La Policía Nacional advirtió que pondría mano dura tanto a conductores que cometieran infracciones en la vía como a quienes no porten la documentación completa establecida en la Ley de Tránsito. Pero, ¿quién y cómo se regula al transporte colectivo?
“No hay regulaciones ni sanciones para este sector, ni de la Policía ni del Irtramma. Existe una política gubernamental para no abordar el tema y mucho menos penalizarlos”, apunta Juan Carlos López, del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor.
Entre la ola de accidentes de tránsito con más de 180 muertes en lo que va del año, el de la ruta 164 —cuyo conductor se saltó una luz roja y provocó el accidente que cobró la vida de la joven Ada Fabiola Vargas y dejó 15 heridos— agitó la opinión pública y provocó cuestionamientos a las autoridades sobre la regulación a choferes y cooperativas.
El experto en derecho del consumidor destaca que hay responsabilidad compartida: los choferes deben conducir apegados a las leyes de tránsito y las cooperativas adquieren un compromiso con el Estado, quien les vende la concesión para prestar un servicio público.
“Pero el transporte público está politizado. Después del accidente del bus solo quedó expuesto que la problemática está más arraigada que lo que creíamos”, señala López.
Venia policial
En febrero de 2015 el entonces jefe de Tránsito, comisionado mayor Roberto González, envió una carta a los jefes de delegaciones para “comunicar y solicitar orienten a sus respectivos jefes de Tránsito, que producto de una reunión de trabajo sostenida con los transportistas (…) se acordó que solo será exigible una (inspección), siendo esta la que emita el ente regulador”, rezaba el documento.
Los transportistas habían aceptado el aumento del 4.33 por ciento en la tarifa del transporte intermunicipal con la condición de que la Policía y el MTI orientaran a sus agentes que no los retuvieran y que eliminaran la doble inspección mecánica para este sector.
En marzo de ese mismo año la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, envió una nueva carta a los jefes de Policía indicando que “no podrán bajo ninguna circunstancia (salvo casos extraordinarios), retener u ocupar Unidades de Transporte Colectivo”.
Desde entonces el transporte colectivo parece tener luz verde para realizar infracciones sin ser castigado.
“Más que complacencia es una relación de contubernio entre las autoridades, la administración pública y el sector privado. Con esos acuerdos lo que creás es una desigualdad jurídica en el sector transporte que no solo afecta al usuario que está expuesto al peligro en las vías, también se vuelcan las autoridades contra los demás conductores”, expone Juan Carlos López.