El excontralor general de la República, Agustín Jarquín Anaya, consideró lamentable el trabajo realizado por la Contraloría General de la República, que se desprende del informe que presentó esta semana ante la Asamblea Nacional su presidente, Luis Ángel Montenegro.
El contralor Montenegro reportó que el año pasado esa institución determinó perjuicio económico contra el Estado por el orden de los tres millones de córdobas, lo que representa un drástico desplome si se considera que en el 2015 el perjuicio económico al Estado registrado por la misma Contraloría superó los 117 millones de córdobas y más de tres mil dólares.
Igualmente bajó a 44 la cantidad de responsabilidades civiles, administrativas o de presunción penal encontradas a funcionarios cuando en el año anterior la cifra alcanzó los 586 casos.
CULTURA DE IMPUNIDAD
El excontralor Jarquín señaló que contrario a lo que se pretende, el desplome en el monto del perjuicio al Estado por caso de corrupción o malversación de fondos reportado por la Contraloría, no refleja la realidad del país y más bien contribuye a aumentar la percepción de que en Nicaragua existe una cultura de impunidad ante este tipo de hechos.
“Ese desplome más bien refleja una realidad lamentable. Eso no es así. Ese informe presentado por la Contraloría contrasta con las denuncias y reportes que entidades como el Departamento de Estado, la misma Iglesia católica u organismos como Transparencia Internacional han señalado sobre la percepción de la corrupción. Y eso es evidente cuando ves que no se señala ninguno de los casos sobre mal uso de fondos públicos e incluso posible corrupción que se han conocido a lo largo del año”, explicó Jarquín Anaya.
“Ves que en ninguno de los casos reportados, creo sin equivocarme, no están los denunciados por el periodismo investigativo (…). En el informe de la Contraloría no hay ningún reporte de los casos que han sonado públicamente, como el de los préstamos que han salido del INSS para construir condominios, la Contraloría ni lo mencionó en su informe”, dijo Jarquín.
CGR NO CUMPLE CON SU ROL
La lectura sobre el actual papel de la CGR para Jarquín es que a pesar de contar con personal capacitado y competente, no cumple con su rol constitucional.
“El tema de la corrupción y en este caso el desempeño de la entidad contralora y la entidad fiscalizadora que es el parlamento, demuestran ser de muy poca beligerancia, que están sometidos a ese modelo de centralismo de las decisiones, de poca rendición de cuentas, de negación de acceso a la información pública y todo eso tiene un efecto negativo para el país”, afirmó Jarquín.
Mientras la CGR encuentra una supuesta baja en el perjuicio económico al Estado por parte de funcionarios, para el organismo Transparencia Internacional, el país continúa aplazado en transparencia y empeoró su calificación, de acuerdo con su último informe que presentaron en enero pasado.
En el 2015, el país ocupó el puesto 130 en falta de transparencia, de 167 países evaluados, tomando 1 como el más transparente y 167 como el menos transparente. En el último informe, Nicaragua ocupa el puesto 145 de un total de 176 países, evaluados por el organismo. Según el informe, Nicaragua es el tercer país más corrupto de América Latina, solo por debajo de Haití y Venezuela.
“Es claro que el desplome contrasta con las denuncias que hemos conocido y es más lamentable que este informe lo que revela es que instituciones como la misma Contraloría o la Asamblea Nacional no están cumpliendo con sus funciones. Esto deja un mal sabor de boca que afecta la imagen del país y eso a su vez hace que se disminuya la inversión productiva tan necesaria para su desarrollo”, opinó el excontralor.
“No merecen más fondos”
Para el excontralor Agustín Jarquín, el actual consejo de contralores no debería pedir más presupuesto, ya que desde su punto de vista han demostrado que no están ejerciendo el mandato constitucional de fiscalizar el dinero público, para que no sea malversado.
Las críticas del excontralor Jarquín se deben a que el presidente del consejo de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, pidió a los diputados aumentar el presupuesto a esa institución, argumentando que la partida asignada no es suficiente para ejercer la fiscalización de todas las entidades estatales.
La CGR recibió en el 2015 un presupuesto de 232.84 millones de córdobas. En 2016 el presupuesto asignado fue de 236.74 millones de córdobas.
“Para seguir haciendo un trabajo con tan pobres resultados no veo cómo pueden pedir que se les asigne más recursos”, dijo Jarquín.