas más vulnerables al cambio climático y con graves rezagos productivos. El economista Adolfo Acevedo en un análisis denominado “El sector agropecuario y el cambio climático”, recuerda que “el modelo de desarrollo agropecuario no ha experimentado modificaciones sustanciales en el último medio siglo. Los productos de exportación de origen agropecuario y agroindustrial siguen siendo en lo fundamental los mismos: el café, la carne, el azúcar y el ajonjolí, con el maní como principal adición. Por otra parte, los granos básicos que se cultivan siguen siendo los mismos: maíz blanco, frijol rojo, arroz de riego y de secano, y sorgo”.
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