Presidente de la Contraloría no detalla daño patrimonial al Estado

Luis Ángel Montenegro, presidente de la institución, no detalló cuáles son las instituciones públicas donde más presunción de malas prácticas y abuso con el presupuesto público se detectaron.

Contraloría General de la República

Contralor Luis Ángel Montenegro, presidente de la Contraloría General de la República rinde informe de gestión ante los diputados de la Asamblea Nacional. LA PRENSA/JADER FLORES

El informe de gestión del 2016 presentado ante la Asamblea Nacional este miércoles por el presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, fue criticado por los diputados liberales por considerarlo incompleto, ya que no mencionó a cuánto ascendió el daño patrimonial al Estado de Nicaragua según las responsabilidades civiles y de presunción penal a funcionarios públicos presentadas por la CGR.

Montenegro expuso un informe centrado en números globales de las auditorías e informes elaborados el año pasado, pero no detalló cuáles son las instituciones públicas donde más presunción de malas prácticas y abuso con el presupuesto público se detectaron.

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Pide mayor presupuesto a Contraloría

Montenegro se centró en su intervención ante el plenario de los diputados en pedirles que incrementen el presupuesto de la Contraloría General de la República diciendo que los 236.7 millones de córdobas que se le asignó es insuficiente, y es de las principales razones que les limita en cumplir a plenitud la fiscalización de todas las instituciones estatales.

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Según Montenegro, la CGR tiene el presupuesto -que equivale a 8 millones de dólares- más bajo de Centroamérica. En Honduras, por ejemplo, el presupuesto para la misma institución es de 11.9 millones de dólares, dijo.

Además, el contralor pidió a la Asamblea revisar la Ley de Contrataciones Públicas al calificarla de «engorrosa», esto pese a que se ha denunciado un abuso de parte de las instituciones del uso de la figura de contratación simplificada o de evadir las licitaciones para adjudicar directamente contratos millonarios.