Un informe sobre narcotráfico publicado este mes por el Departamento de Estado de Estados Unidos concluye que en Nicaragua “la corrupción institucional y la falta de independencia judicial también deben ser enfrentadas para mejorar los esfuerzos antidrogas del país”.
El Informe de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos (International Narcotics Control Strategy Report) señala que en 2016 la oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional hizo públicos muchos casos de corrupción en las unidades antidrogas de esta institución. En los casos presentados existía una colusión entre oficiales y traficantes de droga. “Analistas independientes han notado que la persecución y procesamiento de casos de corrupción policial han sido aislados a oficiales de bajo rango, a pesar de que se alega el involucramiento de oficiales de alto rango”, dice el documento, el tercero que se conoce desde que Donald Trump llegó a la Presidencia.
Lea también: Embajador en EE.UU. participa en mesa redonda en el Departamento de Estado
El experto en temas de seguridad, Roberto Cajina, indica que en resumen, el Departamento de Estado asegura que mientras haya corrupción y el poder judicial esté políticamente controlado por Ortega, los esfuerzos del control de drogas en el país no van a ser los necesarios para que sean efectivos.
El documento también hace mención del asilo político otorgado por Daniel Ortega al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, acusado de corrupción y de enriquecimiento ilícito en su país. “La referencia expresa al asilo que Daniel Ortega le dio a Funes significa, en ese lenguaje político, un apoyo a la inmunidad de Funes y una complicidad con la corrupción y el lavado de dinero en El Salvador”, asegura Cajina.
BIENES INCAUTADOS
Por otro lado, el documento expresa la preocupación de los analistas de seguridad independientes por las reformas a la Ley 735 o Ley de persecución contra el crimen organizado y administración de los bienes incautados, hechas en abril de 2016. “(Analistas y legisladores) han expresado su preocupación de que el cambio pueda conducir a reducir aún más la transparencia, particularmente en relación con la forma en que se dispone de los recursos incautados”, reza el texto.
Roberto Cajina explica que la Asamblea concedió al presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, la facultad de nombrar a los miembros del Consejo Nacional contra la Delincuencia Organizada, pero esto nunca se ha hecho; así como tampoco se ha creado la Unidad Administradora de bienes incautados, decomisados o abandonados provenientes de actividades ilícitas. A lo que se refiere el Departamento de Estado es que “al no existir esa Unidad, las puertas de la corrupción están abiertas de par en par”, dice el experto.
FALTAN ESTADÍSTICAS
Además de expresar preocupación por los casos de corrupción en asuntos de narcotráfico, el informe también señala que no hay cifras sobre el consumo de droga en el país. “No hay estadísticas nacionales confiables sobre el consumo de droga, pero hay indicadores de que hay un incremento del uso de marihuana, crack y cocaína especialmente en las Regiones de la Costa Caribe. La falta de estas estadísticas hace que sea muy difícil medir el impacto de los programas de prevención y el tratamiento de droga”, dice el texto publicado en marzo de 2017.
NICARAGUA EN el RADAR
En palabras del sociólogo y analista político Oscar René Vargas, el informe significa que Estados Unidos “le está dando un seguimiento al acontecer político, económico y social de Nicaragua”.
Por otro lado, el excanciller de Nicaragua Normal Caldera, indica que este informe más bien corresponde al cambio de administración que hubo en la Casa Blanca, de Barack Obama a Donald Trump. “Hay un cambio de administración en Washington y a la nueva no le satisface el arreglo de ‘combatí el narcotráfico y yo veo para otro lado’. Es una forma de decir: ‘Vos combatís el narco y yo cierro los ojos ante la situación política’. Ese acuerdo ya caducó”, dice Caldera.
Oscar René Vargas insiste en recordar que Donald Trump aseguró que lucharía en contra de los gobiernos corruptos en Centroamérica y que este informe se traduce en que Nicaragua ya está en el radar de Estados Unidos.
“Esto no significa que los Estados Unidos vayan a tomar medidas en contra del gobierno, de manera inmediata, pero sí significa que los promotores del ‘Nica Act’ tomarán en cuenta para su argumentación ambos hechos, tanto el informe del Departamento de Estado como el Informe de la OEA”, dice el experto.
Tercer informe
Este es uno de los tres informes publicados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. De los otros dos, uno hace referencia a la situación de los derechos humanos en el país, y otro a los crímenes financieros.
En el Informe Anual sobre el Estado Global de los Derechos Humanos, se califica al gobierno de Daniel Ortega como autoritario y también indica que los comicios en los que obtuvo su reelección han sido considerados profundamente viciados, por los organismos nacionales.
Indica además algunos atropellos contra los derechos humanos como: arrestos policiales prolongados, ataques contra la libertad de expresión y de prensa y hostilidad y agresión hacia los Organismos No Gubernamentales que cuestionan a los funcionarios en temas de corrupción y Estado de Derecho.
