Doña Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino Anticanal, dio a conocer que el próximo 22 de abril realizará otra marcha nacional para exigir se derogue la Ley 840, se respete el Estado de Derecho y la Constitución en Nicaragua, por el régimen del presidente designado por el poder judicial, Daniel Ortega.
“Ya tenemos organizada la marcha campesina porque nuestra lucha a favor de la tierra no se para y por eso haremos otra marcha nacional por la derogación de la Ley 840”, aseguró la líder campesina.
Presionan a campesinos
De acuerdo con Ramírez, el partido de gobierno intenta socavar la marcha anticanal, que se llevará a cabo en Juigalpa, Chontales, ejerciendo presión contra los campesinos y señaló de liderar esa presión gubernamental a Alcides Altamirano, secretario político del Frente Sandinista en Nueva Guinea.
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“Los campesinos del Pijibay, de Punta Gorda y La Fonseca vienen recibiendo presiones del Gobierno, quien a través de su secretario político, Alcides Altamirano, visitan estas zonas y les transmiten falsas informaciones a los campesinos de que ya no habrá Canal, entonces, si no hay Canal ¿por qué no derogan la Ley 840? Porque el fin de nuestras marchas es la derogación de la Ley 840 que ponen en peligro nuestras tierras, que son nuestro patrimonio y que estamos dispuesto a defender, pero nunca negociar”, reaccionó Ramírez.
Represión
La oposición de los campesinos a la anunciada construcción del Canal Interoceánico ha desatado la represión gubernamental durante las marchas que los campesinos vienen realizando.
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“Nosotros hemos agotado todas las vías administrativas y civilizadas, pero simplemente hemos sido ignorados por el Gobierno y sus instituciones”, lamentó Ramírez.
Al plano internacional
Por otro lado, Ramírez explicó que los canales de lucha para hacerse escuchar, además de las marchas, son recurrir a instancias internacionales para denunciar al régimen de Ortega, por violación a sus derechos ciudadanos.
“La verdad que este Gobierno nos cierra las puertas, no nos respeta nuestros derechos humanos; entonces vamos a realizar denuncias a nivel internacional donde expondremos que nuestros derechos son violentados por este Gobierno. Ninguna institución nos escucha porque aquí sencillamente no hay Estado de Derecho”, recalca Ramírez.
El Movimiento Campesino introdujo el año pasado un recurso de amparo contra la obra canalera, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por el orteguismo, aún no se pronuncia al respecto.
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